La decisión judicial sobre las 21 hectáreas de Península de Magallanes abrió interrogantes sobre una operación inmobiliaria autorizada por el Gobierno de Santa Cruz. La Corte Suprema podría intervenir en una disputa que involucra capitales extranjeros, un área protegida y legislación nacional.
La disputa por las casi 21 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno está lejos de terminar. Aunque la Justicia Federal impidió nuevas inscripciones registrales sobre los terrenos de Península de Magallanes, no anuló la compraventa, no dejó sin efecto la autorización del gobernador Claudio Vidal ni prohibió el proyecto turístico.
La resolución del juez federal Claudio Vázquez, conocida el viernes 16 de octubre, busca preservar la situación de las parcelas mientras se define qué tribunal deberá resolver el conflicto. El expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Detrás de la controversia aparece una operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad argentina vinculada con capitales de Dubái. El emprendimiento contempla 24 cabañas y una capacidad aproximada de 60 plazas, dentro de un área natural protegida desde 1993.
El Gobierno provincial autorizó excepcionalmente la operación mediante el Decreto 915/2026 y presentó el proyecto como una oportunidad de inversión y desarrollo turístico. También se mencionó una inversión estimada en 90 millones de dólares, aunque esa cifra no representa fondos efectivamente desembolsados.
Qué está en discusión y qué puede resolver la Corte
El conflicto no gira únicamente alrededor de la construcción de un complejo turístico. Los cuestionamientos judiciales apuntan a determinar si la operación respeta la Ley Nacional de Tierras Rurales, las restricciones para compradores extranjeros y las condiciones especiales de una zona protegida.
Un dato importante es que el decreto provincial menciona una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Sin embargo, esa autorización no elimina los controles y obligaciones que deberán cumplirse para desarrollar el emprendimiento.
La controversia tiene antecedentes. En 2021, la Corte Suprema ya intervino en un conflicto sobre propiedades privadas dentro de Península de Magallanes y cuestionó restricciones prolongadas impuestas por Santa Cruz sin un plan de manejo definitivo. La provincia aprobó ese instrumento en 2022.
¿Qué puede pasar ahora? La Corte deberá determinar primero si le corresponde intervenir directamente. Luego quedará pendiente resolver los cuestionamientos legales y las medidas solicitadas por quienes impulsaron el reclamo.
Mientras tanto, las parcelas permanecen sujetas a la restricción registral. La operación no fue declarada ilegal, pero tampoco existe una resolución judicial definitiva que cierre la controversia.
El punto central es que una autorización provincial no alcanza, por sí sola, para despejar todas las cuestiones legales que rodean a estas tierras. La Justicia deberá determinar si la operación respeta las normas nacionales y provinciales aplicables.
Por ahora, el proyecto no está cancelado y la disputa continúa abierta. El futuro de esas 21 hectáreas dependerá de las próximas decisiones judiciales y del cumplimiento de las exigencias que protegen uno de los territorios turísticos y ambientales más importantes de Santa Cruz.