La querella denunció «lentitud exasperante» en el expediente que investiga el fallecimiento del trabajador.
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) dispuso una medida extraordinaria de superintendencia e inspección sobre los juzgados de Las Heras y Pico Truncado para auditar el expediente que investiga la muerte del trabajador minero Daniel Ochoa en el yacimiento Cerro Negro. La decisión, adoptada mediante la Resolución registrada en el Tomo CLXXIX, Registro 134, responde a las presentaciones de la querella, que denunció una «lentitud exasperante» en la tramitación de la causa.
La denuncia de la querella
Gisella Paola Ochoa, hermana de la víctima y querellante en el Expediente N° 39.478/24, presentó reclamos formales los días 21 y 28 de octubre ante el TSJ. En ellos denunció «dilaciones injustificadas» en la causa que investiga las circunstancias del fallecimiento de Daniel Ochoa, ocurrido en el yacimiento minero.
El TSJ consideró prioritario velar por la correcta y oportuna prestación del servicio de justicia, invocando el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 15 y 131 de la Constitución Provincial. En los fundamentos se remarca que «la inobservancia de los plazos judiciales afecta de manera negativa la confianza pública en la función jurisdiccional y menoscaba el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas de delitos».
El alcance de la inspección
La resolución encomienda al Juez de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial realizar una inspección general sobre los juzgados de Las Heras y Pico Truncado, con un relevamiento puntual del expediente. El cometido incluye:
Constatación del estado del trámite, con examen directo del expediente y certificación de la secuencia cronológica de las actuaciones.
Detección de dilaciones y paralizaciones.
Relevamiento de pruebas pendientes.
Informe circunstancial que deberá ser elevado al TSJ.
El documento enfatiza que la medida «tiene un carácter estrictamente administrativo y de control» y que la actuación debe circunscribirse a la constatación del estado del trámite, «resguardando de manera irrestricta la garantía de imparcialidad del magistrado». La intervención no implica emisión de criterio ni valoración sobre los hechos investigados, ni sobre las imputaciones o eventuales responsabilidades penales.
El acuerdo financiero que coincide en el tiempo
La medida del TSJ se conoce en simultáneo con un convenio firmado el 21 de octubre entre la Provincia y Oroplata S.A., titular del yacimiento Cerro Negro. El acuerdo establece un adelanto financiero de US$8 millones en concepto de regalías mineras futuras, con desembolso en pesos y devolución mediante descuentos sobre las regalías liquidadas en los meses posteriores, calculadas al tipo de cambio en dólares.
El instrumento fue rubricado por el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, y el ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez. El documento reconoce expresamente las dificultades financieras que atraviesa la gestión provincial, aunque no especifica el destino final ni la afectación específica que se dará a los recursos obtenidos.
El contexto
La coincidencia temporal entre la supervisión judicial por el fallecimiento de Daniel Ochoa y la negociación de fondos de regalías anticipadas ubica a Cerro Negro en el centro del debate público en Santa Cruz. Por un lado, el Poder Judicial busca garantizar el derecho a la justicia de los familiares y frenar la paralización de la investigación. Por el otro, la sociedad civil demanda claridad sobre el manejo de los recursos naturales y la sustentabilidad fiscal de la provincia.
La Vanguardia Noticias