Son registros del Ministerio de Desarrollo Social por maltrato o cobro de aporte; los dirigentes reconocen que se quedan con una parte para sostener los comedores y mantener su “autonomía política”
El tema parece haberse instalado en la opinión pública. Y no lo agitan solamente los sectores más radicalizados de la oposición, con el legislador libertario Ramiro Marra y su Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) a la cabeza. La acusación de que, para financiarse, los movimientos sociales “se aprovechan” de los beneficiarios de programas al quitarles una parte de sus ingresos, es también reproducida hasta por figuras cercanas al Frente de Todos, como el dirigente social Luis D’Elía o Hebe de Bonafini.
Lo cierto es que, según información oficial a la que tuvo acceso LA NACION, hasta este fin de semana, el Ministerio de Desarrollo Social registró alrededor de 5.000 denuncias contra las organizaciones de parte de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que solicitan cambiar de unidad de gestión para la que contraprestan. Los motivos irían desde situaciones de maltrato hasta irregularidades con las tareas a realizar, pasando por exigencia de cobro de aportes o amenazas de baja si se niegan a ir a marchas.