El gobierno desarticuló el negocio del agua en Caleta Olivia. Fue un nicho de corrupción en SPSE desde hace años. ¿Ya están realizadas las denuncias penales?.

El Gobernador Claudio Vidal ordenó desbaratar el negocio ilegal de venta de agua potable en Caleta Olivia, un hecho que hemos denunciado y relatado al detalles en varios informes a lo largo de 15 años, sin que nadie tomara cartas en el asunto aunque actuando con el Código y las pruebas, era suficiente y necesario para desvincular a los funcionarios corruptos de ese abuso de poder que por tantos años imperó en Caleta Olivia alrededor de la falta de agua potable, sin duda un problema que nunca se resolvió para hacer rentable la empresa de acarreo y venta de agua potable a la ciudadanía, una corrupción que a lo largo de estos años tiene nombre y apellido y el kirchnerismo cómplice de su militancia, nunca denunció ni apartó de esos kioscos ilegales en la ciudad de El Gorosito.

A pesar de las buenas noticias sobre el desbaratamiento de esta red de corrupción en zona norte, hay un paso que Claudio Vidal, hasta el momento, no ha dado: la denuncia penal sobre quienes recae la responsabilidad de semejante accionar deleznable, trámite fundamental para completar esta sana medida de aniquilar este negocio obsceno que ha jugado con la necesidad de la gente de esa ciudad, que en la última elección decidió cambiar el voto y eliminar de la lista a los reincidentes de siempre llámese Cotillo, Córdoba y Cia.

En una mesa con el gobernador, intendente, sindicatos y el presidente de Servicios Públicos, estuvo sentado el Gerente de SPSE zona norte Alejandro Mamani, quien, evidentemente, no se ve involucrado en el negocio o así lo entiende el gobernador, por cuanto a pesar de ser el máximo responsable de conducir la empresa en Caleta y llevar un semestre al frente, sigue en funciones luego de la denuncia pública, cuando es el personal a su cargo quienes vienen cometiendo desde hace mucho tiempo, esta acción de comercializar ilegalmente el agua potable.

Recordemos que este escándalo eclosiona en este momento, debido a las fuertes críticas y quejas de los vecinos quienes se han sentido estafados por Servicios Públicos desde donde claramente se creaba la necesidad para luego hacer el negocio de la venta domiciliaria de los camiones conducidos por gente conocida, se pagaba a “empresarios” que todos saben quiénes son y además, los vecinos conocen a cada uno de los que se encuentran detrás de este lucrativo negocio de vender agua desde la propia empresa que presta el servicio.

Vidal dio cuenta de la existencia de “una organización dedicada a robar agua potable, para venderla en forma privada, afectando a la población“. Dicho esto el gobernador tiene acciones muy claras para llevar a cabo: exonerar a los responsables, investigar a fondo las complicidades en SPSE, incluyendo en la central en Río Gallegos y presentarse a la Justicia, a través del Fiscal de Estado y realizar la denuncia penal contra todos y cada uno de los involucrados.

Si como ha hecho hasta ahora, solo se trata de una denuncia pública, el gobernador no tiene intenciones de cambiar la matriz de la corrupción, sino solamente sacar a las personas que lo venían haciendo y cambiar el negocio de manos.

Una ayudita al gobernador

El 4 de mayo de 2019, aunque desde mucho años antes veníamos revelando este negocio del agua en Caleta, publicamos una investigación a través de un informe del Tribunal de Cuentas, donde estaba perfectamente detallado el mecanismo de SPSE. Y relacionado con ese informe vamos a reproducir la última parte del mismo:

La falta de agua en Caleta Olivia, también genera un nicho de oportunidad para algunos que aprovechan la emergencia para hacer buenos negocios. Esto, aunque parezca brutal e insólito, podría ser el fundamento de por qué el tema del agua en Caleta nunca fue una prioridad de los sucesivos gobiernos provinciales. Las fuentes siempre aseguraron que si la provisión de agua se soluciona, hay una cadena de facturación que se caería alrededor en una solución definitiva para el acueducto.

Una de las contrataciones directas que pudimos observar por parte de Servicios Públicos Sociedad del estado es la establecida en el Expediente Nº 85.236/17 para contratar un camión cisterna para proveer de agua a instituciones públicas en medio de la emergencia hídrica.

La empresa le pagó al transportista Pedro Alejandro Brelis, la suma de $ 420.000,00 por la provisión, durante 6 meses, de agua para el Hospital Zonal Pedro Tardivo y las escuelas de la ciudad, repartido en cinco facturas de $ 70.000,00 cada una.

Lo grave de la observación del TC es que SPSE no posee ni presentó el instrumento legal que aprobara dichos contratos ni se presentaron las autorizaciones correspondientes para efectuar los pagos. Además, por el pago de la última cuota nunca fue presentada la documentación que comprueba dicho pago.

Las facturas abonadas son: F. Nº 009 del 11/10/17; F. Nº 010 del 10/11/17; F. Nº 011 de fecha 01/12/17; F. Nº 012 de fecha 05/01/18 y F. Nº 014 del 01/03/18, todas por $ 70.000,00 cada una.

Nótese que de acuerdo a lo que infieren los números correlativos de las facturas (cinco facturas Nº 9/10/11/12 y 14) éstas fueron extendidas en un plazo de 6 meses. Es decir, Pedro Alejandro Brelis generó facturación solo para SPSE.

Recordemos que la contratación fue directa y no existió de parte de SPSE ningún tipo de concurso de precios ni de licitación y tampoco de autorización.

Como en el caso de Distrigas SA que venimos informando en este mismo espacio, la pregunta sería ¿Nadie en Caleta Olivia tiene camiones cisternas en condiciones de transportar agua? ¿Durante seis meses, de manera permanente y consecutiva, Brelis transportó agua al hospital y las escuelas (las cuales además no se especifican)? ¿No hubiera resultado más económico contratar el servicio de transporte cuando se produjera el problema y no extenderlo durante 6 meses, siendo que durante ese tiempo hay lapsos (mayoritariamente) en los cuales el servicio de agua de red es relativamente normal?. ¿Alguien ha denunciado penalmente estos evidente negociados que se generan dentro de SPSE al amparo de una necesidad social como la falta de agua?. Los aumentos mensuales de hasta el 25% traen mes a mes las facturas de SPSE a los vecinos ¿Se podrían reducir si se robara menos en la empresa y/o alguien controlara y denunciara a sus ejecutivos ante la justicia?.

Sin denuncia penal no hay transparencia

El Vicegobernador Fabián Leguizamón ha hecho punta en esto de denunciar penalmente los ilícitos encontrados en el gobierno. Se ha sacado la foto en la mesa de entrada de los juzgados, denunciando con nombre y apellido a los presuntos corruptos y en su comunicación personal, ha detallado y/o publicado esa denuncia penal, donde se puede leer a quién va dirigida, los motivos y la investigación que solicita.

De parte del Gobernador Vidal estamos esperando las denuncias penales contra Pablo Grasso y hermana por la corrupción en el IDUV, la del Contador Ignacio Perinciolli por los manejos financieros irregulares, de la propia Alicia Kirchner y tantos funcionarios a los que ha acusado de chorros públicamente, pero no ha denunciado ante la Justicia como debe hacer un Gobernador que resalta la transparencia como un atributo de su gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)