Tras la firma del convenio con las Fuerzas Armadas y el ministerio de Salud y Ambiente para ampliar la capacidad del sistema sanitario en el contexto de la pandemia en Santa Cruz, se sembró un manto de sospecha ante los pedidos de informes del Concejo Deliberante de Río Gallegos sobre el servicio que presta el Hospital Militar y la tecnología con la que cuenta.
Cualquier cuestión que genere un manto de sospecha hay que aclararlo. El funcionamiento de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Militar a cargo del Director General Coronel Benito Romano no cumpliría la función de Unidad de Cuidados Intensivos. Por el contrario, se trataría de un negocio millonario funcional a una campaña electoral encubierta, que involucra nada menos que al Ejército Argentino y al Gobierno provincial.
El evidente funcionamiento defectuoso e incorrecto del Hospital Militar es responsabilidad compartida por múltiples actores en la salud pública que deriva en la omisión y mal ejercicio de las facultades por parte de la autoridad sanitaria provincial a cargo del Dr. Claudio García, y del director Médico del Hospital Regional Río Gallegos, Mauricio Fernández.
Ambos actores aceptan participar de la apertura del nosocomio y exponen a la población a un daño inconmensurable, por presunta “negligencia” en el ingreso de pacientes críticos por Covid-19 a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde están en falta los aparatos tecnológicos y la asistencia de un equipo de profesionales de la salud especialmente entrenados.
En medio del escenario actual de emergencia sanitaria, el personal médico y el de enfermería son contratados por una empresa que rotan cada semana. A su vez, tampoco hay un Coordinador Médico de UTI, lo que constituye una falta de comunicación, coordinación y logística del hospital.
La inversión insuficiente conlleva a una total falta de personal especializado para cubrir las necesidades en el centro de emergencia y tiene un impacto devastador en la sociedad santacruceña con un sistema de salud inadecuado para hacer frente a la pandemia.
Los médicos contratados del Hospital Militar manifiestan que el nosocomio no tiene los recursos humanos, materiales y tecnológicos y recomiendan a familiares que los pacientes sean trasladados al Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG). Es de público conocimiento que el hospital no cuenta con un tomógrafo, ni la logística para pacientes críticos con Covid-19.
Todas estas circunstancias inciden decisivamente en la configuración de la responsabilidad estatal y los daños que pueden derivarse de la omisión de ejercer la tarea de control o sus deberes de fiscalización.
Por su parte, el Coronel Benito Romano, director General del Hospital Militar de Río Gallegos, confirmó que a fines de abril se rubricó el convenio. “El mismo estaba próximo a su vencimiento por lo que hemos hecho una prórroga tomando la previsión de que todavía, si bien ha empezado a bajar un poco, no ha bajado el pico de casos. Tomamos la previsión de mantener hasta el 31 de diciembre este convenio de apoyo mutuo entre el Hospital Militar y el ministerio de Salud y Ambiente de la provincia”, expuso.
Si bien, el ministro de Salud, Dr. Claudio García, agradeció a toda la línea de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad por el apoyo brindado al Estado Provincial en cuanto a la salud, resulta inexplicable que no hayan iniciado el proceso de destitución por el daño a la población producto de su deplorable gestión.
Fuente: Patagonia al Mundo.