Una inspección realizada por autoridades judiciales detectó atrasos en el dictado de sentencias, expedientes sin movimiento y deficiencias de gestión en dependencias de la Segunda Circunscripción Judicial. El TSJ exigió medidas urgentes y un plan de regularización.
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz resolvió requerir a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial la implementación inmediata de medidas de contingencia y reorganización funcional para normalizar el funcionamiento de juzgados de Caleta Olivia y Pico Truncado. La decisión fue adoptada tras inspecciones realizadas durante junio, en las que se detectaron demoras en el despacho diario, retrasos en sentencias y deficiencias administrativas que impactaban en el servicio de justicia.
La resolución, firmada el 23 de junio por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras Agüero, y a la que tuvo acceso TiempoSur, tuvo origen en las actas de inspección elevadas por la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Caleta Olivia.
Según el documento, en el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Pico Truncado se constató una situación de fuerte atraso en el dictado de resoluciones y providencias simples. Además, el sistema SIPED registró 150 escritos sin asignación de responsable en la Secretaría de Familia y otros 297 en la Secretaría Civil.
Durante la inspección también se verificaron 33 escritos pendientes de firma, algunos correspondientes a los años 2024 y 2025, además de causas para sentencia sin resolución desde diciembre de 2024 y expedientes interlocutorios con un año de demora.
En el caso del Juzgado de Familia de Caleta Olivia, el informe describió un escenario crítico dentro del sistema informático judicial. Allí se registraron 53 escritos pendientes de asignación de responsable, 1.020 escritos a despacho, 234 para proyectar y 167 para corregir, junto con numerosas presentaciones sin proveer desde diciembre de 2025. La dependencia, según se indicó, recibió más de 600 nuevas causas en lo que va del año.
Respecto de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 y N° 2 de Caleta Olivia, las inspecciones señalaron que, si bien mantenían actualizado el despacho diario, presentaban demoras en el dictado de sentencias definitivas. En varios casos se detectaron expedientes pendientes de resolución desde 2025 y reiterados pedidos de prórroga ante instancias superiores.
El Tribunal Superior advirtió que, aunque en los informes se mencionaron como factores influyentes las medidas de fuerza del gremio judicial y la falta de personal, la antigüedad de los retrasos detectados demostraba que los problemas excedían la coyuntura actual y requerían una intervención correctiva urgente.
En ese marco, el máximo órgano judicial provincial recordó la obligación constitucional de garantizar un servicio de justicia eficiente y libre de demoras irrazonables, señalando que las falencias observadas pueden afectar el acceso efectivo a la justicia y la confianza pública en el sistema judicial.
Por ese motivo, la resolución ordenó a la Cámara de Apelaciones ejercer sus facultades de superintendencia e implementar de manera inmediata todas las medidas necesarias para revertir la situación. El plazo fijado para regularizar las dependencias alcanzadas por la inspección fue de tres meses.
Asimismo, el presidente de la Cámara deberá elevar al Tribunal Superior de Justicia, dentro de los 15 días posteriores a la notificación, un informe detallado sobre las medidas adoptadas y el cronograma previsto para la normalización de cada juzgado involucrado.