La causa que vuelve a sentar a la expresidenta ante la Justicia tiene su epicentro en Santa Cruz. Contratos de obra pública, hoteles administrados por empresas de Lázaro Báez y propiedades alquiladas en Río Gallegos forman parte de una investigación que ahora llega a una instancia decisiva. Los fiscales sostienen que el dinero circulaba entre empresas vinculadas al poder político y terminaba en las sociedades de la familia Kirchner.
Este viernes 23 de octubre está previsto el comienzo del juicio oral por Los Sauces, una de las investigaciones que tienen como principales acusados a Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y empresarios vinculados históricamente con el kirchnerismo.
Pero la historia no empieza en los tribunales de Comodoro Py. Empieza en Santa Cruz, donde se construyó buena parte del entramado empresarial que hoy examina la Justicia.
La acusación sostiene que empresas beneficiadas por contratos y negocios con el Estado habrían canalizado parte de esos fondos hacia sociedades de los Kirchner mediante alquileres de propiedades y establecimientos hoteleros.
La defensa rechaza esa interpretación y sostiene que se trató de operaciones comerciales legítimas.
Río Gallegos: los edificios que construían y alquilaban empresas de Báez
Una parte central de la causa Los Sauces está relacionada con propiedades ubicadas en la capital santacruceña.
Entre ellas aparecen dos edificios situados en Alvear 391 y Mariano Moreno 882, que pertenecían a la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner.
Según la investigación, la empresa Loscalzo y Del Curto, vinculada con Lázaro Báez, participó en la construcción de departamentos que posteriormente fueron alquilados a otras compañías del mismo grupo empresario.
Entre las firmas que aparecen en esos contratos figuran Austral Construcciones y Kank y Costilla, empresas que también desarrollaban obras públicas en Santa Cruz.
Es decir, la investigación analiza una relación comercial en la que compañías del mismo grupo intervenían en la construcción de inmuebles y luego en su alquiler.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, las empresas de Báez pagaron aproximadamente 4 millones de pesos de aquella época por alquileres vinculados a los edificios de Alvear y Moreno.
Para los investigadores, estas operaciones formaban parte de un mecanismo más amplio destinado a transferir fondos a las sociedades de la familia presidencial. La defensa sostiene, en cambio, que los contratos eran auténticos, estaban documentados y se pagaban por canales bancarios.
El Calafate: los hoteles y el dinero de la obra pública
El otro escenario fundamental de la investigación se encuentra en El Calafate.
Allí aparecen el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas, establecimientos vinculados con la familia Kirchner que fueron administrados por empresas relacionadas con Lázaro Báez.
La compra del Alto Calafate, concretada en 2008, es una de las operaciones examinadas en el expediente. Según la documentación citada por la acusación, la adquisición involucró más de 4,8 millones de dólares, incluyendo un importante desembolso en efectivo.
Posteriormente, la empresa Valle Mitre, perteneciente al grupo de Báez, asumió la explotación hotelera.
Los fiscales investigan si compañías que recibían pagos por obras públicas transferían dinero a Valle Mitre para que esta pudiera afrontar contratos con los hoteles de los Kirchner.
Una de las sospechas más importantes apunta a reservas de habitaciones que, según la acusación, habrían sido pagadas sin ser efectivamente utilizadas.
En total, la investigación sobre Hotesur comprende más de 28 millones de pesos pagados entre 2008 y 2015 por operaciones vinculadas con los hoteles.
Esta parte del expediente tiene un juicio inicialmente previsto para marzo de 2027, aunque la Fiscalía reclama que sea tratada conjuntamente con Los Sauces.
El dato que compromete a los negocios inmobiliarios: el 88% de los alquileres
Uno de los números centrales de la acusación aparece en la contabilidad de Los Sauces.
Entre 2009 y 2016, la sociedad facturó aproximadamente 26 millones de pesos por alquileres.
Según la Fiscalía, el 88% de esos ingresos estuvo relacionado con empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, vinculado con Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Los investigadores consideran que esa concentración comercial, junto con el origen de los fondos y las relaciones entre las compañías, constituye un elemento relevante para sostener la hipótesis de lavado de dinero.
También se analizan operaciones inmobiliarias realizadas en Buenos Aires y alquileres relacionados con el hotel La Aldea, de El Chaltén.
La defensa de Máximo Kirchner ha sostenido que los contratos se pactaron a valores de mercado, que se pagaron los impuestos correspondientes y que las transferencias quedaron registradas en el sistema bancario.
De la condena por Vialidad al nuevo juicio
El proceso tiene una conexión directa con otra causa que también tuvo a Santa Cruz como protagonista: Vialidad.
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En ese expediente, Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados por administración fraudulenta vinculada con la adjudicación irregular de obras públicas nacionales en la provincia.
La condena contra la expresidenta, de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, quedó firme en 2025.
Ahora, la Justicia deberá analizar una cuestión diferente: si parte del dinero obtenido mediante negocios con el Estado fue posteriormente incorporado al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus sociedades hoteleras e inmobiliarias.
Un peritaje incorporado a la investigación señaló que, en 21 oportunidades, se identificaron transferencias que relacionaban pagos de obra pública a empresas de Báez con posteriores movimientos hacia compañías vinculadas a los Kirchner durante la misma jornada.
La Fiscalía considera que esa secuencia es una de las pruebas relevantes de su hipótesis de lavado de activos.
Máximo Kirchner, Lázaro Báez y los nombres de Santa Cruz que llegan al juicio
El proceso involucra a 19 acusados entre ambas causas.
Además de Cristina y Máximo Kirchner, aparecen Lázaro Báez, su hijo Martín, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, entre otros.
También está imputada Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y expresidenta de Hotesur.
El Tribunal Oral Federal 5 dispuso inicialmente dos juicios separados: Los Sauces comenzaría el viernes 23 de octubre y Hotesur el 19 de marzo de 2027.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si ambos expedientes vuelven a unificarse, como reclama el fiscal Diego Velasco.
Para el Ministerio Público Fiscal, las operaciones investigadas comparten protagonistas, empresas, movimientos de dinero y un mismo esquema presuntamente delictivo.
La defensa de Cristina Kirchner se opone a esa reunificación y advierte que podría afectar el desarrollo del proceso.
Santa Cruz, otra vez en el centro de una causa judicial nacional
La historia que llegará a juicio atraviesa algunos de los escenarios más conocidos del poder económico y político santacruceño de las últimas décadas.
Los edificios de Río Gallegos, los hoteles de El Calafate, las constructoras de Báez y las sociedades de la familia Kirchner conforman el núcleo de operaciones que la Fiscalía pretende demostrar ante los jueces.
A diferencia de la causa Vialidad, donde se juzgó la adjudicación irregular de contratos de obra pública, ahora se buscará determinar si existió un mecanismo posterior de lavado de dinero mediante negocios privados.
La pregunta que deberá responder la Justicia es si aquellos alquileres y contratos hoteleros fueron operaciones comerciales legítimas o parte de un sistema destinado a incorporar fondos ilícitos al patrimonio de la familia Kirchner.
Más de una década después de los primeros hechos investigados, Santa Cruz vuelve a ocupar un lugar central en un juicio de repercusión nacional. Y esta vez, además de la expresidenta, Máximo Kirchner enfrentará su primer debate oral como acusado.
La responsabilidad penal de los imputados en estas nuevas causas deberá establecerse durante el juicio, con pleno ejercicio del derecho de defensa.
Fuente: Nuevo Dia