La Fiscalía de Estado denunció a manifestantes por el acampe frente a Casa de Gobierno y solicitó medidas urgentes para despejar los accesos.
La tensión entre el Gobierno de Santa Cruz y los sectores policiales autoconvocados sumó un nuevo capítulo este miércoles con la presentación de una denuncia penal por parte de la Fiscalía de Estado contra quienes mantienen el acampe frente a Casa de Gobierno, en Río Gallegos.
La acción judicial fue impulsada por la fiscal de Estado, Natalia Linardi, quien planteó ante la Justicia provincial que la protesta estaría afectando el normal funcionamiento de las dependencias gubernamentales y obstaculizando la circulación de vehículos oficiales.
El sector ya había anunciado que mantendrán el acampe hasta la próxima reunión del Consejo del Salario que será el 30 de junio.
La denuncia apunta al bloqueo de accesos oficiales
Según se desprende de la presentación, el Gobierno considera que la ocupación de los jardines y sectores de ingreso a Casa de Gobierno configura presuntos delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción.
En el escrito se señala que los manifestantes habrían impedido el ingreso y egreso de vehículos oficiales, situación que, de acuerdo con la denuncia, dificulta el desarrollo habitual de las actividades administrativas.
Fuentes consultadas indicaron que durante la jornada también intervino personal de la Escribanía General de Gobierno junto al jefe de custodia de Casa de Gobierno, quienes intimaron a los manifestantes a retirar las estructuras instaladas y liberar los accesos.
Piden medidas cautelares y no descartan fuerzas federales
La Fiscalía solicitó a la Justicia la adopción de medidas cautelares urgentes para restablecer la circulación vehicular y garantizar el funcionamiento de la administración pública.
Además, pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para incorporarlas como prueba en la investigación judicial.
Uno de los puntos más relevantes de la presentación es la posibilidad de requerir la intervención de fuerzas federales en caso de que las autoridades provinciales no logren garantizar el despeje de los sectores bloqueados.
La solicitud está vinculada principalmente a las salidas destinadas a vehículos oficiales que, según la denuncia, permanecen afectadas por la protesta.
Los autoconvocados mantienen la medida de fuerza
Mientras avanza la causa judicial, los sectores policiales y penitenciarios autoconvocados ratificaron la continuidad del acampe y las medidas de fuerza.
El reclamo se centra en la demanda de una mejora salarial y se intensificó en las últimas semanas con manifestaciones, movilizaciones y protestas en distintas localidades de Santa Cruz.
Los referentes del sector sostienen que la protesta tiene carácter exclusivamente salarial y aseguran que la permanencia frente a Casa de Gobierno fue una decisión adoptada por las bases.
Ahora será la Justicia provincial la que deberá analizar los planteos formulados por la Fiscalía de Estado y resolver si adopta medidas para garantizar el libre acceso a la sede gubernamental mientras continúa el conflicto.(Señal Calafate)