El anuncio se produjo esta mañana luego de la reunión del directorio de Enarsa. Anoche el gobernador Vidal había anunciado que el acuerdo se alcanzó tras la firma de la adenda 12.
El entendimiento alcanzado busca ordenar un conflicto que se arrastraba desde hace años y que había frenado el avance del proyecto. En particular, la represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño dentro del complejo, es la que presenta el mayor grado de ejecución y alcanza actualmente un 46% de avance, por lo que su reactivación es prioritaria para acelerar resultados concretos y recuperar el ritmo de obra.
Anoche el gobernador Vidal había anunciado que el acuerdo se alcanzó tras la firma de la adenda 12.
El ministro de Economía escribió en sus redes sociales que la represa Jorge Cepernic estaría concluida en 2030, y comenzaría a aportar energía al sistema interconectado.
Las represas fueron licitadas en 2013 y debían estar listas en 2023. Sin embargo, las represas de Santa Cruz se originaron en decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y su ejecución quedó atravesada por incumplimientos contractuales, falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos y una acumulación de reclamos que derivaron en la ralentización y posterior virtual detención del proyecto. En ese marco, desde 2016 no se había cumplido el contrato, ni se habían efectuado redeterminaciones de precio.
Como consecuencia, la contratista acumuló reclamos por más de USD 700 millones, mientras que entre ambas represas sólo se ejecutaron aproximadamente USD 1.800 millones. Para completar las dos obras, se estima que aún se requieren USD 5.000 millones de inversión.
Con esta decisión, ENARSA avanza en la regularización de condiciones y el encauzamiento de disputas heredadas para asegurar que se retome la construcción con un cronograma verificable, comenzando por los frentes asociados a la represa Jorge Cepernic. En este marco, se prevé que la represa Jorge Cepernic podría finalizarse en 2030, aportando 1860 GWH al Sistema Argentino Interconectado (SADI) y con una potencia instalada de 360 MW.
La medida se enmarca en el proceso de normalización del sector y en la decisión del Gobierno Nacional de ordenar contratos y resolver controversias pendientes, respetando los compromisos asumidos por el país.