Mientras crecen los casos, se profundiza la precariedad de la atención, especialmente en los barrios más pobres.
Este jueves, la legislatura porteña sancionará el proyecto de Presupuesto para el año 2023, que contempla gastos por un total de $2.164 billones. Bien visto, el proyecto revela la intención del oficialismo de profundizar la precariedad en la atención a víctimas de violencia de genero. Tanto los centros integrales de la mujer como la línea 144 son gestionados por la Dirección General de la Mujer -Dgmuj-, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Del monto total destinado al Ministerio que conduce María Migliore, a la Dgmuj le corresponderá un 1%. Para ilustrar, el monto que se prevé para publicidad oficial durante el próximo año electoral, será 7 veces mayor al que se sancionará para las políticas de atención a víctimas de violencia.
Sin embargo, la experiencia de este año demuestra que incluso ese 1% para la Dgmuj es un dibujo. Durante este año se realizaron modificaciones a la ley de Presupuesto 2022 y con ellas se recortaron 52 millones de pesos que se habían sancionado para el organismo de la mujer a fines del 2021, según informes elevados por el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, al bloque PO-FIT en la Legislatura. El monto se deprecia mucho más si tenemos en cuenta cómo se viene ejecutando. Durante el primer semestre de este año la Dgmuj ejecutó apenas un 35% de su presupuesto disponible, siendo uno de los organismos que menos dinero utilizó para la implementación de sus políticas.
Lo único que avanza es la degradación de la asistencia a victimas
En su última visita para responder preguntas formuladas por legisladores, Felipe Miguel informó al bloque PO-FIT que hubo un crecimiento de la atención a víctimas en los centros integrales de la mujer en 2022. En enero se computaron 1.319 consultas en los CIM, y para mayo los pedidos de asistencia fueron 1.657. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que atiende denuncias en CABA y deriva a las víctimas a los CIM para que reciban asistencia- registró para el primer semestre de 2022 un aumento del 42% en los casos atendidos respecto al mismo periodo del 2021. Un 42% de las personas atendidas provienen de las comunas 1, 4 , 7 y 8, donde se ubican las villas más importantes de la ciudad.
Son justamente las organizaciones de mujeres de esos barrios las que vienen reclamando que se construyan nuevos centros que funcionen dentro de las villas y atiendan las 24 horas con profesionales de distintas disciplinas. La presión llevó al gobierno de la Ciudad a lanzar este año un improvisado “Dispositivo Territorial de Atención a Víctimas de Violencia de Género en Barrios Populares”. Se trata de un gazebo itinerante que recorre los barrios de Soldati, Lugano, Villa 31, Villa 15 y de Bajo Flores, instalándose 1 día a la semana, en horarios de atención acotados (de 10 a 14 horas) sin espacios de resguardo para las víctimas y superexplotando a las profesionales que atienden los casos de todos esos barrios.
Como advirtió la legisladora por el PO-FIT, Amanda Martin, al lanzarse este programa, se busca descomprimir el reclamo de las vecinas sin poner un peso porque la asistencia integral requiere presupuesto para construir nuevos centros, para contratar más profesionales que cubran las 24 horas de atención necesarias. El proyecto de Presupuesto 2023 refrenda la continuidad de esta atención berreta para las más pobres destinando unos miserables ¡$270.000! para el dispositivo territorial. Una miseria que demuestra el desprecio de este gobierno hacia las trabajadoras más pobres y la determinación a continuar el vaciamiento de los centros integrales de la mujer.
El Frente de Todos es cómplice del ajuste
Cabe señalar que la oposición kirchnerista que dirige la comisión de mujeres de la Legislatura ha renunciado a cualquier campaña por la creación de nuevos centros. La legisladora Lucia Cámpora, que dirige la comisión, se dedicó a censurar la discusión de proyectos de ley para que el gobierno porteño construya nuevos CIM a pedido del oficialismo larretista. Incluso maniobró con realizar una reunión de legisladoras con autoridades de la Dgmuj para que informen la situación de los CIM y los dispositivos territoriales, lo que a pesar de representar un maquillaje, tampoco sucedió.
Laura Velasco, otra de las legisladoras del Frente de Todos, acaba de lanzar una campaña por un Ministerio de Mujeres de la Ciudad, una verdadera estafa para quienes reclaman por presupuesto y nuevos CIM. A nivel nacional la creación de un Ministerio de Mujeres en 2019 no redundó en más presupuesto para la asistencia. Como Migliore, Gómez Alcorta subejecutó el presupuesto del ministerio nacional. La política más sobresaliente de ese ministerio fue el miserable plan acompañar, y para el caso de las personas trans el programa de asistencia integral que se inauguró en 2021 y aún no dio respuesta a las personas que se empadronaron para recibir esa asistencia.
De ambos lados de la grieta se comparte una orientación: que el presupuesto vaya a la cancelación de deudas que nunca terminan, en vez de destinarlo a las problemáticas que tenemos las mujeres, en especial las más pobres. A su vez, comparten la orientación de disuadir cualquier iniciativa de lucha. Las activistas que se dedican día a día a enfrentar la violencia en sus barrios deben encender las alarmas, es necesaria una organización independiente y la acción callejera por presupuesto para la atención cuando recrudecen las violencias al calor de la crisis económica.