Llegó el momento: a entregar todo lo robado

No existe ningún hombre que si puede ganar el máximo se conforme con el mínimo dice la frase de Friedrich Schiller refiriéndose a una tendencia casi natural del ser humano hacia la codicia y la misma está regulada por las oportunidades. Cuando el ser humano suma a su tendencia natural, la oportunidad, los medios y el poder necesario para lograr lo que se propone y mas, actúa en consecuencia y allí comienza a tallar como moderador el único lazo inhibitorio que lo puede retener: su moral. Y esto último estuvo ausente en los Kirchner y su banda, cuando se hicieron del poder en el 2003 y en todos sus años de gobierno, donde el latrocinio sistemático fue tan grande que terminó exponiéndolos, solo que un elemento después de 25 años, funcionó: la justicia.

La Cámara de Casación Penal (Sala IV) ordenó la ejecución y decomiso de bienes de Cristina Fernández, sus hijos (Máximo y Florencia Kirchner), Lázaro Báez y otros condenados en el marco de la “causa Vialidad”. El objetivo del decomiso es resarcir al Estado por un perjuicio económico estimado y actualizado en más de 684.000 millones de pesos ($684.990.350.139,86).

A pesar de que Cristina Fernández donó en vida gran parte de su patrimonio a sus hijos en 2016, la Justicia determinó que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, si guardan relación con la maniobra investigada, una medida e interpretación absolutamente válida para cerrarle el nudo a los delincuentes de guantes blancos.

En esta primera etapa la Justicia ordenó ejecutar los siguientes bienes.

Inmuebles en Río Gallegos

La medida abarca propiedades y lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner, entre ellos:

Diez unidades (departamentos) ubicadas sobre la calle Mitre al 500, adquiridas en 2007.

Una propiedad en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, adquirida en 2006.

Inmuebles en El Calafate (Departamento III Lago Argentino)

Se ordenó el decomiso de grandes extensiones de tierras y terrenos clave, algunos adquiridos a valores marginales:

Un inmueble sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, adquirido en 2007, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

Los terrenos donde se emplaza el Complejo Hotel Los Sauces (involucrado en otras causas judiciales). El lote original se compró en 2002 y se le sumaron parcelas adyacentes en 2007 para desarrollar el proyecto hotelero.

Una propiedad de gran valor catastral con una superficie de 44.106 metros cuadrados (adquirida en 2007).

Otra extensa propiedad que abarca 87.046 metros cuadrados (también incorporada en 2007).

Otros Activos e inmuebles relacionados (en la causa general)

El fallo dispone en total el decomiso de 111 inmuebles en el marco general de la causa. Respecto a la familia Kirchner, abarca también:

El departamento ubicado en el barrio de Recoleta (Juncal y Uruguay, identificado formalmente por otras entradas como San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria).

Dinero en efectivo incautado previamente: USD 4.664.000 de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, USD 992.134 de una caja de ahorro, y sumas menores en pesos.

El decomiso también incluye a los bienes inmuebles de las empresas utilizadas en las maniobras: Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL (todas vinculadas a Lázaro Báez).

Los jueces determinaron que todos los bienes y activos decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la encargada de su administración y de llevar adelante las subastas y remates correspondientes para recuperar el dinero público.

Un dato que no es justo

Está bien que la CSJ sea la encargada de subastar los bienes adquiridos indebidamente por la corrupción K, pero a mi criterio ese dinero debería volver para ser volcado en las rutas nacionales que dinamitó el kirchnerismo en virtud de robarse los fondos, pues, esa plata que se llevaban en bolsos era de la sociedad, que a su vez sufría las consecuencias de las rutas destrozadas (como ahora) por la falta de mantenimiento. Que la justicia use los inmuebles y/o los venda y esos fondos vayan a parar a quien sabe dónde, no es nada transparente, es solo un cambio de mano.

Los bienes del testaferro ladrón

El fallo de la Cámara Federal de Casación de abril de 2026, como dijimos, avanza sobre un total de 111 inmuebles para cubrir los más de 684.000 millones de pesos fijados como resarcimiento por la causa Vialidad. De ese total general, la mayor parte, 84 propiedades, corresponde a Lázaro Báez y al conglomerado de empresas utilizado para concentrar la obra pública: Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.

Austral Construcciones en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
Austral Construcciones en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
La resolución judicial acciona contra las firmas en su conjunto por considerarlas parte de una misma “interconexión económica” orientada a la maniobra de corrupción. Si bien los tribunales manejan el inventario completo, en esta etapa de ejecución no se ha publicado un anexo que discrimine públicamente cada una de las 84 propiedades por la razón social específica (SA o SRL) a la que se encuentran escrituradas individualmente, sino que se ejecuta el patrimonio absorbido por la estructura empresarial en la Patagonia, adquirido principalmente entre 2004 y 2013.