Es de publico conocimiento la “rivalidad” existente entre el gobernador Claudio Vidal y el intendente de Rio Gallegos Pablo Grasso.
El intendente capitalino Pablo Grasso parece no conocer los limites de sus frustraciones y broncas y arremete contra las acciones del gobierno provincial sin medir el alcance de sus medidas y el perjuicio que genera a terceros.
Grasso por intermedio de sus agentes municipales arremetió contra mercadería de origen marino que se comercializaba en la ciudad capital procediendo al decomiso y destrucción de la misma.
El municipio Rio galleguense aduce irregularidades en la comercialización de esta producción realizada en la planta recientemente creada por el gobierno provincial denominada “Santa Cruz Puede”.
La mercadería decomisada y posteriormente destruida estaba homologada y habilitada por el organismo nacional SENASA y considerada por estos como apta el consumo humano.
Era la primera producción puesta a la venta en un comercio local. Según el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, los productos retirados del comercio estaban plenamente habilitados por el SENASA y no existía ningún motivo sanitario que justificara la medida.
La empresa estatal Santa Cruz Puede SAU denunció públicamente el decomiso y la destrucción de mercadería de origen marino producida en Puerto San Julián, en un procedimiento llevado adelante por la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Río Gallegos.
Planta de procesamiento de San Julián.
De acuerdo al comunicado oficial difundido por la empresa, los productos decomisados incluyeron medallones de merluza, filet de trucha y otros congelados comercializados bajo la marca SCP. Desde Santa Cruz Puede remarcaron que se trata de alimentos aptos para el consumo humano, habilitados por la autoridad sanitaria nacional competente para productos de origen animal, conforme al Decreto Nacional Nº 4238/68 y al Código Alimentario Argentino.
En ese sentido, la empresa estatal aclaró que los productos de origen animal no requieren Registro Nacional de Establecimientos ni Registro Nacional de Productos Alimenticios, ya que esos registros corresponden al ámbito de la ANMAT y el INAL. En cambio, los establecimientos elaboradores cuentan con número de habilitación otorgado por SENASA y los productos poseen aprobación de rótulo y de producto emitida por ese organismo nacional, cumpliendo con toda la normativa sanitaria vigente.
Los productos decomisados con el sello de la estatal SCP.
Desde Santa Cruz Puede cuestionaron con dureza el accionar municipal y sostuvieron que el procedimiento presenta “vicios graves de origen”, al basarse en una interpretación errónea de la normativa aplicable y exigir registros que no corresponden al régimen sanitario que regula este tipo de alimentos. Según la empresa, no se trata de una diferencia de criterios, sino de un error normativo sustancial.
El comunicado también señala una presunta aplicación desigual de los controles. La empresa remarcó que en grandes cadenas de supermercados de Río Gallegos se comercializan de manera habitual productos de idénticas características, provenientes de otras jurisdicciones, con el mismo tipo de rótulo y habilitación del SENASA que poseen los productos de Santa Cruz Puede, sin que se adopten medidas similares.
Procesamiento de Merluza.
Otro de los puntos más críticos planteados por la firma estatal es la decisión de destruir la mercadería decomisada. Según indicaron, en ninguna de las actas labradas se dejó constancia de que los productos estuvieran en mal estado, contaminados, con ruptura de la cadena de frío o que representaran un peligro para la salud pública. Aun tratándose de una cuestión administrativa, se avanzó con la medida más extrema, generando un perjuicio económico y la destrucción de alimentos en un contexto social y económico complejo.
Además, la empresa consideró llamativo que la inspección se haya realizado apenas un día después de que se anunciara públicamente el inicio de la comercialización de sus productos en un comercio local de la capital provincial, lo que, según expresaron, genera dudas sobre la celeridad selectiva y una posible intencionalidad política del accionar municipal.
Desde Santa Cruz Puede SAU reafirmaron que el control sanitario es necesario y obligatorio, pero rechazaron lo que calificaron como un accionar arbitrario. En ese marco, sostuvieron que el Estado debe acompañar y fortalecer los procesos productivos y comerciales, especialmente aquellos que generan empleo, agregan valor a la materia prima local y cumplen con los marcos regulatorios nacionales.
Finalmente, la empresa estatal informó que iniciará las acciones administrativas y legales correspondientes para revertir lo sucedido, al considerar el procedimiento “desleal e irregular”. “Santa Cruz necesita más producción, más trabajo y más seriedad institucional”, concluye el comunicado, advirtiendo que la destrucción injustificada de alimentos habilitados por SENASA va en sentido contrario a esos objetivos.