El fallecimiento del empresario, confirmado a través de avisos fúnebres publicados en el diario La Nación, reabrió el debate sobre su paso por YCRT. Taselli encabezó la concesionaria privada del complejo entre 1994 y 2002, período atravesado por conflictos laborales, incumplimientos contractuales y denuncias sobre el manejo de los bienes y recursos públicos. Este año, su nombre volvió a aparecer en Santa Cruz a raíz de la compra de material ferroviario a Materfer, empresa vinculada a su grupo familiar.
El empresario Sergio Taselli murió a los 82 años y su fallecimiento fue informado mediante avisos fúnebres publicados en La Nación el domingo 4 de octubre.
Su nombre mantiene una fuerte vinculación con la historia reciente de la Cuenca Carbonífera por haber encabezado la sociedad concesionaria de Yacimientos Carboníferos Río Turbio durante la etapa de administración privada que comenzó en 1994 y terminó con la rescisión del contrato por parte del Estado nacional en 2002.
La concesión inició durante la presidencia de Carlos Menem y la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz. El Decreto 979/94 adjudicó la concesión integral del yacimiento y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos al consorcio integrado por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), IATE S.A., Eleprint S.A. y Dragados y Obras Portuarias S.A. (DYOPSA). El acta contractual identificó a Taselli como presidente de la sociedad concesionaria.
Una concesión que incluyó mina, ferrocarril y puertos
La privatización no se limitó a la explotación del carbón. El esquema comprendió el complejo carbonífero, el ramal ferroviario Río Turbio-Río Gallegos y los servicios portuarios de Río Gallegos y Punta Loyola.
El decreto de adjudicación estableció un subsidio anual de 22,5 millones de pesos, en el marco de la convertibilidad vigente en aquel momento. El aporte estatal quedó establecido como parte de las condiciones de la concesión.
Durante los años siguientes, trabajadores y representantes sindicales cuestionaron el funcionamiento de la concesionaria, denunciaron pérdida de puestos de trabajo, deterioro de instalaciones y bienes y plantearon interrogantes sobre el destino de los recursos públicos destinados a sostener la explotación.
Esos cuestionamientos también tuvieron recorrido judicial. Las denuncias alcanzaron a la administración de la concesionaria y a funcionarios responsables de su fiscalización, aunque las responsabilidades penales deben entenderse en función de lo efectivamente resuelto en cada expediente.
El Estado rescindió la concesión en 2002
El final de la experiencia privada llegó en 2002. Mediante el Decreto 1034/02, el Estado nacional aprobó la rescisión de la concesión integral de YCRT y de los servicios ferroportuarios.
La norma oficial enumeró una serie de incumplimientos atribuidos a la concesionaria: falta de preservación del medio ambiente, ausencia de mantenimiento y conservación de los bienes concesionados, incumplimientos en inversiones obligatorias y niveles mínimos de producción, falta de pago de haberes y aportes previsionales, incumplimientos vinculados con seguros y del canon minero, entre otros.
El decreto también señaló que las operaciones técnicas y operativas del complejo se encontraban interrumpidas desde abril de 2002 y sostuvo que el estado de abandono en el que se encontraba el complejo ponía en riesgo la integridad y seguridad física del personal y la preservación de los bienes. Por ese motivo, dispuso la intervención estatal.
La intervención incluyó además la obligación de mantener el sistema ferroviario, el material rodante, las instalaciones y los muelles de Río Gallegos y Punta Loyola.
La polémica por Materfer volvió a poner el nombre de Taselli en escena
La discusión adquirió una particular dimensión porque Materfer quedó vinculada a Taselli desde 2002, el mismo año en que terminó la concesión privada de YCRT.
De esta manera, la operación ferroviaria anunciada por el Gobierno provincial a mitad de este 2026 volvió a poner en escena el nombre del empresario en Santa Cruz, esta vez décadas después de su salida de la Cuenca Carbonífera.
El contraste fue señalado por referentes sindicales y ex trabajadores de YCRT, quienes cuestionaron que una empresa vinculada al grupo familiar del empresario que encabezó aquella concesión volviera a participar de un proyecto ferroviario provincial.
La controversia volvió a instalarse públicamente en julio, cuando la Provincia anunció la adquisición de una locomotora y maquinaria de Materfer para el proyecto ferroviario entre Jaramillo y Fitz Roy.
En ese contexto, el histórico referente de los trabajadores de YCRT Luis “Angelito” González cuestionó la operación y planteó la necesidad de recuperar la memoria sobre aquella etapa. “Taselli destrozó la empresa”, fue el título utilizado por para reflejar sus declaraciones.
Durante una entrevista radial, González repasó el período de administración privada y cuestionó el proceso de reducción de personal, el supuesto desvío de equipamiento y las condiciones de seguridad que, según su interpretación, caracterizaron aquellos años.
El dirigente también señaló que trabajadores de YCRT estaban participando de las tareas de acondicionamiento de las vías del nuevo tramo ferroviario, mientras la Provincia avanzaba con la adquisición de material rodante a Materfer.
Otro de los referentes que durante años cuestionó la gestión privada fue Raúl Wanzo, exsecretario general de ATE Río Turbio y querellante en causas vinculadas con la administración de YCRT.
En declaraciones al programa La Bisagra de Tiempo FM, Wanzo volvió a cuestionar en julio de 2026 la decisión de adquirir material ferroviario a Materfer, firma vinculada al grupo familiar de Taselli. “Es muy contradictorio. Es como volver a vivir los 90: ver que un gobierno se asocia comercialmente con un empresario que tiene una historia en Santa Cruz y en todo el país de haber sido un tremendo delincuente”, expresó el dirigente, según la entrevista aportada.
Wanzo sostuvo además que las investigaciones judiciales vinculadas con la gestión de Taselli terminaron sin una condena y atribuyó ese desenlace a lo que calificó como “la ineficiencia del sistema judicial”.
Sus cuestionamientos se centraron también en las condiciones laborales durante la concesión, la reducción de personal y el destino de maquinaria, repuestos y otros elementos vinculados con el complejo.
Fuente: Tiempo Sur