La Cámara Federal de Casación Penal resolvió unificar los juicios por Hotesur y Los Sauces, que comenzarán el viernes 23 de octubre de 2026 ante el Tribunal Oral Federal N.º 5. Las investigaciones buscan determinar si existieron maniobras de lavado de activos mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias relacionadas con la familia Kirchner y empresarios vinculados con la obra pública. Santa Cruz tiene un lugar central en los expedientes por los establecimientos y propiedades
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces se realicen de manera conjunta a partir del viernes 23 de octubre de 2026. La Sala I revocó por mayoría la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 5 que había separado ambos debates y aceptó los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante.
La decisión tiene una particular relevancia para Santa Cruz: las dos investigaciones incluyen operaciones vinculadas con establecimientos hoteleros y propiedades de la familia Kirchner en la provincia. La acusación sostiene que, mediante contratos comerciales y alquileres, se habrían canalizado fondos de origen ilícito hacia sociedades y bienes vinculados con el grupo familiar; esa hipótesis deberá ser examinada durante el juicio, sin que implique una condena anticipada.
Hotesur: el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas
La causa Hotesur investiga presuntas maniobras relacionadas con la actividad hotelera y el funcionamiento de la sociedad Hotesur S.A., vinculada con establecimientos de la familia Kirchner. Entre los puntos centrales se encuentra la administración del hotel Alto Calafate y de la hostería Las Dunas, en El Calafate, a través de Valle Mitre, empresa relacionada con el empresario Lázaro Báez.
Según la hipótesis de la acusación, empresas vinculadas con Báez que recibieron contratos de obra pública habrían realizado pagos a Valle Mitre por servicios hoteleros. Los investigadores cuestionan si esos movimientos respondían a operaciones comerciales genuinas o si se utilizaron para dar apariencia legal a fondos de otro origen. La discusión incluye la relación entre los contratos hoteleros, la actividad económica de las empresas y los ingresos de las sociedades investigadas.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que en este expediente debe analizarse el uso de la actividad hotelera y la intervención de Valle Mitre como administradora y gerenciadora en la circulación de los fondos. La prueba que se produzca en el debate será determinante para establecer qué ocurrió con esas operaciones y qué responsabilidad, en su caso, corresponde a cada acusado.
Los Sauces: alquileres, inmuebles y operaciones comerciales
La investigación por Los Sauces S.A. tiene otro foco: los contratos de alquiler de propiedades vinculadas con la familia Kirchner y las operaciones inmobiliarias y hoteleras realizadas entre 2009 y 2015, según la acusación fiscal. En el expediente aparecen pagos de empresas relacionadas con Lázaro Báez y con el Grupo Indalo, vinculado con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Entre los bienes asociados a esta investigación se encuentran propiedades en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, además de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. También figura el establecimiento hotelero La Aldea de El Chaltén, cuya administración y explotación fueron incluidas en los antecedentes de la investigación sobre las operaciones de ambas sociedades.
La hipótesis fiscal plantea que determinados contratos de locación y pagos empresariales podrían haber servido para transferir fondos hacia el patrimonio familiar bajo la apariencia de negocios privados. La defensa de los acusados cuestiona las imputaciones y el proceso deberá permitir que se expongan y contrasten las pruebas de cada parte.
Por qué se decidió unificar los juicios
Las dos investigaciones comenzaron como expedientes separados: Hotesur en 2014 y Los Sauces en 2016. En 2019, la Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto su tramitación conjunta por las conexiones entre las personas investigadas y las maniobras analizadas.
En septiembre de 2026, el Tribunal Oral Federal N.º 5 había resuelto separar los debates. Consideró que los expedientes tenían objetos procesales propios y que la realización de dos juicios consecutivos podía facilitar la organización de las audiencias, dado el volumen de prueba y la cantidad de testigos.
La fiscalía cuestionó esa decisión porque, a su criterio, separar los procesos podía fragmentar la prueba y generar dificultades para evaluar de manera integral las operaciones investigadas. La UIF también pidió mantener un debate conjunto. Casación finalmente aceptó esos planteos por mayoría, con los votos de Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, mientras Alejandro W. Slokar votó en disidencia. (Fuente: Infobae y Ministerio Público Fiscal de la Nación).
Quiénes están acusados y qué deberá resolver la Justicia
Entre los principales acusados se encuentran Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de otros involucrados. La causa también tuvo instancias judiciales previas que modificaron su recorrido: en 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 5 había dictado sobreseimientos, pero Casación revocó esa decisión en 2023 y ordenó avanzar hacia el juicio, con la excepción de Florencia Kirchner, cuyo sobreseimiento quedó firme.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó en diciembre de 2024 los recursos extraordinarios de las defensas que buscaban frenar el avance hacia el debate oral. Esa resolución no determinó la culpabilidad de los acusados: dejó vigente la continuidad del proceso para que los hechos y las pruebas sean examinados en la instancia correspondiente.
La unificación prevista para el 23 de octubre permitirá que la acusación, las defensas y la querella expongan sus posiciones en un mismo proceso. Para Santa Cruz, el desarrollo del juicio será relevante por la dimensión local de los establecimientos y las propiedades examinadas, y por la relación que la fiscalía plantea entre parte de los fondos investigados y los contratos de obra pública vial ejecutados en la provincia.(El Diario Nuevo Día, sobre la base de información de Infobae y del Ministerio Público Fiscal de la Nación).