La carga tributaria directa e indirecta implica alrededor del 44% del costo financiero total (CFT) de los préstamos.
En un contexto de contracción del crédito y de intentos del Gobierno Nacional por reactivar el consumo, los bancos privados reclamaron una baja de impuestos. La carga tributaria directa e indirecta implica alrededor del 44% del costo financiero total (CFT) de los préstamos. Es decir, de cada $ 1.000 de intereses que una persona paga por un crédito, $ 440 corresponden a impuestos, mientras que $ 560 son la tasa de interés pura.
Esos datos fueron difundidos por un informe que realizó el Ieral de la Fundación Mediterránea, encargado por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba). En un comunicado, las entidades subrayaron que Argentina tiene el menor grado de bancarización de la región –el 10%– medido como porcentaje de los préstamos bancarios sobre el PBI.
“Necesitamos imperiosamente crecer en los volúmenes de inversión y financiación para alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenido, generando empleo de calidad. Quien decide tomar un crédito, sea una persona o una empresa, paga una gran cantidad de impuestos o tributos de distintas jurisdicciones (nacional, provinciales y municipales) que encarecen el costo financiero total de la operación”, expresaron.
Si una empresa toma un crédito con una tasa de interés del 40% anual, terminará pagando un CFT de 52%, es decir 12 puntos porcentuales de impuestos. La situación es aún peor para los créditos al consumo, donde si no se descarga el IVA el CFT es de 57% o con 17 puntos porcentuales de impuestos. Esta fuerte carga adicional se da tanto en créditos de corto plazo como en los préstamos personales y también en los de mayor plazo como hipotecarios.
“Creemos que es fundamental establecer políticas que permitan tanto a las personas como a las empresas pequeñas, medianas y grandes acceder al financiamiento”, aseguró Claudio Cesario, presidente de ABA.
“El sistema financiero está en condiciones de ser uno de los puntales del crecimiento y la inclusión financiera. Ello requiere políticas consistentes con esos objetivos, entre ellas un esquema tributario, en todos los niveles de gobierno, que aliente el crédito a personas y empresas”, opinó Javier Bolzico, presidente de Adeba, a diario Pefil.
A los impuestos nacionales y provinciales se suman los que cobran las intendencias. Un caso paradigmático es Lomas de Zamora. A pesar de que su alícuota efectiva es solo de 3% y que recae sobre el spread bancario, presenta un monto mínimo mensual muy alto (más de $ 2 millones por sucursal bancaria) y, además, cuenta con un adicional del 10% sobre el monto pagado del tributo y un monto fijo de $ 227.540 por contar con hasta tres cajeros adicionales.
“En relación con los datos suministrados por algunas sucursales bancarias del municipio, surge una tasa efectiva de 82,3% si se consideran como base imponible los ingresos de la entidad”, concluye el informe de Ieral.
El Banco Central emitió un comunicado informando que las entidades financieras y los prestadores de sistemas de pagos deberán generar en sesenta días un código QR que identifique las cuentas de sus clientes comerciales. El objetivo es que puedan recibir en forma simple y rápida transferencias inmediatas o pagos con transferencias.
Las cuentas corrientes en entidades financieras y las cuentas de pago de los PSP, cuyos titulares sean personas jurídicas, deberán ser identificadas ahora también por un código QR. Cabe recordar que, hasta el momento, tenían como códigos de identificación un número de CBU/CVU y un alias. De esta forma, los usuarios de billeteras virtuales podrán leer el código QR desde su aplicación y realizar transferencias o pagos en forma virtual, que se enmarcan en el sistema de transferencias 3.0.