Cuando Basanta se oponía a los aumentos al Poder Judicial, los calificaba de anticonstitucionales y amenazaba con anular la ley de enganche

El actual vocal del Tribunal Superior de Justicia, es uno de los firmantes de la resolución que eleva los salarios de los jueces supremos, -incluido él mismo- a sumas que van desde los 17 a los 24 millones de pesos.

La Resolución del Tribunal Superior firmada el 30 de diciembre de 2025 establece una suba salarial del 42 por ciento que se aplicará de manera escalonada entre enero y octubre de 2026.

La medida beneficia a todos los funcionarios del Poder Judicial, pero eleva los ingresos de los propios vocales del Tribunal —quienes firmaron el aumento— a cifras que oscilan entre los 17 y los 24 millones de pesos mensuales. El incremento supera tanto los aumentos otorgados al resto de los trabajadores estatales provinciales, como las proyecciones de inflación previstas por el Gobierno Nacional para 2026, lo que motivó críticas inmediatas del Gobierno Provincial y del gremio ATE.

De hecho fue el gremio que conduce Carlos Garzón el que disparó las alertas sobre el salariazo supremo, y pidió públicamente a las autoridades de Economía que frene las liquidaciones. Una medida de imposible implementación ya que interferiría en la independencia -al menos financiera- del Poder Judicial, cuyo presupuesto fue aprobado por la legislatura seis días antes de que los jueces decidieran el aumento de la discordia. Justicia veloz.

Cuál Basanta

Pero el inoportuno aumento autoasignado -aunque dentro de sus prerrogativas- por los vocales del TSJ, no solo generó una fuerte reacción política y gremial. También dejó al descubierto las contradicciones en el seno del poder político- judicial de Santa Cruz.

El caso más notorio es el de Fernando Basanta, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia quien llegó al cargo de la mano de Máximo Kirchner para fungir de comisario político de La Cámpora en el Poder Judicial.

Antes había sido ministro de Gobierno de Alicia Kirchner, cuando en marzo de 2017, fue el encargado de argumentar el rechazo del Ejecutivo provincial al incremento salarial dispuesto por Tribunal Superior de Justicia. Basanta alegaba que la provincia no podía afrontar el aumento porque el Gobierno Nacional no enviaba más fondos extras para sueldos de la justicia provincial. “No hay presupuesto para pagar esos aumentos”, sostenía, en el marco de un fuerte conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el máximo órgano judicial.

Pero sus declaraciones iban aún más lejos. Basanta calificaba el incremento de “anticonstitucional”, cuestionaba abiertamente la vigencia de la ley de enganche de los sueldos de la justicia provincial con los de la justicia federal, y advertía que el Gobierno analizaba anularla por decreto. Según afirmaba entonces, esa norma comprometía seriamente las finanzas provinciales y colocaba al Poder Judicial por fuera de la realidad económica que atravesaba Santa Cruz.

Más acá en el tiempo, en noviembre de 2020 cuando Basanta ya ejercía como Fiscal de Primera Instancia, designado por Alicia Kirchner, en su rol de paritario del Tribunal Superior advirtió al gremio de trabajadores judiciales: “no tiren de la cuerda para que no se rompa”, mientras los alertaba sobre el proyecto del gobierno de modificar el convenio de los trabajadores de la justicia que derribaría la Ley de enganche. Por estas expresiones intimidantes, el gremio lo denunció ante el TSJ.

Hoy el escenario se invirtió por completo. El mismo funcionario que despotricaba contra los aumentos automáticos y el enganche salarial, hoy integra el Tribunal Superior de Justicia que aprobó un incremento histórico, con porcentajes superiores a la inflación y muy por encima de los aumentos del resto de los empleados públicos.

La contradicción no pasa inadvertida. Mientras en 2017 el argumento central era la falta de recursos, la responsabilidad fiscal y la defensa del presupuesto provincial, en 2025 esos cuestionamientos desaparecieron de la discusión interna del Tribunal.

La decisión adoptada reavivó el debate sobre los privilegios del Poder Judicial, la falta de control externo sobre sus resoluciones salariales y la distancia entre el discurso político y las decisiones institucionales cuando cambian los roles de poder.
Fuente: Héctor Barabino pada Winfo