Ayer se realizó la marcha contra la Corte Suprema de Justicia ante el Palacio de Tribunales en Buenos Aires, organizada, convocada y realizada por el kirchnerismo y sus colaboradores militantes, que resumen en pocas palabras el espíritu más antidemocrático del país y sintetiza la idea absolutista de un grupo golpista, disfrazados ideológicamente con atavíos pseudo izquierdistas, que solo persiguen una meta personal de CFK: cambiar la justicia, hacerla cuentapropista, poniendo los jueces que ellos quieren para tener una justicia militante, como forma de llevar a la práctica las palabras fascistas del General, cuando dijo “A los amigos todos, a los enemigos, ni justicia”.
La de ayer fue La Marcha de los Condenados. Su constitución fue un collage de deudores de la justicia. Corruptos, ladrones, mafiosos y cómplices, encabezaron este insólito pedido para que los jueces de la Suprema Corte renuncien y les permita a la mafia organizada, sustituirlos por los jueces del Instituto Patria.
En realidad, solo mirando a los integrantes del reclamo, pensando que el propio gobierno nacional con Alberto y Cristina a la cabeza, fueron los coautores de esta estrafalaria parodia “populista” cualquiera cae en la cuenta de que en realidad más que debilitarlos, fortalecieron en sus puestos a los magistrados, pues a nadie se le ocurriría que en medio de una democracia atada con alambre como la nuestra, los condenados (penal y socialmente) pidan que el máximo Tribunal quede vacío y sea ocupado por marionetas hechas a imagen y semejanza de “Justicia legítima”.
Como si fuera un muestrario de lo peorcito de la política nacional, un rejunte kafkiano de chorros, vagos y corruptos, se dio cita en la marcha, una mezcolanza de lúmpenes y marginales, imputados, procesados y condenados como (solo por nombrar algunos) Luis D´Elía y el juez de Tribunal Oral Criminal Juan Ramos Padilla, Pablo y Facundo Moyano, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Omar “Caballo Suárez”. Graciana Peñafort, Lorenzo Pepe, Mayra Mendoza, Amado Boudou Cristina Banegas y Luisa Kuliok, Hebe de Bonafini, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y del de Seguridad, Aníbal Férnandez y Juan Martín Mena, entre otros.
Organizaciones parásitas del Estado argentino, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la seccional Capital de H.I.J.O.S. y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros, fueron de la partida con la adhesión de los Moyano que se encolumnaron al Frente Sindical y se sumaron la CTA de los Trabajadores, ATE y la CTA Autónoma y otros sectores sindicales de menor importancia.
El Art Nº 22 de la Constitución Nacional dice, expresamente: “El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda Fuerza Armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de éste, comete el delito de sedición”.
Si estuviéramos en un país serio, todos estos lúmpenes que ayer ocuparon el espacio público, impidiéndole a la gente trabajadora llegar a sus casas y a sus tareas habituales, tras la meta ominosa, estúpida e irreconciliable con la razón, de pretender derrocar al máximo órgano de justicia de la República, con orden expresa y apoyo del gobierno de su mismo pelaje, deberían ir presos y ser juzgados por sedición junto con sus mentores ideológicos como la vicepresidente, el presidente y los habitantes antidemocráticos del Instituto Patria, incluyendo el renunciado jefe de la bancada K en la Cámara baja.
Pero este no es un país serio y nada ocurrirá al respecto, porque la oposición no es mucho mejor. Lo que todo esto demostró, es dónde están los buenos, respetuosos de la división de poderes y en qué lugar del universo político se esconden quienes marchan en defensa propia, para no ir presos o para seguir ilegalmente libres, aún al costo de destruir las instituciones.
La de ayer no fue una marcha popular, fue la marcha de los condenados; aquellos cuya libertad está hipotecada y solo han logrado un beneficio estrafalario y momentáneo y con fecha de vencimiento, que esperemos pueda revertirse cuando la sociedad comience a entender cómo es el mecanismo de selección que tiene en sus manos cada dos o cuatro años. (Agencia OPI Santa Cruz)