En grandes tramos de la extensa red vial, la provincia padece el deterioro del asfalto que pone en riesgo la integridad de los viajantes, o lo obliga a sumar kilómetros de más por rutas intransitables. Las obras viales destruidas o abandonadas son un emblema de la corrupción que la justicia investigó en la Causa Vialidad, en la cual Cristina Fernández, varios de sus funcionarios, y el empresario Lázaro Báez, fueron condenados y permanecen detenidos. Foto: Ruta 40, tramo Lago Cardiel-Tres Lagos.
El Gobierno nacional formalizó un nuevo esquema de gestión para la infraestructura vial que incluye a Santa Cruz, a partir de la publicación del Decreto 253/2026 en el Boletín Oficial. La medida habilita a la provincia a otorgar concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio. La recaudación de los peajes debe ser destinada exclusivamente al mantenimiento de los tramos concesionados. El plazo es por 30 años.
La decisión, firmada por el presidente Javier Milei, establece la delegación de competencias a un grupo de provincias entre las que se encuentra Santa Cruz, junto a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y San Juan.
El decreto se enmarca en el régimen de concesión de obra pública previsto en la Ley 17.520 y en los lineamientos de reorganización del Estado impulsados por la Ley 27.742. Según se detalla en los considerandos, el objetivo es avanzar en una mayor descentralización operativa, permitiendo que las jurisdicciones locales asuman un rol más activo en la gestión de la infraestructura vial.
Quienes podrían ejecutar las obras concesionadas
En concreto, la provincia podrá licitar y adjudicar contratos de concesión a empresas privadas, mixtas o entes públicos, que tendrán a su cargo la ejecución de obras y el mantenimiento de rutas a cambio del cobro de peajes u otros mecanismos de financiamiento. No obstante, la titularidad de las rutas y la jurisdicción seguirán siendo del Estado nacional.
Para que la delegación se haga efectiva, Santa Cruz deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, en los que se definirán los tramos a concesionar, los plazos, los planes de obras y las condiciones económicas, incluyendo las tarifas de peaje. Estos acuerdos deberán ser aprobados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
El esquema también establece controles y auditorías por parte del Estado nacional, que mantendrá la supervisión técnica de los contratos. Además, se fija un plazo máximo de hasta 30 años para las concesiones, y se exige que los procesos respeten criterios de transparencia, competencia y razonabilidad tarifaria.
Entre los puntos relevantes, se dispone que los fondos generados por el peaje solo podrán destinarse al tramo concesionado, y que las provincias deberán convocar a licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación de los convenios. En caso contrario, la delegación quedará sin efecto.
La medida abre la puerta a la implementación de peajes en rutas nacionales dentro del territorio santacruceño, una posibilidad que hasta ahora no estaba generalizada en la provincia y que podría generar debate en torno al financiamiento de la obra pública y el costo del transporte.
En este contexto, el Gobierno nacional plantea que el nuevo esquema permitirá mejorar la infraestructura vial y optimizar los recursos, mientras que las provincias contarán con mayores herramientas para gestionar obras clave para el desarrollo económico y la conectividad regional.