La Gerencia Provincial de Compras y Suministros de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) realizó el acto de apertura de la licitación pública para la obra del “Acueducto de la estancia Teresita a sala de bombas en Valle de Río Deseado, cisterna de captación y obras complementarias” en Pico Truncado.
Los sobres que se abrieron para conocer las propuestas de los oferentes pertenecen al segundo llamado de la licitación. Las firmas que presentaron sus propuestas económicas son Chimen Aike S.A. que cotizó por 1.347.188.911,11 pesos y Strella Construcciones por 978.877.834,28 pesos.
Chimen Aike S.A: CUIT: 30-70755202-2, Dirección: Peñaloza Nº 1664 (9400) Río Gallegos, Directorio (modificado en el año 2022), Presidente: Rubén David Aranda, D.N.I. 16.616.953, nacido el 23 de Noviembre de 1963, CUIT: 20-16616953-2, Vicepresidenta: Paula Gabriela Aranda Garrido, D.N.I. 34.295.043, nacida el 8 de Abril de 1989, CUIT: 23-34295043-4, Director Suplente: Víctor Martín Luna Garrido, D.N.I. 33.621.214, nacido el 11 de Abril de 1988, CUIT: 20-33621214-7.
En el año 2018 El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de 17 empresarios por defraudación y sospechas de sobreprecios en obras para el Yacimiento Carbonífero Río Turbio. La presentación fue realizada ante el juez federal Luis Rodríguez, en el marco de una causa anexa a aquella en la que está detenido el ex ministro de planificación federal Julio De Vido, por los 26.000 millones de pesos que giró el Estado nacional para obras y donde se registró un desvío del orden de los 260 millones de pesos.
En su dictamen, el fiscal advirtió que «muchas de las obras diagramadas en el Complejo Minero no se completaron» y consideró que se conformó «un complejo y millonario plan criminal, del cual derivarían al menos dos comportamientos diferenciados: una defraudación contra la administración pública y un peculado de bienes públicos».
La lista de imputados también la conforman integrantes de la empresa G&G Metalmecánica S. R. L., el socio gerente Gabriel Asenjo; de Chimen Aike S. A., Rubén David Aranda; de la empresa KRK Latinoamericana S. A., Alfredo Giménez y José Luis Zorrilla; de la empresa Kaeser Compresores Argentina S. R. L., Gustavo Ariel D Adamo; y de la empresa Cadexa Services S. A., Esteban Ruiz Coines.
El mismo año pero por la investigación de el pago de coimas a funcionarios públicos a cambio de obras fueron citados a indagatoria los empresario Paolo Rocca, principal accionista del conglomerado Techint, y a Marcelo Mindlin, importante empresario del sector energético, que compró la empresa Iecsa, de la familia Macri.
También citó a otros dos empresarios: Rubén David Aranda de la empresa Chimen Aike uno de los empresarios investigados por la defraudación en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y a Alberto Padoán, de la firma Vicentín, porque en los cuadernos de Centeno apareció la patente de un auto que se relacionó con esa empresa. En esta misma causa Paolo Rocca, CEO de Techint y uno de los empresarios más importantes de la Argentina, fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio en la investigación quedó corroborado el pago de coimas por parte de la empresa Techint a ex funcionarios del kirchnerismo para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.
Además, Bonadio procesó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y a su ex secretario privado Martín Larraburu, quienes admitieron haber recibido dinero de la recaudación ilegal aportada desde el ministerio de Planificación para utilizarla en campañas electorales.
El embargo de $4.000 millones también se le aplicó a Abal Medina y otros procesados entre quienes se encuentran Alberto Padoán (presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y vinculado a la firma Vicentín) y Rubén Aranda (de la empresa Chimen-Aike). En tanto, Claudio de Lassaletta -cuyo auto aparece relacionado a varios pagos de dinero-fue procesado por entregar dádivas y le trabaron un embargo por 30 millones de pesos. En la misma resolución en la que fue procesado Rocca, el juez determinó que no hay mérito para procesar ni sobreseer a los indagados en la causa Raúl Ibarra, Santiago Moresco, Miguel Ángel Marconi (de la firma Supercemento) y Guillermo Prokopiw (de Chimen-Aike).
Un empresario procesado y embargado por pagar coimas según la Justicia federal es uno de los oferentes y el otro no de queda atrás.
Acueducto Estancia Teresita ya había sido Licitada en Licitación Pública N° 30/SP/2022 cuyo objeto es el “Acueducto de Estancia Teresita a Sala de Bombas en Valle de Río Deseado, Cisterna de captación y obras complementarias-Pico Truncado», se ha presentado como único oferente la empresa Strella Construcciones. https://www.picotruncado.gob.ar/content/maimo-tras-la-licitacion-del-acueducto-desde-la-aguada-del-norte-trabajamos-para-los
El Concejal Muñoz (Rio Gallegos) pide corroborar si la citada empresa tiene alguna relación con la firma Carrizo Stella Maris, CUIT: 27-23826268-8, en razón de que «la misma se encuentra en concurso preventivo de acreedores, y en consecuencia estaría incumpliendo con las normas pertinentes del Reglamento de Contrataciones del Estado (art. 129° incs. f) y g), art. 139° y ccts. Del Decreto 263/82)», afirma el concejal.
El Intendente de Pico Truncado, Osvaldo maimó, destacó que se trata de “otra obra que se concreta dentro del plan de inversiones más grande de la historia de la ciudad”, y que potenciará el abastecimiento de agua por más de 15 años.
El concejal Pedro Muñoz quiere conocer porqué el municipio continúa adjudicando obras a Strella Construcciones empresa que en 2021 concentró obras por un monto de $1.300 millones, y según un edicto su responsable figura en un concurso preventivo. Además dese abril del año pasado la empresa no tributó al municipio ni figura con habilitación comercial. La última obra adjudicada es de mayo de este año por $ 55 millones para la intervención urbana de la Laguna Ortíz.
En la próxima sesión del Concejo Deliberante el concejal Pedro Muñoz, presentará un pedido de informes al Ejecutivo Municipal sobre la adjudicación de obras por más de $ 1.300 millones a la firma Strella Construcciones una empresa cuya responsable figura en un edicto de concurso preventivo.
En su proyecto el edil de la CC-ARI expresa que de la información publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz, surge que desde el año 2021 a esta parte, el porcentaje mayor de adjudicaciones en obras de construcción en Río Gallegos habría correspondido a la firma Strella Construcciones/ Carrizo Stella Maris, por un monto global de aproximadamente 1.300 millones de pesos.
Considera «el agravante que alguno de los responsables de dicha firma se encontraría en concurso preventivo, mediante expediente N° 8069/21 tramitado en el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil y Comercial de Río Gallegos», en referencia a Stella Maris Carrizo según consta en el Edicto de fecha 14 de marzo de este año. El domicilio legal de la empresa es Alfonsín 1047.
Para Muñoz, este episodio judicial «podría tenér implicancias tanto en la continuidad de las obras, como en el recupero de adelantos financieros,», señala.
La última obra adjudicada a Strella Construcciones corresponde a la Licitación Pública M.R.G. N° 13/22 “Intervención Urbanística Laguna Ortíz” convenio con I.D.U.V., publicada en B.O. N° 5651/22 de fecha 12/04/22, por un monto de $55.712.045,91 , cuya fecha apertura de sobres se realizó el 5 de mayo de 2022.
RÍO GALLEGOS.- Los concejales Pedro Muñoz, Daniela D’Amico y Leonardo Roquel pidieron la inhabilitación de la empresa Stella Maris Carrizo como proveedora del municipio en razón de que la constructora se encuentra en concurso de acreedores. Además solicitaron al Ministerio de Economía, el IDUV y al Municipio de Río Gallegos, los expedientes faltantes de las principales obras públicas que se están desarrollando en la capital santacruceña. Cuatro empresas concentran obras por $1.300 millones.
El concejal de la CC –ARI, Pedro Muñoz, junto a sus pares Daniela D’Amico y Leonardo Roquel del bloque UCR a través de la Ley de Acceso a la información Pública, pidieron al Municipio, el IDUV y el Ministerio de Economía, los detalles de las obras públicas municipales las que en su mayoría se ejecutan en convenio con el IDUV.
Es en razón de que una de las empresas, Stella Maris Carrizo, cuyo Cuit es el mismo que el de la firma Strella Construcciones se haya en proceso de concurso de acreedores, sin embargo el municipio, “le sigue otorgando obra pública, como por ejemplo la licitación privada N° 09/IDUV/2022 sobre la Renovación Integral- nueva alcaidía en Güer Aike, por $23.977.901,07, por lo que cabría la figura de administración fraudulenta en favor de un tercero “, señaló el concejal Muñoz.
Asimismo solicitan tanto a la intendencia como a la Subsecretaría de Contrataciones de la Provincia dependiente del Ministerio de Economía, la documentación obrante en los legajos del Registro de Proveedores (inscripción inicial/ renovación anual) de las empresas intervinientes.
De igual forma, los ediles requirieron tanto al intendente Pablo Grasso, como al Gobierno Provincial, «proceda a la inhabilitación como proveedora de prestaciones de servicios en el rubro de construcción con capacidad de obra en ingeniería y/arquitectura de la empresa Carrizo Stella Maris, que fuera renovada para el año 2022, por cuanto dicha firma se encuentra en concurso de acreedores», afirman.
Fuente: Truncado Informa.