Encadenado con nuestro esfuerzo por destruir el relato falaz del kirchnerismo que abraza la fecha del 24 de marzo de cada año para usarla como un simbolismo de “su lucha” contra las dictaduras militares, a partir del golpe de Estado de hace 47 años, vamos a agregar hoy un dato más a la cantidad de personajes políticos de Santa Cruz que fueron parte de la dictadura militar a partir del ´76, desempeñándose como funcionarios durante los años de plomo.
En esta oportunidad nos vamos a referir a Jorge Eduardo Chávez, un amigo de Néstor Kirchner que llegó a ser Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, cargo al que renunció y le fue aceptado el 28 de marzo de 2022, de donde está jubilado con una jubilación de aproximadamente 3 millones de pesos.
Jorge Eduardo Chávez fue Secretario de Asuntos Legislativos del Gobierno de facto y de acuerdo al archivo del diario La Opinión Austral del 29 de junio del año 2009, consta que el 5 de enero de1982, por Decreto, fue suprimida la Subsecretaría de Asuntos Legislativos y el Dr Jorge Chávez tuvo que renunciar al cargo que ocupó durante el Proceso Militar.
El historial político del Dr Chávez muestra que fue ministro de Néstor Kirchner, candidato a Intendente de Río Gallegos, posteriormente fue juez de Cámara e integrante del Tribunal Oral Federal.
Uno de sus más destacados logros ofrecidos al Frente Para la Victoria y en resguardo de sus amigos y compañeros de ruta, fue cuando como Juez falló a favor de su amigo Daniel Varizat quien en el año 2007 pasó por arriba 24 manifestantes con su camioneta Cherokee 4X4 dejando heridos e inválidos, sin que ninguno de ellos hayan podido lograr justicia en Santa Cruz.
El día que alguien se lo recordó al FPV
Chávez llegó a Santa Cruz junto con Carlos Zanini, escapando de la dictadura militar de aquellos años, sin embargo, Chavez fue el primero que no le quitó el cuerpo al colaboracionismo, cuando tuvo la oportunidad de asumir como funcionario del Proceso militar en la Subsecretaría de Asuntos Legislativos.
El 24 de marzo de 2012 en OPI publicamos una nota donde, debido a un cruce de palabras entre el entonces diputado Mauricio Gómez Bull (FPV – hoy Director de Vialidad Provincial) y el diputado provincial de la UCR Héctor Roquel (f).
El título de aquella nota nuestra fue: “Bochorno en la legislatura santacruceña luego de que el kirchnerismo homenajeó a un juez que tuvo un alto cargo en la administración militar” y allí relatábamos que en medio de la ola de los Derechos Humanos con la que arremetía el kirchnerismo en la provincia y especialmente en la Legislatura provincial, los militantes que oficiaban de diputados cometieron lo que calificamos en ese momento como “el blooper político del FPVS más ridículo y extravagante”.
Ese día el diputado de La Cámpora Mauricio Gómez se prendió en una discusión sin siquiera haber leído un poco la historia y/o el historial de sus propios camaradas de ruta.
Un traspié inducido por la ignorancia
Ese día los diputados oficialistas (22 del FPVS y 2 de la UCR) expresaron un reconocimiento a los jueces santacruceños Alejandro Joaquín Ruggero, Jorge Eduardo Chávez y Mario Gabriel Reynaldi, quienes desde ese día pasaban a formar parte del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata lugares históricos, donde se llevaron adelante los Juicios de Lesa Humanidad, ocurridos durante la última dictadura en Argentina y de la cual trata la película 1985. Lógicamente, la intención del FPV era “apropiarse” de aquella coincidencia para entronizar a estos tres jueces como parte de aquella gesta judicial contra las dictaduras, una cosa absolutamente inconsistente y estúpida.
Sin embargo, hasta allí la cosa venía bastante tranquila y todos mantenían una cierta postura formal ante esta propuesta, ciertamente poco vinculante, porque en todo caso los honores debieran haber sido para los Tribunales y/o los jueces de aquella época y no para los magistrados que en ese momento lo integraban, pero “está bien, se la estaban dejando pasar”, comentó a OPI uno de los asesores de un diputado justicialista que dijo “sentir lo que se venía”, cuando vio que el legislador de La Cámpora, Mauricio Gómez pidió la palabra en aquella sesión del año 2012.
Gómez no tuvo mejor idea que atacar al Radical Héctor Roquel (f), ex Intendente de Río Gallegos y vicepresidente del Partido en el año 2012 a quien acusó “de tener doble discurso” y le manifestó a bocajarro “hágase cargo de haber sido intendente de la localidad de Piedra Buena durante el proceso militar”.
Roquel, con el aplomo que lo caracterizaba, paneó su mirada por el recinto, se acercó un poco más al micrófono de su banca y preguntó “¿Quién de todos tiene acá la bula papal? ¿El Frente para la Victoria?” y sin obtener respuesta, el ex intendente y diputado provincial continuó diciendo “Sí, es cierto que fui intendente en Piedra Buena y caminé las calles toda la vida en la provincia y la gente me volvió a votar”.
Histriónico, pero tranquilo Roquel, entonces, miró hacia el diputado Gómez de La Cámpora y preguntó “¿Quién le dio la Bula a este caballero?. Hoy le están rindiendo homenaje a un juez porque fue al Tribunal de Mar del Plata y fue mucho más que Intendente durante el Proceso (militar), fue Secretario de Asuntos Legislativos del Gobierno de facto; un señor que quería reemplazar a ésta Cámara y lo hicieron, primero Concejal del Frente para la Victoria, después lo hicieron Fiscal de Estado, luego Ministro y finalmente Juez”.
Crick, crikc, crikc…
El silencio copó la sala en aquella sesión de hace 21 años atrás. Miradas huidizas pasaron fugaces de uno a otro de los legisladores del oficialismo como recriminándose no haberlo recordado antes.
El diputado de La Cámpora, Mauricio Gómez, quedó helado, estático, sin palabras y bajó la vista.
Obvio, esa parte del relato sus mentores no se la habían contado. Y como si faltara algo, ese día la sesión era transmitida en vivo, por primera vez, por Canal 9 a toda la provincia. Si algo le podía salir mal al diputado propinante, era el día adecuado. Con la repetición del discurso nacional, Gómez trató de herir a un opositor que, conocedor de la historia que él ignoraba, se la devolvió con una brutal dosis de realidad.
Roquel se refería al abogado Jorge Eduardo Chávez, un funcionario de la Dictadura que rescató el entonces el gobernador Néstor Kirchner y lo sumó a su proyecto político del FPVS, al cual acompañó ocupando distinguidos cargos como Concejal de Río Gallegos, luego Fiscal de Estado de Santa Cruz, fue Ministro de Kirchner luego integrante de la Cámara Oral.
Cuando pretendieron reaccionar timidamente, algunos diputados del oficialismo que acompañaban a Gómez, como para no dejar en el recinto, la última palabra al Radical, volvieron a “amucharse” en sus bancas porque sobrevoló el recuerdo de que tanto Carlos Muratore (Ministro, diputado y funcionario de Kirchner en los´90) como Alicia Kirchner quien fue funcionaria del área de Asuntos Sociales que operaba conjuntamente con el ex ministro de Bienestar Social de la Nación y creador de la triple A José López Rega. La hoy Gobernadora comenzó con rango de viceministro durante el período 1975-1983, durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla quien la confirmó en el cargo en 1976 y siguió allí hasta 1983.
Otros peronistas santacruceños que aportaron su esfuerzo a la dictadura militar del ´76 fueron el ex diputado Dante Dovena que se desempeñó como funcionario de Desarrollo Urbano y la ex presidente del Banco Central (2006) de Néstor Kirchner, Gabriela Ciganotto, quien ocupó la secretaria de Hacienda de la municipalidad de Caleta Oliva.
Nada de esto conocía el entonces diputado provincial de La Cámpora Mauricio Gómez, quien en la euforia por sentarse sobre el relato de los Derechos Humanos, ese día del 2012, no reparó que sus propios compañeros de partido, fueron excelentes colaboracionistas del proceso militar que se inició, precisamente, el 24 de marzo de 1976, esa fecha que han tomado como ícono de una lucha que jamás dieron, sino, por el contrario, los tuvieron como partícipes necesarios de aquel proceso genocida que partió el mismo día en que la propia política, fue la fuerza demoledora de la democracia en la Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)