Tras un comunicado de La Cámara Argentina de la Construcción delegación Santa Cruz (CAMARCO) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), marcan en conjunto una serie de irregularidades que, según el espíritu de la nota, “vienen a exponer ante la comunidad de la provincia la preocupante situación este sector industrial de nuestra provincia, que desde hace unos años se han dado el compromiso de emprender un camino de diálogo con el gobierno provincial con el objetivo de crear mecanismos que permitan potenciar y desarrollar los recursos que, en materia de Obra Pública, tiene Santa Cruz”, expresa el informe conjunto.
En la redacción del comunicado ambas entidades señalan que han mantenido varias reuniones con el gobierno provincial, en las áreas que posee directa injerencia en la obra pública, especialmente con autoridades del IDUV y de SPSE, pero reconocen que los resultados fueron “desalentadores”, indicando que existe en la provincia la decisión de desfinanciar la obra pública y por ese motivo ambas entidades consideran que esto impacta negativamente en la sociedad, con gravísimas consecuencias económicas y financieras y a raíz de lo expresado, enumeran:
Constantes atrasos en el pago de los Certificados de Obra y redeterminación de precios.
Licitaciones sin previsión presupuestaria
Desconocimiento de la Ley Provincial N° 2743 de Obra Pública: La que establece en su artículo N° Art 10: “El ente licitante deberá tener la partida presupuestaria asignada y disponible previa al llamado a licitación”. En el año 2021 se produjeron innumerables problemas con el IDUV por falta de presupuesto, cosa que aun hoy se siguen arrastrando y generando sobrecostos por la extensión de los plazos de obra / generación de redeterminaciones de precios no previstas”.
No cumplimiento del Art 61 Ley Provincial N° 2743 de Obra Pública: Dentro de los 15 días del mes siguiente de ejecutados los trabajos o efectuado el acopio de materiales, la comitente (la Provincia) expedirá el correspondiente certificado de pago de los mismos, como así también los artículos N° 35: Garantía de Contrato, previstas en el art 33 del decreto 263/ 82 y N° 58 referido al Fondo de Reparo.
Como consecuencia de lo expuesto, CAMARCO y la UOCRA, advierten al gobierno provincial que el agravamiento del financiamiento de las obras en marcha está poniendo en peligro la sustentabilidad del sector de la construcción y resalta que dicha situación genera atraso en los pagos de las quincenas al personal, aguinaldo y produce suspensión de personal sin salario por veinte días, como actualmente está sucediendo en la UOCRA, criticando a las autoridades del gobierno por cuanto señala la UOCRA y la Cámara de la Construcción que les han trasladado la responsabilidad no solo de ser los “ejecutores de las obras”, sino de hacerse cargo de “financiarlas” a través del sostenimiento del déficit que se produce por los problemas enumerados, concluyendo “No hace falta demasiada imaginación para saber que esta inercia en materia de Obra Pública en Santa Cruz, nos arrastrará, insistimos, a situaciones gravísimas y no suficientemente palpables consecuencias económicas, financieras y de todos los que trabajamos en esta industria”.
Finalmente las entidades le señalan al gobierno “que ha llegado la hora de un profundo y sincero cambio en el enfoque de la Obra Pública por parte de las autoridades responsables” y advierte “es hora de mantener un dialogo mirando hacia adelante en busca de soluciones que beneficien a la Provincia y todos los trabajadores de la obra pública, pero con la debida seriedad y credibilidad”, indican al final del comunicado.
Siempre fue así ¿Qué cambió ahora?
Es muy auspicioso que tanto la UOCRA como la Cámara de la Construcción de la provincia expresen lo que viene sucediendo desde hace años y que en todo momento ha sido relatado, informado y detallado en informes documentados por OPI, tanto del IDUV, como de SPSE, sin que hayan generado las repercusiones necesarias para modificar la conducta de este gobierno, que es el mismo que el anterior y tantos otros del mismo signo político, involucrados en este mecanismo de ocultamiento y falta permanente a las normas en materia de contrataciones, licitaciones y financiamiento de la obra pública provincial.
NI la UOCRA ni CAMARCO dijeron absolutamente nada sobre las licitaciones amañadas y/o contratación directa del IDUV, desde la presidencia de Pablo Grasso hasta la actualidad, ni de las obras encaradas por Servicios Públicos, bajo las mismas irregularidades expresadas en el Instituto de la Vivienda, con la misma metodología presupuestaria, las mismas irregularidades de contratación y similares procedimientos viciados de inobservancias a las leyes contables de la provincia, a los procesos licitatorios y a los mínimos aspectos de orden técnico, como es (por ejemplo) la colocación de los carteles de obras, con la información mínima necesaria que determine, qué se construye allí, a qué costo, quién es el responsable de la obra, quién la fomenta, cuál es el tiempo estimado y demás detalles a los cuales están obligadas las autoridades provinciales y hace muchísimos años dejó de ser parte de las obligaciones y que jamás fue (entre otras irregularidades) objeto de críticas por parte de la UOCRA o de la Cámara.
En realidad y a la vista de los sucedido estos años, no se puede establecer si el comunicado de la UOCRA tiene por objeto criticar genuinamente al gobierno provincial y hacer cargo a las autoridades del IDUV y SPSE por el cúmulo de irregularidades en las cuales incurrieron en estos años, o bien se trata de un apriete extorsivo para obligar al gobierno de la provincia a que abra la billetera y produzca un nuevo encadenamiento millonario de ayudas económicas, como el que generó Alicia Kirchner en su primer mandato, cuando la UOCRA fue a pedirle una solución económica por los problemas surgidos a raíz de la caída de la obra pública, luego que el kirchnerismo perdiera en el año 2015 medio por el cual logró un subsidio mensual que ingresaba al sindicato mediante una nómina manejada por los dirigentes de la construcción de manera personal y arbitraria.
Desde hace muchos años en OPI detallamos con suficiente claridad, la forma irregular en que se hacen las licitaciones, las redeterminaciones de precios nunca informadas y la cartelización de la obra pública que jamás desapareció en Santa Cruz, desde las épocas de Lázaro Baéz; la forma en que se arman las licitaciones sin las previsiones presupuestarias necesarias, lo cual termina con las obras detenidas o inconclusas o la falta de certificados de obras, a pesar de que los mismos aparecen pagos en su totalidad e inclusive de manera adelantada.
Celebramos que la UOCRA y la Cámara de la Construcción de la provincia, hayan dado este paso de hacer público los problemas de la obra pública provincial, sin embargo es hora de preguntarnos si realmente esto conformará un cambio de paradigma o es solo un efecto reactivo por negocios en los cuales los han dejado afuera. (Agencia OPI Santa Cruz)