Mientras el Intendente Pablo Grasso promociona el Turismo Carretera en Punta Arenas, Chile, acá en Río Gallegos, donde le toca gestionar, su personal de Tránsito municipal practicaba el TC en las calles de la ciudad en horas de la madrugada del domingo, corriendo a más de 100 Kms con un móvil oficial, supuestamente persiguiendo a un infractor y chocaron en la esquina de Mariano Moreno y San Martín con un tercero, matando al conductor del vehículo menor, Rodrigo Oyarzo, mecánico de profesión y levemente herida a la mujer que lo acompañaba.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se sabe bien por qué ese móvil de Tránsito municipal corría por las calles de la ciudad, pasando semáforos en rojo, excepto que por la irresponsabilidad del personal que lo conducía, provocó la muerte de un inocente y de no ser por la hora (04:00 de la madrugada) podría haber arrollado a más gente, especialmente a peatones, dado que esa esquina es muy transitada.
La municipalidad de Río Gallegos salió rápidamente a dar las condolencias, a decir que se instruye sumario interno y a poner un escudo protector entre la opinión pública, la familia del joven Oyarzo y la gestión de la titular de Tránsito Municipal; Bárbara Biot, quien todavía no renunció a su cargo.
Pablo Grasso, más preocupado por la mala prensa, en virtud de su candidatura política, que por develar los hechos acontecidos, simula proactividad alrededor de este grave suceso que es atinente a su administración y así como todos los bienes municipales y carteles del municipio, llevan la leyenda “Gestión Grasso”, este hecho en particular debería renombrarse como tal, dado que una de sus más altas funcionarias en el área de Tránsito, no imparte debidamente las órdenes, no controla o no sabe conducir un sector tan sensible y con tanta cercanía con el vecino.
Ningún empleado en Tránsito municipal debería perseguir a nadie, dado que para hacerlo se debe estar debidamente instruido en un tipo de manejo especial y además de saber hacerlo en la calle, a cualquier hora, se debe disponer de muchos móviles repartidos estratégicamente en la ciudad, coordinados y enlazados por radio, lo cual le permita a los efectivos no perseguir al infractor, sino simplemente interceptarlo en alguna calle o si el peligro es inminente, tomar datos, fotos, y/o videos del vehículo y luego ubicarlo.
El hecho de que una camioneta de Tránsito salga corriendo a un particular en medio de esta capital, es un delito, pues precisamente el personal de esa área, que supuestamente debe estar en conocimiento de los peligros que acarrea traspasar semáforos en rojo a más de 100 kms/h, no puede bajo ningún punto de vista infringir esa norma básica que punitivamente es tan o más grave que manejar alcoholizado.
Sin embargo, hay un detalle no menor, en el que se pueden centrar los defensores de los agentes involucrados en este crimen: no hay una prohibición formal de persecución en las calles de Río Gallegos y de hecho, una Ordenanza de la oposición fundando la necesidad de inhibir al personal de Tránsito municipal para hacer persecuciones en la ciudad, nunca fue tratada y menos aprobada por los concejales que responden al intendente Pablo Grasso, quien hoy, sobre los hechos consumados, solo atina a pedir disculpas, “ponerse al lado de la familia” (SIC) y dar sus condolencias, pero no hizo nada para prevenir las consecuencias de esta fatalidad que se podría haber evitado, con solo usar el criterio y la racionalidad. Ahora es tarde. (Agencia OPI Santa Cruz)