El Ministerio de Capital Humano anunció como un logro de gestión y ajuste el cierre de 59 Centros de Referencia (CDR), dejando a más de 600 familias sin empleo y sumiendo a miles de ciudadanos en la incertidumbre. La medida, presentada como un esfuerzo por parte del Gobierno para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del sistema, denostando el trabajo realizado por los CDR identificándolos como focos de derroche y corrupción, funcionando más como “cajas de la política y aguantaderos militantes” que como centros de atención y servicio público. Se estima que su cierre representará un ahorro anual de $5.000.000.000.
Sin embargo, detrás de estos números se esconde una realidad mucho más compleja. Durante la auditoría interna realizada por el Poder Ejecutivo, se reveló que los centros apenas recibían consultas y, en la mayoría de los casos, no ejecutaban los trámites, simplemente los derivaban. Además, se detectó una marcada ausencia de más de la mitad del personal durante las recorridas realizadas en horario laboral, lo que evidencia una grave problemática de burocracia e ineficiencia estatal.
Estos 59 centros representaban no solo empleo para más de 600 familias, sino también un gasto significativo en sueldos, alquileres y traslados de vehículos oficiales. Con su cierre, miles de personas quedan en el limbo, sin saber cómo será su futuro laboral y económico.
El anuncio del Ministerio de Capital Humano incluye la promesa de sustituir los CDR por trámites digitales, en un intento por modernizar el sistema y mejorar su eficiencia. Sin embargo, para muchos, esta medida parece insuficiente para compensar el impacto humano y social que tendrá el cierre de estos centros.
Además, la creación de una línea telefónica para trámites referentes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (0800-222-3294) podría resultar inadecuada para atender las necesidades de quienes dependían de la atención presencial en los CDR.
La triste realidad rebela que mientras el Gobierno celebra este recorte como un logro en su gestión administrativa, para cientos de familias y miles de ciudadanos se traduce en un golpe duro a su estabilidad económica y laboral, dejando en evidencia una vez más las prioridades y decisiones cuestionables del Ministerio de Capital Humano.
Fuente: Infocaleta.