El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz rompió el silencio y expuso públicamente una situación que, hasta ahora, se manejaba entre pasillos: una crisis institucional sin precedentes, marcada por la intromisión política, la presión directa sobre los jueces y un ahogo presupuestario deliberado.
En un comunicado oficial, los miembros del máximo tribunal —René Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta— advirtieron sobre una serie de acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial y avaladas por la Legislatura, que ponen en jaque la independencia del Poder Judicial y la estabilidad democrática en la provincia.
Una jugada política que desató el conflicto
Todo comenzó con la sanción de la Ley 3949, que amplió de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Aunque los jueces aclararon que no cuestionan la potestad legislativa de modificar la ley, lo cierto es que el proceso posterior derivó en una serie de maniobras irregulares y desobediencias judiciales que encendieron las alarmas.
Una medida cautelar había ordenado suspender el tratamiento de las ternas de nuevos jueces, pero el Ejecutivo y la mayoría legislativa ignoraron la orden judicial. Pese a las notificaciones formales, los funcionarios avanzaron en la designación y jura de los nuevos vocales, en un claro acto de desacato institucional.
El gobernador y referentes de su espacio político, lejos de acatar la ley, acusaron al juez que dictó la medida y llegaron a decir públicamente que “debería estar preso”.
Desacato, presiones y denuncias penales
El accionar del oficialismo derivó en denuncias penales por desobediencia, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. A esto se sumó un clima de hostigamiento hacia los miembros del Tribunal: declaraciones ofensivas de funcionarios, amenazas de juicios políticos y hasta insinuaciones de intervención federal del Poder Judicial.
“El problema no son internas palaciegas, sino el desconocimiento del sistema republicano de división de poderes”, advierten los jueces en el comunicado. Y agregan que esta situación se ve agravada por la ausencia total de diálogo institucional con el gobernador, quien jamás se reunió con todos los miembros del Tribunal desde el inicio de su gestión.
El poder político contra la Justicia
No se trata solo de presiones personales. El Ejecutivo también impulsa una política de asfixia económica: el presupuesto judicial fue recortado un 38% en 2025 y se proyecta un 31% menos para 2026. Sin fondos para infraestructura ni tecnología, el TSJ declaró la emergencia edilicia e informática.
“Reducir el presupuesto judicial es una forma de condicionar la independencia de los jueces”, sostienen los magistrados, que remarcan que, aun en ese contexto, siguen garantizando el servicio de justicia “con la austeridad y equilibrio de siempre”.
Una advertencia que trasciende Santa Cruz
El comunicado generó repercusiones nacionales. Organismos como el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores de la República Argentina respaldaron la posición del Tribunal y recordaron la importancia de preservar la independencia judicial como pilar de la democracia.
Lo que ocurre en Santa Cruz no es un hecho aislado: es un síntoma de una deriva autoritaria, donde el poder político intenta colonizar a la Justicia y eliminar cualquier límite institucional.
Los jueces hablaron, y lo hicieron con claridad: “Estamos obligados legal, moral y éticamente a que se respeten las mandas judiciales”.
Mientras tanto, el silencio del Ejecutivo y el avance de proyectos que siguen alterando la estructura del Poder Judicial revelan una intención de fondo: consolidar un control absoluto sobre las instituciones.
Santa Cruz, una vez más, se convierte en el espejo incómodo del país.
La pregunta que queda flotando es simple, pero urgente:
¿Hasta dónde está dispuesta a tolerar la sociedad santacruceña que se manipule la Justicia?