Así lo determinaron los investigadores de la Justicia Federal en ese distrito, a partir del análisis de la información recabada hasta ahora. Se sospecha el posible desvío de fondos a ex funcionarios y familiares.
Cooperativas de trabajo vinculadas a las mismas personas que funcionaban como “empresas de un mismo holding”, contratadas por el Municipio de Quilmes sin que esas contrataciones estuvieran “debidamente justificadas, ni por las necesidades del trabajo ni por los montos”. Esta conclusión preliminar se desprende del entrecruzamiento de datos recabados, hasta ahora, por los investigadores judiciales en el expediente que tramita en la Justicia Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo.
La causa investiga desde hace dos meses las posibles irregularidades en los pagos por $671 millones a cooperativas y empresas vinculadas a funcionarios, ex funcionarios de ese Municipio y alleagdos, a partir de una publicación del sitio El Disenso. Se abrió a partir de una “autodenuncia” de la propia intendenta, la camporista Mayra Mendoza, quien se presentó ante la Justicia Federal de Quilmes a través de un abogado del Municipio, y pidió que “se investigue la denuncia de un portal periodístico que pretende divulgar información falsa y maliciosa”. En el expediente aumenta, semana a semana, la información recabada, y hay un abanico que se viene ampliando de personas, sociedades. cooperativas, movimientos de dinero y bienes bajo análisis.
Están imputados, hasta ahora en la Justicia Federal de Quilmes, la propia intendenta, ya que fue quien firmó los decretos de las contrataciones directas con las cooperativas; el ex subsecretario de Hábitat de su gestión, Sebastián Raspa; el también ex funcionario del Municipio de Quilmes Martín Bordalejo; y el empresario local José Alejandro Scozzari. La carátula de la investigación lleva los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.
“Los expedientes municipales que dan origen a los decretos firmado por Mayra Mendoza son desprolijos en cuanto a necesidades, plazos y montos, y no está justificado por parte del Municipio el motivo de la contratación de esas cooperativas. En su mayoría con para tareas de limpieza, cortado del pasto o mantenimiento general, tareas que luego de un tiempo son incomprobables. No se trata de reparaciones, por ejemplo de un techo, con un requerimiento verificable detrás”, le dijo una fuente judicial a Infobae. Diferenció estas contrataciones de las realizadas por Aysa para realizar obras, que tenían un estudio técnico previo.
Parecería más bien una maniobra para sacar fondos del Municipio, de los cuales luego una parte iba al bolsillo de los involucrados, y otra quizás retornaba a la política”, deslizó la fuente con acceso a las pruebas que hay en el expediente hasta el momento. “Hay contrataciones en las que las tres cooperativas que se presentan para justificar el monto adjudicado de forma directa están vinculadas a la misma persona”, agregó, en referencia a Bordalejo.
La intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró en un video que publicó en la redes que las acusaciones en su contra eran “noticias falsas”, y definió las publicaciones periodísticas como una “operación mediática que busca generar odio y violencia contra el kirchnerismo”. También desmintió la acusación “de hacer pagos a cooperativas que no trabajan”. Explicó que las contrataciones con cooperativas para tareas de mantenimiento del municipio se hicieron porque, cuando llegó, había solo 23 personas para esas tareas y decidió mantenerlas. “Se hicieron respetando los procedimientos administrativos”, aseguró. Y agregó que esas cooperativas trabajaban en el Municipio desde 2009.
Sin embargo, fuentes de la anterior gestión encabezada por Martiniano Molina, del PRO, señalaron a Infobae que las tareas de limpieza de espacios públicos y de mantenimiento urbano eran realizadas mayormente por los empleados del Municipio, unos 2.000, y no por cooperativas contratadas bajo su intendencia. Y dieron precisiones sobre la dotación de cada una: Higiene Urbana, 210 empleados municipales; Recolección de Residuos, 900; y Servicios Públicos, otros 900, incluido el personal de 7 delegaciones, Parques y paseos, alumbrado, agua y saneamiento. “Nos manejamos los recuros que maneja ahora la gestión de Mayra Mendoza. Las cooperativas tuvieron durante nuestro mandato proyectos muy puntuales y casi no teníamos manejo sobre ellas”, se despegaron cerca de Molina.
Las cooperativas beneficiadas
Las cooperativas de trabajo involucradas en la maniobra bajo sospecha están, en su mayoría, vinculadas a Bordalejo. Hasta mayo del 2020, fue jefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales de Quilmes y se convirtió, en la gestión de Mendoza, en uno de los principales beneficiados, a través de las cooperativas que controla, de los fondos otorgados por el Municipio provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De profesión abogado, también fue tesorero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) hasta el 2021.
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