CUADERNOS DE LAS COIMAS. La defensa de López pidió que lo aparten del juicio porque padece incapacidad mental

El ex hombre fuerte de la obra pública bajo las órdenes de Julio De Vido, enfrenta varios juicios producto de sendas causas por corrupción en las que se lo investiga, que se suman a otras en las que ya fue condenado y por las cuales permanece en prisión.

La defensa del exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, pidió a la Justicia que lo excluya de los juicios orales que enfrenta por presuntos hechos de corrupción, al sostener que su estado de salud mental le impide comprender lo que ocurre en el proceso y ejercer su defensa.

El planteo fue realizado por su defensora oficial, Pamela Bisserier, ante el tribunal que lleva adelante el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas, uno de los expedientes en los que el exfuncionario es investigado. Según el pedido, López presenta un “evidente cuadro incapacitante” que le impide registrar lo que sucede a su alrededor y comunicarse con su defensa.

De Vido y José López en 2015, en la inauguración del hospital SAMIC de El Calafate.
El exfuncionario ya fue condenado a 13 años de prisión en una sentencia que unificó distintas causas judiciales. Entre ellas se encuentra la condena por enriquecimiento ilícito tras haber sido sorprendido en 2016 cuando intentaba ocultar casi nueve millones de dólares en bolsos dentro de un convento. También recibió condena por administración fraudulenta en la causa conocida como Causa Vialidad, expediente en el que también fueron condenados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Además de esas condenas, López enfrenta actualmente otros tres juicios orales. Entre ellos se encuentra el proceso por el presunto fraude en el programa de viviendas sociales conocido como Causa Sueños Compartidos, en el que también está acusado el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El exfuncionario durante una peregrinación a la virgen de Güer Aike en una toma registrada por la periodista Mirtha Espina.
Según explicó el periodista especializado en temas judiciales Hernán Capiello en una nota publicada en el diario La Nación, la defensora sostuvo ante los jueces que el exfuncionario ya no puede comprender los cargos que se le imputan ni comunicarse con su abogado para preparar su indagatoria.

“La defensa técnica la ejercen los abogados, pero existe también la defensa material, que es la que realiza el propio imputado. Esta es su incapacidad”, argumentó Bisserier ante el tribunal.

De acuerdo con el planteo, los intentos de comunicación con López fueron infructuosos y su estado mental afecta capacidades esenciales como la atención, la comprensión, la memoria y la comunicación, lo que impediría garantizar su derecho de defensa.

López y De Vido en uno de los tantos actos de licitación y apertura de sobres con lasofertas. Ambos funcionarios manejaron la obra pública en Santa Cruz en los noventa con Néstor Kirchner en la gobernación, y luego desde la órbita nacional.
Ante la solicitud, los jueces ordenaron realizar peritajes psiquiátricos para evaluar su estado de salud y determinar si se encuentra en condiciones de continuar participando del juicio, ya que en los próximos días deben comenzar las declaraciones indagatorias de los acusados.

La fiscal del caso, Fabiana León, se opuso al pedido y sostuvo que López debe continuar formando parte del proceso.

El resultado de los estudios médicos será clave no solo para este expediente, sino también para otros juicios que enfrenta el exfuncionario, como el caso Skanska y el proceso por el fraude en Sueños Compartidos. Incluso podría tener impacto en la forma en que cumple su actual condena de 13 años de prisión.

En la causa de los cuadernos, López está acusado de haber sido uno de los principales intermediarios del sistema de recaudación ilegal de sobornos dentro del área de obra pública del Ministerio de Planificación. Según la fiscalía, recibía dinero de empresarios de la construcción a cambio de la adjudicación de obras o del pago de certificados, en un esquema que la acusación describe como una organización criminal dedicada a recaudar fondos ilegales dentro del Estado.