La iniciativa ingresó a la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz bajo el número 084, impulsada por el bloque Unión por la Patria , y propuso una serie de medidas de austeridad sobre la estructura política y administrativa del Estado provincial. El texto planteó una reducción del 30% de la remuneración total de funcionarios, la suspensión de gastos en publicidad y comunicación oficial, límites al uso de vehículos oficiales y recortes en viáticos y gastos de representación. También estableció que los recursos ahorrados se destinen a políticas públicas esenciales y a paritarias centrales.
El proyecto llevó por título “Ajuste a la Política” y fijó como objeto “establecer medidas excepcionales de austeridad y racionalización del gasto público”, con el argumento de priorizar los recursos del Estado provincial en la atención de necesidades de la población de Santa Cruz. En el articulado, la iniciativa alcanzó a funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, autoridades del Poder Legislativo, entes autárquicos y descentralizados, y empresas o sociedades con participación estatal mayoritaria.
Uno de los puntos centrales de la propuesta dispuso la reducción del treinta por ciento de la remuneración total, tanto permanente como transitoria, de los funcionarios comprendidos. El texto precisó que esa remuneración incluyó “toda suma percibida”, abarcando adicionales, suplementos, bonificaciones, compensaciones y cualquier otro concepto análogo.
A la vez, el proyecto remarcó que la medida no sería aplicable, ni directa ni indirectamente, a otros agentes, funcionarios o personal del Estado provincial fuera de los alcanzados por la norma. También dejó establecido que la reducción de las dietas no podría utilizarse como base de cálculo, referencia o parámetro para la determinación o modificación de remuneraciones de terceros, aun cuando estuvieran vinculadas mediante módulos, índices o porcentajes.
En otro de sus artículos, la propuesta prohibió la creación o utilización de mecanismos compensatorios que neutralicen los efectos de la medida. De ese modo, buscó impedir que la rebaja prevista pueda ser absorbida o reemplazada por otros conceptos salariales o administrativos.
El proyecto además suspendió gastos en publicidad y comunicación oficial. En ese apartado incluyó publicidad oficial, contratación de espacios en medios de comunicación, pautas publicitarias, contratación de servicios de comunicación institucional, administración y financiamiento de páginas de redes sociales oficiales con fines de promoción política o institucional, y la contratación de periodistas, comunicadores o consultoras externas con fines de difusión o promoción gubernamental.
En paralelo, la iniciativa señaló que se debía priorizar la utilización de los medios de comunicación y difusión masiva oficiales para campañas vinculadas con salud pública, educación, seguridad, emergencias e información institucional de carácter obligatorio. Esa enumeración apareció como una excepción frente al recorte planteado para las acciones de promoción política o institucional.
Otro capítulo del texto suspendió el uso de bienes y recursos del Estado. Allí limitó el uso de vehículos oficiales y suspendió viáticos y gastos de representación. No obstante, exceptuó de la medida a maquinarias y equipos de la Administración General de Vialidad Provincial, vehículos destinados a seguridad, salud y emergencias, equipos técnicos necesarios para operativos durante la temporada invernal y vehículos afectados a servicios esenciales del Estado.
La propuesta también creó un Registro Público de Uso de Recursos del Estado, de acceso libre y digital, donde deberán consignarse de forma periódica esos gastos. En materia de estructura estatal, el articulado además planteó derogar toda normativa vigente que disponga la creación o funcionamiento de una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) con participación estatal provincial, y estableció que el Poder Ejecutivo deberá arbitrar los mecanismos administrativos y legales necesarios para su liquidación o reorganización.
En sus disposiciones finales, el proyecto creó un fondo de redistribución social integrado por los recursos ahorrados como consecuencia de la ley, indicando que esos fondos estarán destinados a las paritarias centrales. También fijó como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía de Santa Cruz, o al organismo que en el futuro lo reemplace, y estableció la obligación de informar trimestralmente al Poder Legislativo.
La iniciativa, presentada por el diputado provincial Carlos “Carloncho” Godoy, también invitó a los municipios y comisiones de fomento de la provincia a adherir a la norma y adoptar medidas similares de austeridad en sus respectivas jurisdicciones. En la fundamentación política difundida junto al proyecto, se sostuvo que “mientras miles de familias hacen esfuerzos todos los días, la política también debe dar el ejemplo”, y se remarcó que “no es ajuste a la gente. Es ajuste a la política”.