LA DIFERENCIA DE CONCIENCIA ENTRE EL PUEBLO DE CHUBUT Y EL DE SANTA CRUZ ES NOTORIA Y CLAVE PARA QUE LA POLÍTICA HAGA CON EL PUEBLO LO QUE SE LE OCURRA.

(Por: Rubén Lasagno) – Si bien lo he dicho y analizado en otras oportunidades, el levantamiento social reciente en Chubut en contra de la clase política abyecta, traidora y corrupta, quien a espaldas del pueblo aprobó ajustadamente la Ley de Zonificación Minera, amplia e históricamente resistida por la población que a su vez toma todo esto como una burla, ha sido todo un mensaje de que ya no podrán hacer lo que quieran, sin la “licencia social”, la cual no es más ni menos que el permiso de la sociedad para destruir el suelo, contaminar los afluentes y saquear sus riquezas.

En medio de la Emergencia Hídrica, en una provincia donde la actividad petrolera, a pesar de ser el motor de la economía, es vista con reserva por sectores cada vez más grandes del pueblo y de las organizaciones ambientales, al gobernador Arcioni y diputados afines se les ocurrió forzar la aprobación de una ley que ataca, fundamentalmente, la poca, escasa y cada vez más preciada agua dulce en el macizo central de la provincia, donde hay poblaciones “secas” con empobrecimiento estructural, sociedad con escasas posibilidades de sobrevivir sin atención oficial y precisamente, el oportunismo político, hizo que sobre estas necesidades se montara el negocio con las multinacionales, de la cual van colgados políticos y sindicalistas.

Igual pero distinto

Santa Cruz y Chubut son, geográficamente, lo mismo, con extensión de riquezas mineralógicas y escasa población. En ambos territorios hay un denominador común: la escasez de agua potable, pero en Santa Cruz todo se potencia a partir de políticas contrarias al interés de la población, pues, mientras localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, las Heras e inclusive la capital Río Gallegos, padecen la falta de agua potable, la industria petrolera y minera le insume a la provincia ingentes volúmenes de agua potable, que en millones de litros diarios, van a abastecer la industria extractiva, mientras en la superficie las poblaciones sufren por semanas los cortes de suministros y la falta de pozos de captación para satisfacer el crecimiento poblacional, el cual nunca fue considerado como prioridad en el reparto de prioridades.

En Santa Cruz la población no reacciona. En nuestra provincia solo importa que a fin de mes el sueldo esté depositado. Nadie se ocupa de prever que en el futuro, el agua y la contaminación de los acuíferos, será un crimen de lesa humanidad.

El gobierno, impunemente, todos los días publica en el Boletín Oficial el otorgamiento de áreas petroleras y licencias mineras, sin que ningún organismo controlador o la propia sociedad, se interese por estos actos de saqueo y contaminación que como todo impacto ambiental, se concibe a largo plazo, razón por lo cual lo sufrirán las generaciones futuras.

La sociedad santacruceña está anestesiada. No asume su rol controlador de las acciones del gobierno. La oposición prácticamente inexistente, excepto en épocas de campaña, no cuestiona, no denuncia ni promueve el alzamiento de la voz; los gremios estatales absolutamente al margen, cimientan la impunidad otros como el Sindicato minero (AOMA) o el Sindicato de Petroleros, los cuales son cómplices.

Chubut al menos, posee una sociedad movilizada que les pasa un mensaje claro al gobierno y a la clase política: no podrán hacer lo que quieran a espaldas de nuestra opinión, parecen decirle. 

En Chubut hay una parte de la justicia que funciona más o menos acuerdo a las necesidades de la gente. Allí hay ex funcionarios y funcionarios actuales, imputados, procesados y condenados por corrupción; en Santa Cruz son todos tan buenos que en 30 años no hay un solo funcionario o ex funcionario provincial que haya sido objetados por la justicia.

Como vengo diciendo en otras notas de opinión, la responsabilidad de la clase política tiene como límite la decisión del propio pueblo que los pone y los saca con su voto. Pero la culpa de los desaciertos al generar acciones en contra de la gente que dicen representar, es fundamentalmente del pueblo quien luego de elegirlos, no les exige, no controla ni los repudia.

En Santa Cruz, más allá de algunos atisbos de rebeldía en el año 2007, los gobiernos hacen lo que quieren. Negocian las riquezas, el agua y el futuro.

Permitieron la megaminería la cual destruye la tierra y admiten desde hace años, el saqueo de las riquezas, que como OPI dejó en evidencia hace algunos años, sacan de Santa Cruz por las vías más insólitas, como era (en aquel momento) un barco pesquero (Polar Mist) al cual terminaron hundiendo en el Estrecho; la justicia Federal ordenó reflotar el oro (20 bullones de oro – 20 millones de dólares) y jamás se supo del oro, de los responsables ni de algún culpable de esta operación oscura y trucha.

No es casualidad que en Santa Cruz haya una clase política enriquecida y un pueblo pobre. La relación es directa y proporcional al desentendimiento de la sociedad sobre temas que le competen de manera directa. Esa apatía le permite a los ladrones de guante blanco, hacer grandes negocios, a las multinacionales comprar por monedas, no solo las riquezas sino la voluntad de los que tienen las decisiones claves sobre el futuro de nuestros recursos.

La apatía social del santacruceño medio, es el elemento crucial con el que cuentan los gobiernos para manipular a su antojo los negocios espurios como el de la minería, por ejemplo, donde todos los que la rodean gozan de un buen pasar económico, sus lobistas gozan de estabilidad económica de por vida y las empresas multinacionales hacen su veranito a costa de la mugre y la marginación ambiental en que ponen a la provincia. Precisamente la gente en Chubut, pretende impedir esta experiencia en esa provincia.

En Chubut, al menos, el pueblo se guarda para si la última palabra y si bien nadie puede estar de acuerdo con la violencia y los destrozos, hasta estos hechos son responsabilidad de los gobiernos, pues la falta de una evaluación ajustada a la realidad social, es un yerro gravísimo, como el generado por Mariano Arcioni y sus diputados, forzando una ley ampliamente resistida por la sociedad. En Santa Cruz eso no pasa y así estamos.

(Agencia OPI Santa Cruz)