En medio de la denuncia penal contra el candidato a diputado nacional de Kirchnerismo, Juan Carlos Molina, acusado por trata de personas, explotación, falsificación de documentos y asociación ilícita, el Ministerio de Educación del Chaco a cargo de Sofía Naidenoff, desmintió de manera categórica al exsacerdote y a la presidenta de la Fundación Valdocco, Valeria Gómez, quienes habían asegurado que los niños y adolescentes trasladados desde comunidades wichis del Impenetrable chaqueño hasta la provincia de Santa Cruz contaban con certificaciones escolares emitidas por la cartera educativa chaqueña.
Cabe señalar que la denuncia fue presentada en el Juzgado Federal de Caleta Olivia en octubre.
PRUEBAS RELEVANTES
En este marco, se presentó como pruebas los anexos con inspecciones, nóminas comparativas, recibos de haberes, decreto 1410/21, informes oficiales del Chaco, actas judiciales, y notas del Ministerio de Desarrollo Social que ordenan suspender los fondos para más de 80 personas de la fundación Valdocco por percibir doble sueldo en ambas provincias.
Según consta en la denuncia penal, la propia Gómez declaró ante funcionarios provinciales que “las certificaciones son a través del Ministerio de Educación del Chaco”. Sin embargo, la ministra chaqueña desmintió esa afirmación y confirmó que no existe ningún convenio, registro ni validación oficial vinculada a esos menores o al programa impulsado por la Fundación Valdocco.
El documento judicial describe un presunto esquema de captación, traslado y retención de menores por parte de Molina y Gómez. Los niños fueron trasladados más de 2.600 kilómetros desde sus hogares en el norte chaqueño hasta un predio rural de Cañadón Seco, Santa Cruz, denominado “Casa Pibes de la Patagonia”, sin autorización judicial válida, sin registros ante la CNRT y sin constancia del medio de transporte utilizado.
Una vez en el lugar, los menores fueron alojados en condiciones inhumanas, sin infraestructura sanitaria, educativa ni de seguridad, y conviviendo con adultos en rehabilitación por consumo de drogas y alcohol. La situación fue calificada como de riesgo extremo para la integridad de los niños.
La denuncia también advierte irregularidades administrativas: Molina habría solicitado fondos estatales para 220 menores, pero una inspección oficial constató solo 82 jóvenes alojados, lo que revela sobredimensionamiento de nóminas y posible malversación de recursos públicos.
