Se reactiva el pedido de intervención al Poder Judicial de Santa Cruz en medio de la interna del máximo tribunal
La profunda turbulencia que atraviesa el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz volvió a poner en primer plano un pedido de intervención al Poder Judicial provincial, presentado el año pasado en el Congreso Nacional y ahora reimpulsado en un contexto de máxima tensión institucional.
El reclamo fue reiterado por el diputado nacional José Luis Garrido, quien llegó a la Cámara baja por Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), el espacio fundado por el gobernador Claudio Vidal. La iniciativa cobra nuevo impulso luego de que tres vocales del Tribunal Superior de Justicia ordenaran avanzar con la liquidación de un aumento salarial del 42% —acumulativo a octubre— para todo el Poder Judicial, decisión que eleva los haberes de los vocales hasta cifras que rondan los 24 millones de pesos.
El conflicto tiene raíces profundas. Garrido ya había presentado el pedido de intervención en octubre pasado, cuando cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia, identificados con el kirchnerismo, desconocieron la reforma de la ley que amplió el cuerpo de cinco a nueve miembros, eligieron a la jueza Reneé Fernández para desplazar de la presidencia al juez Daniel Mariani, e ignoraron la designación de los cuatro vocales propuestos por el Ejecutivo provincial.
En los últimos días, aun con la feria judicial en curso, la interna volvió a escalar cuando trascendió la decisión de liquidar el aumento salarial. Desde el sector crítico se advierte que la medida garantiza una mejora sostenida del poder adquisitivo de magistrados y funcionarios muy por encima de la inflación proyectada para 2026, en una provincia atravesada por fuertes restricciones presupuestarias.
En declaraciones periodísticas, Garrido fue categórico: “En Santa Cruz no hay ningún condenado por corrupción. Hubo denuncias a lo largo de los años, pero nunca avanzaron. La Justicia miró para otro lado”. El legislador, único representante de Vidal en la Cámara baja, sostuvo además que ninguna de las denuncias penales impulsadas por el actual gobierno logró avanzar en el ámbito judicial. Según explicó, el control que sectores del kirchnerismo mantienen sobre el Tribunal de Cuentas impide que se generen los insumos administrativos necesarios para que las causas prosperen.
El proyecto de intervención presentado en el Congreso plantea como objetivo “garantizar la forma republicana de gobierno y la independencia del Poder Judicial, y asegurar la recta administración de justicia”, invocando los artículos 5, 6 y 75 inciso 31 de la Constitución Nacional. La iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo Nacional designe a un interventor federal con amplias facultades: desde ejercer funciones judiciales hasta remover, ratificar o suspender magistrados, funcionarios y empleados, además de dictar reglamentos para un régimen de subrogancias y designación de conjueces.
Mientras tanto, la disputa interna continúa. El sector judicial identificado con el kirchnerismo, encabezado por Fernández, confirmó el aumento salarial luego de que Mariani intentara frenar la liquidación días atrás. El presidente del cuerpo sostiene que la decisión carece de validez, al no haber contado con la mayoría mínima requerida en un tribunal que —según la reforma— debería estar integrado por nueve miembros.
Desde el ala opositora replican que la ampliación del Tribunal fue declarada inconstitucional, al igual que todos los actos posteriores, y afirman que las pautas salariales para 2026 ya habían sido firmadas con anterioridad, tomando como referencia los incrementos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo de inconstitucionalidad fue apelado por la Fiscalía de Estado, pero la causa permanece paralizada debido a la feria judicial.
Así, el Poder Judicial de Santa Cruz atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, con un doble comando en disputa, decisiones cuestionadas y un pedido de intervención que vuelve a ganar centralidad en la agenda política y judicial del país.
Con información de La Nación