La denuncia la formuló una trabajadora de planta del Ministerio de Trabajo Filial Pico Truncado contra el Director Regional Zona Norte del Ministerio de Trabajo Carlos Aparicio y su subalterno Víctor Reynoso . Los acusan de persecución laboral, abuso de facultades y discriminación dentro de áreas que dependen del Ministerio de Trabajo en la localidad de Pico truncado.
Se dio a conocer que los funcionarios involucrados son funcionales al Ministro de Trabajo Teodoro Camino.
Carlos Aparicio integra la lista que lleva a Gustavo González como candidato a Diputado Nacional y ocupa el tercer lugar en la misma.
Cabe resaltar que de acuerdo a la Ley de paridad de Género si Gustavo González, en caso de resultar electo, no asumiera o renunciara a la banca el sucesor es el tercero en la nómina y este es Carlos Aparicio.
La denuncia realizada en contra de Carlos Aparicio y Víctor Reynoso ambos con cargos políticos del Ministerio de Trabajo fueron designados por el Ministro Camino y estos a su vez denunciados por “REINCIDENCIA en la NEGACIÓN DE TAREAS DE MAYOR FUNCIÓN-PERSECUCIÓN LABORAL-DISCRIMINACIÓN” según consta en al acta (Arriba).
De acuerdo a los dichos de una fuente calificada las denuncias radicadas en el Ministerio de Trabajo en Río Gallegos duermen el “sueño de los justos” por orden del Ministro Teodoro Camino.
Carlos Aparicio en plena Pandemia fue sindicado como el responsable de haber convocado a trabajar a una persona que padecía comorbilidades y enfermedades preexistentes y se trata del vecino Truncadense Sandro Walter Blanda quien por prestar servicios en el Ministerio de Trabajo Filial Pico Truncado se contagio de Coronavirus y luego de una internación en la UTI falleció víctima de las complicaciones padecidas.
El pasado mes de diciembre Aparicio fue denunciado mediáticamente cuando se conoció que ejercía su profesión de abogado, actividad vedada por las las normativas legales y que las leyes prohíben ejercer la profesión en la provincia de Santa Cruz, cuando está prestando servicios para el Estado Provincial, también le prohíbe intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales o patrocinar juicios.
