Es en concepto de coparticipación federal de impuestos. A esta baja de ingresos se suma en Santa Cruz, la caída de las regalías por el retiro de YPF de los yacimientos petroleros. Ante este panorama el gobierno impulsa una ley de emergencia para dar respuestas a los gremios estatales que reclaman con urgencia una mejora de los salarios.
La caída del consumo a nivel nacional comenzó a impactar con fuerza en las cuentas públicas de las provincias. Al igual que ocurre en la mayoría de los estados provinciales, Santa Cruz enfrenta una marcada reducción de sus ingresos, principalmente por la merma en los fondos de la coparticipación federal que distribuye el Estado nacional.
Durante el primer trimestre del año, Santa Cruz dejó de percibir más de 30.000 millones de pesos como consecuencia directa de la retracción del consumo y la actividad económica. Este dato refleja el fuerte impacto que tiene la caída de la recaudación de impuestos coparticipables, especialmente el IVA, uno de los principales tributos que recauda Nación y que luego distribuye entre las provincias.
El impacto de la economía nacional en las cuentas de las provincias
En el inicio de 2026, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias registraron caídas reales sostenidas, con retrocesos mensuales superiores al 7% y picos que en marzo superaron el 11% interanual en términos reales. En el primer bimestre del año, las jurisdicciones provinciales perdieron cerca de 1 billón de pesos en recursos coparticipables.
Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en marzo los ingresos tributarios alcanzaron los 16 billones de pesos, con un crecimiento nominal interanual del 26,2%. Sin embargo, ese incremento quedó por debajo de la inflación, lo que derivó en una caída real de entre el 4% y el 4,5%. De esta manera, el fisco acumula ocho meses consecutivos de retroceso en términos reales.
Durante el primer bimestre, además, nueve de los diez principales tributos registraron caídas reales, afectando directamente la masa de recursos distribuibles. A esto se suma un dato estructural: apenas el 32% de la recaudación nacional se coparticipa automáticamente a las provincias, lo que limita el margen financiero de cada jurisdicción.
Incluso distritos de gran peso como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba figuran entre los más afectados en términos absolutos.
A este contexto se suma la reducción de partidas nacionales en áreas clave como Educación, obra pública e infraestructura vial, lo que incrementa la presión sobre las finanzas provinciales en un momento de alta demanda por salarios y servicios esenciales.
En el caso de Santa Cruz, a la caída de la coparticipación se suma la disminución de los ingresos por regalías hidrocarburíferas, producto del repliegue de YPF en la explotación de yacimientos convencionales dentro de la provincia.
Después de ocho décadas de presencia en Santa Cruz, la compañía de bandera concentró sus inversiones en el desarrollo en el yacimiento de petróleo y gas no convencional, de Vaca Muerta, hasta que en 2024 decidió abandonar la actividad en la provincia, asestándole un duro golpe a las arcas provinciales con la consecuente disminución de las regalías, uno de los tres rubros que alimentan los ingresos.
En este contexto, la provincia se ve obligada a sostener su funcionamiento con menos recursos, en línea con una tendencia que atraviesa a todo el país. La caída de ingresos ya se traduce en mayores tensiones presupuestarias, con desafíos crecientes para afrontar salarios, garantizar servicios y sostener la inversión pública.
En este esquema el gobierno promueve una ley de emergencia económica -una de las tantas que se aplicaron en Santa Cruz durante los últimos 34 años- que le permita tomar empréstitos para afrontar la prioridad de los sueldos estatales, congelados desde diciembre último.