El ministro de Energía y Minería, cuestionó la actitud de Newmont durante las inspecciones realizadas y subrayó que la empresa deberá ajustarse a las normas vigentes. Tras la reunión con directivos de la compañía, aseguró que se comprometieron a corregir las irregularidades detectadas y modificar su relación con el Gobierno.
En dialogo con El Caletense Radio, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, resaltó que, tras la reunión concretada ayer con las autoridades de la operadora y el compromiso asumido por parte de esta, se retoman los trabajos normales con proveedores y trabajadores.
Álvarez calificó como “irregular” que la minera haya impedido el ingreso de los equipos de inspección, no obstante, advirtió que la Provincia no resignará sus facultades de control. “No es habitual que una operadora no permita el ingreso de los equipos de fiscalización de la provincia, si es necesario la intervención de un juez se hará, si es necesario la intervención de fuerza pública se hará”, sostuvo, al remarcar que esta labor debe realizarse para garantizar condiciones de seguridad y una explotación sustentable.
Entre las observaciones más graves surgidas tras las inspecciones aparecen falencias en la detección y ventilación de gases en las galerías subterráneas, derrames de cianuro, vehículos sin habilitación y distintos incumplimientos ambientales y de recursos hídricos. La empresa tendrá entre 15 y 20 días para corregir las situaciones detectadas, tras lo cual volverán a realizarse controles en el yacimiento.
Álvarez también hizo mención a las diferencias surgidas con el gerenciamiento local de Newmont y destacó que, durante la reunión, el representante para Latinoamérica, David Midor, manifestó su disposición a modificar procedimientos y mejorar el diálogo con la Provincia.
En ese marco, el gobernador Claudio Vidal exigió además el cumplimiento del 90% de mano de obra santacruceña y una mayor participación de proveedores locales. En esa línea, señaló que la Provincia espera un “cambio de actitud” de la compañía y una mayor comunicación con trabajadores, sindicatos y organismos de fiscalización.
Finalmente, Álvarez descartó que el Gobierno haya recibido una amenaza concreta de abandono del yacimiento por parte de la empresa y cuestionó cualquier especulación en ese sentido. “Las empresas siempre tratan de ganar plata y de maximizar su beneficio, ese es su norte. Está muy bien que así lo hagan, pero deben respetar la legislación de cada una de las provincias”, afirmó.
Fuente: El Caletense