Así lo establece la resolución que dictó el máximo órgano de justicia provincial, que fijó las subas mensuales que percibirán los jueces y funcionarios judiciales entre enero y diciembre de 2026.
Si bien la fijación de los salarios judiciales se encuentra dentro de las prerrogativas constitucionales de un poder independiente, la decisión generó una fuerte polémica por los porcentajes establecidos, que superan mes a mes los índices inflacionarios y contrastan con la política salarial aplicada al resto de los empleados públicos, cuyos aumentos se limitaron durante el año pasado a acompañar la inflación.
La resolución dada a conocer ayer generó una fuerte reacción del gobierno provincial: “Estamos atravesando un proceso de ordenamiento y administración responsable, trabajando con los municipios y ese esfuerzo debería involucrar a todos los poderes del estado y todos deberían encolumnarse. No están viendo la realidad que estamos viviendo como país y como provincia”, afirmó a LA NACION María Belén Elmiger, ministra de Gobierno
“Ellos [por los miembros del tribunal] el 17 de diciembre se opusieron al aumento de los nuevos miembros de la Corte hablando de una crisis presupuestaria y, 20 días después, se olvidan de estas complicaciones financieras y se dan un aumento salarial”, recordó Emilger.
La ministra, que estuvo al frente de la Caja de Previsión Social, agregó: “Hay una contradicción moral, hoy tenemos trabajadores en las municipalidades que cobran $500.000, el haber mínimo jubilatorio en la provincia es de $774.000 y ellos se aumentaron el equivalente a un haber mínimo jubilatorio por mes”.
El aumento alcanza a todo el escalafón de empleados judiciales, según las planillas enviadas desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo hoy, luego de que ayer trascendiera la resolución de los vocales del TSJ con la disposición del aumento fechada el 30 de diciembre pasado.
Según datos oficiales, a los que accedió LA NACION, la masa salarial para los 1646 trabajadores del Poder Judicial pasará de $9700 millones a $11.500 millones (casi 7 millones de pesos en promedio); en tanto que la masa salarial de los 956 pasivos judiciales pasará de $2200 millones en diciembre a $3200 millones en octubre e impacta directamente en déficit de la caja jubilatoria provincial.
Según fuentes oficiales consultadas por LA NACION, los sueldos de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, pasarán de $11 y $16 millones en diciembre pasado a $17 y $24 millones en octubre. Las diferencias se deben a la antigüedad de los magistrados en el cargo.
La resolución sostiene que el anteproyecto de presupuesto ya fue aprobado en la Legislatura. Sin embargo, fuentes del gobierno aseguraron a este medio que los aumentos no estaban discriminados en el presupuesto presentado.
En los fundamentos, el propio Tribunal argumenta que la medida responde a un criterio de “equidad” y de “razonabilidad”, y sostiene que los sueldos de los jueces de Santa Cruz “no pueden alejarse de forma grosera” de las remuneraciones que perciben magistrados de otras jurisdicciones provinciales y del orden federal, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia vinculados a la intangibilidad de los salarios judiciales.
Otro punto que alimenta la controversia es que ningún funcionario judicial de Santa Cruz tributa el impuesto a las ganancias sobre sus salarios, a diferencia del resto de los empleados estatales de la provincia.
Fuente: Nota de Mariela Arias en La Nación.