Establece que los futuros aumentos a estatales dependerán de los recursos que efectivamente ingresen a la provincia, con el objeto de “garantizar el pago regular de salarios, jubilaciones y la prestación de servicios esenciales”, de Educación, y Salud, según se lee en el proyecto que se conoció ayer.
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, en un intento por ordenar las cuentas del Estado y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
La iniciativa, remitida con fecha 11 de marzo mediante la nota oficial N°010/26 firmada por el vicepresidente de la legislatura a cargo del Poder Ejecutivo, diputado, Javier Santiago Jara, plantea que la provincia atraviesa una situación de “extrema fragilidad fiscal”, con un nivel de gasto público corriente que —según se argumenta— no guarda relación con la evolución real de los recursos.
En los fundamentos del proyecto se advierte que el gasto estatal presenta una “rigidez estructural”, concentrada principalmente en salarios y prestaciones previsionales, lo que genera un desequilibrio persistente que afecta la previsibilidad presupuestaria y limita la capacidad de gestión del Estado.
“El Estado provincial necesita ordenar su estructura de gasto si pretende garantizar el pago regular de salarios, jubilaciones y la prestación de servicios esenciales”, sostiene el texto enviado a la Legislatura.
Según el Poder Ejecutivo, la situación no responde a un problema coyuntural sino a un proceso acumulado de decisiones que durante años ampliaron obligaciones permanentes sin respaldo financiero sostenible.
En ese marco, el proyecto propone declarar la emergencia económica, financiera y administrativa de todo el sector público provincial —incluyendo organismos descentralizados y empresas del Estado— hasta fines de 2026, con la posibilidad de prorrogarla por otros doce meses mediante decisión fundada del Ejecutivo.
La norma también prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de los bloques legislativos y del Poder Ejecutivo, que tendrá la tarea de monitorear la aplicación de las medidas adoptadas durante la emergencia.
Medidas sobre el empleo público
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reorganización de la estructura del empleo estatal.
Entre las disposiciones previstas se encuentra la suspensión transitoria del ingreso de personal a la administración pública provincial. Solo se permitirán excepciones en casos estrictamente necesarios, como el ingreso de profesionales de la salud o designaciones que cuenten con una autorización fundada del titular del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el Ejecutivo se reserva la facultad de revisar estructuras orgánicas, cargos, regímenes de adicionales y compensaciones, así como de reasignar funciones y destinos dentro del mismo escalafón para optimizar el uso de los recursos humanos.
El proyecto también obliga a las áreas de Salud, Educación y Seguridad a presentar en un plazo de 30 días un plan de priorización de gastos y compras, clasificando las erogaciones en tres categorías: críticas o vitales, operativas necesarias y diferibles.
Impacto en los salarios estatales
Otro punto clave de la iniciativa es la regulación de los incrementos salariales del sector público.
El proyecto establece que durante la vigencia de la emergencia no podrán aplicarse aumentos automáticos, cláusulas de indexación ni actualizaciones salariales si no existen recursos presupuestarios y financieros disponibles para afrontarlos.
En ese sentido, cualquier acuerdo paritario o decisión administrativa que implique incrementos salariales deberá estar contemplado en el presupuesto vigente y contar con una certificación previa del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura que confirme la disponibilidad de fondos.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca evitar que el Estado asuma compromisos que luego no pueda cumplir, lo que pondría en riesgo el pago regular de salarios y jubilaciones.
Jubilación anticipada voluntaria
El proyecto también crea un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria destinado a agentes estatales que se encuentren a cinco años o menos de cumplir los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria.
La iniciativa aclara que no se trata de una jubilación anticipada ni de un beneficio previsional, sino de una herramienta de transición hacia el retiro definitivo.
Los trabajadores que opten por adherir al régimen mantendrán su condición de empleados públicos pero quedarán eximidos de prestar servicios efectivos, mientras perciben un haber porcentual de su salario hasta el momento de jubilarse.
El monto a percibir dependerá del tiempo que reste para cumplir los requisitos jubilatorios:
- 75% del salario si falta hasta un año para jubilarse
- 70% si faltan hasta dos años
- 65% si faltan hasta tres años
- 60% si faltan hasta cuatro años
- 55% si faltan hasta cinco años
Durante ese período el Estado continuará realizando el 100% de los aportes y contribuciones a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales, de modo que el tiempo transcurrido en este régimen se compute como servicio con aportes para la jubilación.
El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de aceptar o rechazar las solicitudes según las necesidades de cada área del Estado.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, este mecanismo busca ordenar la transición hacia la jubilación y, al mismo tiempo, contribuir a la reducción gradual de la planta de personal y de las erogaciones salariales del Estado provincial.