La mayoría de los habitantes de Río Gallegos desconocen los nombres y las caras de quienes integran el Concejo Deliberante de esta ciudad y eso ocurre porque quienes están allí por decisión de la gente, no se han destacados en dos años (diciembre de 2023 a la fecha) por cuestiones de alto impacto como pueden ser proyectos resonantes que impliquen pelear por el derecho de los riogalleguenses, denuncias públicas y/o judiciales contra el intendente Pablo Grasso, por incumplimiento, corrupción o manejo político-partidario de la gestión que va por su segundo mandato (que de hecho lo hay, pero ningún concejal lo ventila) ni tampoco se los conoce por sus acciones tendientes a defender al vecino de los constantes aumentos que sufren las Tasas y contribuciones (pero si levantan las manos presurosos para aprobar los aumentos del intendente) y son cultores de los proyectos de beneplácito y adhesiones inocuas o darle vía libre a cuanto capricho venga del Ejecutivo municipal, sin pedir investigaciones (y menos hacer denuncias) sobre el manejo de los recursos municipales, la personalización de la gestión municipal donde Pablo Grasso ha pintado los bienes de la comuna con su sello propio, la falta de recolección de residuos en la capital que está sucia y gris, mal iluminada, la escasa presión de agua que existe en verano, el cobro del arreglo del asfalto a los vecinos, los altos costos y aumentos de los impuestos que los concejales ayudan a elevar y la aprobación de los presupuestos municipales sin abrir la boca en contra del jefe comunal.
A pesar de toda esta enumeración sintetizada en su máxima expresión y de acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Libertad en 76 ciudades del país, Río Gallegos, capital de Santa Cruz, es la segunda ciudad del país que posee el más alto costo presupuestario en el Concejo Deliberante, asignando la mayor parte al pago de salarios, solo por debajo de la ciudad de Posadas, Misiones.
Posadas (Misiones) con 13 concejales, Río Gallegos (Santa Cruz) con 7 legisladores locales, y San Miguel de Tucumán, con 18, son las ciudades que tienen los ediles más caros en el país. Cabe recordar que cada concejal lleva tras de si amigos, parientes, partidarios y ñoquis de todo tipo y especie. Esto sucede por una sola razón: no están controlados.
Caros y no los mejores
En 2025, cada uno de los representantes locales en la capital misionera cuestan anualmente a los vecinos $1.442 millones. En el caso de Río Gallegos, el costo por edil es de $1.388 millones de pesos. Y en la capital tucumana, el monto es de $1.090 millones por concejal.
Este cuadro se completa con San Salvador de Jujuy, donde cada uno de sus 12 ediles le cuesta a los vecinos de la capital jujeña $1.009 millones y Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde el Concejo local tiene 10 representantes y cada uno le sale a los vecinos $907 millones.
En contraposición, Comandante Fernández, departamento chaqueño cuya ciudad cabecera es Presidencia Roque Sáenz, donde el Concejo tiene 9 integrantes, el gasto por concejal es de $24,7 millones.
Los 7 magníficos
Los concejales más caros que tiene el país, solo por debajo de Posadas, que ocupan un enorme edificio en Río Gallegos son los siguientes:
Julio César Aravena (FPV)
Victoria Ojeda (SER)
Giuliana Ailén Tobares (SER)
Cinthia Soledad Kamú (SER)
Daniela Valeria D´Amico (UCR)
Martín Luciano Chávez (FPV)
Ayrton Ever Ruay (SER)
Concejo Deliberante de Río Gallegos –
Concejo Deliberante de Río Gallegos –
A pesar de la mayoría “opositora” Pablo Grasso, intendente de la ciudad, no tiene problemas de tipo político ni pedidos de investigación, ni denuncias formales de ningún tipo. Esto revela una sola verdad: a pesar de la declamación del gobierno provincial sobre la oposición a Pablo Grasso, nada se materializa en el CD.
Los presupuestos del intendente son aprobados en el Concejo Deliberante local y los proyectos que implican sospechosas inversiones de fondos públicos, incluyendo festivales, paseos públicos, inversión en la remodelación de la autovía etc, no sufren quejas ni contraposiciones, más allá de algunos escarceos dialécticos en las sesiones del CD como para recordar que al menos en los papeles, hay oposición.
Este informe de Fundación Libertad se complementa con el anterior que publicamos el 9 de noviembre del 2025 donde se analizaron los presupuestos legislativos de las 24 jurisdicciones del país y resultó que la Cámara de Diputados santacruceña cuenta con 24 diputados y el costo de la estructura que rodea a cada legislador provincial asciende a $767.967.474 anuales por cada diputado, dejando a la provincia como la que más gasta en personal en el país (97,2%) con un record para el 2025 de aproximadamente 18 mil millones de pesos para el año en curso.
Tanto en el caso de los diputados como en el de los concejales de Río Gallegos, no se compensa el costo-beneficio; no está equiparado lo que invierte la ciudad o la provincia con lo que producen ambos parlamentos, absolutamente cooptados por la política partidaria, los “acuerdos” y pactos de “no agresión”, salvo algunos chisporroteos públicos en medios afines de vez en cuando para simular que están en la vereda de enfrente, pero donde la representación popular está ausente y el servicio púbico al votante que los puso ahí, olvidado por lo que dura el mandato.
Desde el año 2004 cuando OPI inició su actividad periodística, erradicamos de nuestros textos la denominación de “Honorable”, tanto para mencionar a la Cámara de diputados cono al Concejo deliberante. Las razones están a la vista. (Agencia OPI Santa Cruz)