Castigo simulado: 7 mil pesos a dos funcionario de Educación por no dar cuenta del servicio contratado de limpieza en las escuelas.
Santa Cruz tiene un récord (entre otros) de ser la provincia donde no existe (históricamente) ningún funcionario ni siquiera imputado de algún delito de corrupción, a pesar de la extensa lista que tenemos en nuestros archivos, sobre personas que han incurrido e incurren, en delitos de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito durante la función de gobierno o como funcionario provincial.
Quizás, uno de los motivos por los cuales ocurre esto en Santa Cruz, sea la falta de justicia (provincial y federal) y la complicidad de los organismos de contralor, específicamente el Tribunal de Cuenta de Santa Cruz, encargado de ser el aval entre el Estado y el pueblo, de que los recursos públicos se empleen bien o en su defecto, tras las auditorías respectivas, iniciar las acciones legales para castigar a quienes vulneren la ley, las reglamentaciones y las Directivas contables en todos los ámbitos.
Hoy encontramos uno de los elementos por lo cuales Santa Cruz, desde aquel juzgamiento a Ricardo del Val orquestado por Néstor y su banda, radical a quien eyectaron de la gobernación tras una denuncia que hoy resulta irrisoria, a la par de los delitos cometidos por los distintos gobiernos K, desde los ´90 a la fecha, no encontramos ningún funcionario provincial mínimamente investigado por la justicia y los que han sido “investigados” por la calidad de su delitos (caso Daniel Varizat), nunca fueron castigados y los juicios han sido una parodia de la propia justicia.
Para no creer, pero créalo
De acuerdo al documento que llegó a nuestras manos, el Tribunal de Cuenta por Resolución Nº 477-T.C.-21, de fecha 1º de diciembre del 2021, intimó a los funcionarios de Educación de la provincia Pablo Ruiz Secretario de Coordinación Administrativa y la Sra. Andrea Verónica Graves, Directora Provincial de Administración Presupuestaria y a la propia Presidente de Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, a que en el plazo de 15 días hagan efectiva la presentación de la documentación oficial relacionado con irregularidades graves, encontradas en las contrataciones.
Esto implica, lisa y llanamente, que los funcionarios aludidos y el CPE como institución debía obedecer una orden del máximo organismo de contralor de la provincia. No lo hicieron. Nunca el Consejo Provincial de Educación tuvo interés ni voluntad de cumplir la orden del Tribunal de Cuentas.
Y acá viene lo grave. Como respuesta al incumplimiento del requerimiento formal de rendir la documentación respectiva, referida a la forma, montos, conceptos, modalidad, plazos, adjudicatarios y demás aspectos de la contratación de la/las empresas de servicio dedicadas a la limpieza de las escuelas en la provincia de Santa Cruz, el Tribunal de Cuenta, donde inclusive el TC encontró faltante de documentación respaldatoria, fijó como máxima punición, una multa de $ 7.000,00 para la señora Verónica Graves y Pablo Ruiz, quienes simplemente no acataron la orden de dar cumplimiento a la ley.
En el texto de la intimación el TC resume la obligación de los funcionarios pública transcribiendo “Todos los funcionarios y magistrados de la Provincia, están obligados a suministrar al Tribunal dentro de los plazos que él señalare, los informes, antecedentes, documentos originales o copias autenticadas y comprobantes que solicitare….”
Y recuerda “El Artículo 19° Incisos d) y el de la Ley N° 500. prevé la aplicación de multa en caso de transgresiones a disposiciones legales o reglamentarias o de falta de respeto o desobediencia a sus Resoluciones” .
Camino a la impunidad
OPI entrevistó a Yanina Gribaudo, Vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, quien ante este hecho señaló su total desacuerdo por cuando no es la primera vez que el Cuerpo (mayoritariamente oficialista) elude la adopción de medidas más drásticas para castigar y/o denunciar a quienes cometen delitos durante la función pública.
“La multa es tan irrisoria que los funcionarios prefieren pagarla que cumplir con la ley”, dijo Gribaudo y agregó “Los funcionarios provinciales hacen caso omiso a las leyes, esconden información. Esa clase de funcionarios son los que están formado lo más importante, el futuro de nuestros niños, el futuro de nuestra provincia.”
Obviamente que el argumento oficial, cuando se plantean estas inequidades es “Es lo que marca la ley”, sin embargo, es un argumento absolutamente falaz, por cuanto si los diputados (mayormente oficialistas) desearan que el cumplimento de los funcionarios fuera real y objetivo, impondrían multas realmente importantes, aunque surjan exageradas, que no les diera opción de incumplir lo ordenado. Pero eso no ocurre, precisamente, porque el sistema está armado para lograr aplicar estos ardides que a la luz aparezcan como “legales”.
Con respecto a cuáles son los caminos que quedan por delante, la Vocal señaló las limitaciones que tiene en este momento para plantear una denuncia penal, dado el procedimiento interno del Tribunal de Cuentas, el cual debe respetar. No obstante señaló “Ni bien esté habilitada haré la denuncia penal, pero como siempre en total soledad, porque nadie en el organismo va a acompañarme, como ha ocurrido en otros temas”, confluyó Gribaudo. (Agencia OPI Santa Cruz)