Luego de que esta semana el TSJ rechazara el recurso extraordinario contra el fallo que declaró inconstitucional la ley N°3.949, la Fiscalía de Estado de la provincia acudió ante el máximo órgano de la Justicia Argentina, solicitando, entre otros puntos, que se expida sobre la constitucionalidad de la ampliación de Tribunal Superior.
La crisis institucional en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo y escaló al máximo nivel judicial del país. El gobierno provincial presentó un recurso federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en el conflicto por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, una disputa que desde hace meses mantiene paralizado al sistema judicial santacruceño.
Según publicó el diario La Nación, que viene siguiendo el caso desde sus inicios, la Fiscalía de Estado interpuso un recurso de queja luego de que el propio Tribunal Superior rechazara una medida cautelar contra el fallo que declaró inconstitucional la ley 3949. Esa norma, sancionada por la Legislatura en agosto de 2025, establece la ampliación del máximo órgano judicial de cinco a nueve miembros.
El planteo del Ejecutivo apunta a que la Corte Suprema no solo habilite el tratamiento del recurso extraordinario rechazado en Santa Cruz, sino que además se expida sobre el fondo de la cuestión: la validez constitucional de la ley que amplía la integración del tribunal.
El conflicto se centra en la negativa de cuatro de los actuales vocales del Tribunal Superior, Renée Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta, todos vinculados al kirchnerismo, a aceptar la incorporación de los nuevos jueces nombrados bajo la gestión de Claudio Vida, Gabriel Contreras, Lucio De La Vega, Sergio Acevedo, y José Antonio González Nora.
Asunción de los nueves vocales del TSJ.
De acuerdo a la reconstrucción publicada hoy por el diario La Nación, el 17 de diciembre pasado esos cuatro jueces, junto a la vocal subrogante, Romina Saúl, firmaron el fallo que declaró inconstitucional la ley de ampliación. A partir de entonces, se profundizó un enfrentamiento abierto entre el Poder Judicial y los demás poderes del Estado.
La situación derivó en una inédita configuración de “doble comando” dentro del Tribunal Superior: por un lado, el bloque de cuatro jueces que se constituye en mayoría con una subrogante, que rechaza la ampliación, y por el otro, el juez Daniel Mariani junto a los nuevos vocales designados, quienes incluso fueron excluidos de acuerdos, sin despacho asignado ni pago pleno de sus haberes durante meses.
En su presentación ante la Corte, la Fiscalía de Estado —a cargo de Natalia Linardi— calificó el accionar del tribunal como un “exceso ritual manifiesto”, al rechazar el recurso extraordinario por supuestas cuestiones formales. Sostiene que esa decisión busca impedir que el máximo tribunal nacional analice el fondo del conflicto.
El recurso también advierte sobre la “suma gravedad institucional” del caso y acusa al Poder Judicial provincial de invadir competencias propias del Poder Legislativo y del Ejecutivo, al arrogarse facultades para decidir sobre su propia integración. En ese sentido, plantea que se vulnera el principio de división de poderes consagrado en la Constitución Nacional.
Desde el gobierno provincial sostienen que la Corte Suprema debe intervenir de manera urgente para “restaurar el orden constitucional federal”, al considerar que la situación afecta de manera directa el funcionamiento del sistema republicano y la administración de justicia en Santa Cruz.
El gobernador Claudio Vidal fue aún más allá en sus declaraciones públicas y acusó a los jueces de mantener una actitud “destituyente”, además de señalar que existe una intencionalidad política para frenar decisiones del Ejecutivo y del Legislativo.
La Corte suma expedientes vinculados al mismo caso
La Nación también da cuenta de que actualmente hay al menos cuatro expedientes vinculados al conflicto en la Corte Suprema: el presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón; el recurso federal de la Fiscalía de Estado; y dos presentaciones realizadas por los jueces designados que no pueden ejercer.
El trasfondo de la disputa no es solo jurídico, sino también político e institucional. Mientras el oficialismo busca avanzar con la ampliación del tribunal como parte de una reconfiguración del Poder Judicial, el bloque de jueces suprenmos K resiste la implementación de la ley.
Con la llegada del caso a la Corte Suprema, comienza una etapa clave que podría destrabar un conflicto sin precedentes en la justicia provincial, que la mantiene paralizada desde hace 170 días.