La carga grosera de pruebas, las maniobras ordinarias, torpes, sin esmero ni cuidado por ocultar las maniobras dolosas, flagrantes delitos financieros, simulaciones en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz, a la luz de los detallados informes de los Fiscales Luciani y Mola, describen sin ningún esfuerzo y mediante una cantidad de datos demoledores, la forma rudimentaria en que la corrupción K estuvo presente desde el minuto uno del 2003 en esta provincia, ahora ya sin duda, la cuna de la corrupción, cuyo modelo se llevó a nivel nacional.
Los nombres por todos conocidos en Santa Cruz, han sido arrastrados por el fango de la vergüenza (de la cual carecen); un montón de apellidos que, inclusive, fueron parte de la política provincial y se han vendido casi como prohombres, aunque muchos sabíamos lo que eran, cómo vivían y ahora sabemos de qué han vivido: del robo, la corrupción y los dineros públicos de todos los argentinos.
Titulé la nota “Los chorros santacruceños”, porque no encuentro otra forma de mencionar y repetir los nombres de estos personajes, muchos de los cuales conviven aún entre nosotros y han sacado “chapa de honestos”, creyendo que aquel pasado lo tenían superado, cuando en realidad forjaron su futuro robándole a los santacruceños y a los argentinos, en la propia cara y al resguardo de la justicia ilegítima que rige en Santa Cruz, donde ningún funcionario, ex funcionario, intendente, gobernador, diputado o concejal, está ni siquiera sospechado de corrupción, pero que ahora, gracias a este juicio iniciado el lunes a la banda delictiva de década ganada y fuera de las manos de los jueces y tribunales cómplices, descubrimos en toda su dimensión.
En OPI a lo largo de muchos años explotábamos la información de los carteles de obra, desde donde por deducción obteníamos datos sobre la sobrefacturación, el incumplimiento de los términos de obra y la forma en que sistemáticamente todas las obras iban a parar a mano de las empresas de Báez. En el año 2011 dejaron de colocar los carteles de obras, por esa misma razón.
Te lo dije
La realidad (única verdad) nos ha demostrado que cuando gritábamos en soledad desde nuestro humilde medio allá por el año 2004, 2005, 2006 y sucesivos, mostrando cómo se armaban las carpetas de la obra pública en Vialidad Provincial, lo cual por entonces pasaba como algo probablemente posible y que ningún medio nacional o muy pocos, tomaban con la suficiente seriedad.
Juan Carlos Villafañe, Nelson Periotti, Héctor Garro y Raúl Santibañez, imputados por delitos de corrupción, fueron funcionarios provinciales, luego nacionales y en el caso de Villafañe fue intendente, concejal, estuvo al frente de Servicios Públicos y a pesar de su prontuario (o tal vez por eso mismo) nunca fue abandonado por el FPV, partido al cual pertenece, al igual que sus compañeros de ruta.
Todo aquello que contábamos hace 18 años atrás, hoy se ve ratificado, ampliado y expuesto con detalles inimaginables, en las exposición que hacen los fiscales en la Causa Vialidad, a través de la cual se expone en carne viva la corrupción sistémica que existió en Santa Cruz y a nivel nacional, a partir de la llegada al poder de Néstor Kirchner en el 2003 y su continuidad política a través de su esposa.
Para reseñar la corrupción de la obra pública en Santa Cruz, coordinada desde Nación, digamos que los fiscales han descripto con lujo de detalles, por ejemplo, que en esta provincia comenzaron a calificarse las licitaciones entre el 2003 y 2006, pero en el 2007 dejó de calificarse y analizar los requisitos. Villafañe adjudicó licitaciones sin ningún proceso previo. Dieciocho licitaciones fueron analizadas al detalles y de las mismas, la justicia comprobó que en esta provincia se diseñaron recursos legales y materiales para sustentar las obras públicas y para llevar adelante este proceso ilícito, se creó un oferente.
El Fiscal calificó esto como una “maniobra burda con simulación de competitividad y el otorgamiento de 56 licitaciones”, resaltando que “Esta simulación de competencia hubiera sido detectable si los controles hubieran funcionado”, pero “En ninguna de las 51 obras otorgadas ninguno de los gobernadores detectó alguna anormalidad”, planteó el Fiscal, aludiendo a la existencia de una maquinaria aceitada para omitir controles, a fin de convalidar los hechos de corrupción más evidentes.
Tras señalar la Fiscalía que Juan Carlos Villafañe, apoyado por Nelson Periotti convalidó convenios una vez que la obra tenía la adjudicación acordada, el Dr Luciani, refiriéndose a la falta de controles y complicidad del organismo que renunció como querellante, sostuvo que la UIF (Unidad de Información Financiera) “tuvo una actitud grosera, al momento de justificar la inocencia a través de su alegato exculpatorio, vago, impreciso y carente de veracidad, incurrió en omisión deliberada” y ratificó que el ministerio público se hará cargo de valorizar las pruebas a la vez que aseguró tener acreditado (a diferencia de lo que dice la UIF) que entre 2006 y 2015 funcionó en la provincia y el país una asociación ilícita que tenía una organización piramidal y tuvo en Santa Cruz la base hacia donde discurrían los fondos, en una operatoria simulada de adjudicación de la obra pública, cuyos fondos iban a parar a un solo bolsillos: el de Lázaro Báez, testaferro de Néstor Kirchner, primero y de Cristina Fernández, después.
(Agencia OPI Santa Cruz)