La medida abarca a la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia, a Lázaro Báez y a un largo listado de colaboradores.


Como era esperable, la Cámara Federal también confirmó el procesamiento en la causa Hotesur de Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia, de Lázaro Báez y su hijo Martín, y de un largo listado de colaboradores. La acusación es que los Kirchner le alquilaron a Báez el hotel Alto Calafate (único bien de relevancia de Hotesur) y que en verdad ese alquiler era ficticio, porque el dinero que pagaba Báez era producto de coimas por la obra pública. En ninguna de las 88 páginas del fallo los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi explican por qué un alquiler pagado con cheque contra una factura es ficticio y tampoco sustentan que los precios de ese alquiler no fueran los de mercado. De acuerdo a un cálculo que realizó este diario en su momento, la empresa de Báez –Valle Mitre– pagó 130 pesos por noche y por habitación, un valor que coincidía con los precios mayoristas de hotelería de El Calafate en aquellos años. 

El caso Hotesur pone en debate nuevamente lo que puede y debe hacer un mandatario con sus bienes durante su período de gobierno. La cuestión motiva polémicas con Donald Trump en Estados Unidos, Sebastián Piñera en Chile y con numerosos jefes del ejecutivo en distintos países. El propio juez que instruyó Hotesur, Julián Ercolini, sobreseyó a los Kirchner en 2011 a raíz del alquiler de otro hotel, Los Sauces, al fallecido empresario Juan Carlos Relats, quien también era un adjudicatario de obra pública. Por entonces Ercolini sostuvo que un presidente tiene derecho a administrar sus bienes e incluso se negó a evaluar si el alquiler que pagaba Relats era coincidente con valores de mercado, o sea, que no incluía ninguna coima. El juez consideró que hay “valores de oportunidad”, es decir, que uno puede pagar de más o de menos por razones comerciales. 

Una postura existente hoy en día es que los presidentes y su familia no deben hacer inversiones ni negocios nuevos, sino administrar lo que ya tenían sin cambios. El debate no se acerca, ni por asomo, a lo que ocurre en la actual administración en la que el Estado le adjudica rutas a una empresa de la familia presidencial y luego la familia presidencial la vende; el Estado aumenta de forma brutal los peajes y la familia presidencial vende su empresa de peajes. Maniobras parecidas, siempre a partir de decisiones del propio gobierno, beneficiaron a jefes de gabinete y ministros. Y ni hablar del caso del Correo donde el Estado intentó firmar un acuerdo insólito con la empresa de la familia presidencial. 

La mecánica de los procesamientos de ayer es asombrosa. Dado que los Kirchner le alquilaron o vendieron algo a Báez, se supone que la operación engloba una coima y la coima se prueba porque hubo irregularidades en la obra pública, lo que está en otra causa pero se da por probado. Este diario ya publicó las conclusiones de la auditoría ordenada por Vialidad, con Javier Iguacel a la cabeza, cuya conclusión fue categórica, aunque tapada por los grandes medios: “del examen practicado no se evidencian deficiencias de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas (pagadas) sin ejecutarse”, dice en la página final, la 26 del informe. Cuando declaró uno de los tres ingenieros designados por el macrismo, sostuvo que las diferencias eran de 0,01 por ciento y que tenían que ver con el cordón de una vereda en una rotonda de Caleta Olivia. Los ingenieros dijeron que no se podía probar la existencia de sobreprecios. Aún así, los fiscales aliados a la Casa Rosada, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y el juez Ercolini impulsaron el procesamiento en el caso de la obra pública y los camaristas dicen que los alquileres esconden una coima proveniente de esa otra causa en la que el juicio se hará recién el año que viene. 

El contrato entre los Kirchner y Valle Mitre abarcó dos años a partir de noviembre de 2008. El total que pagó la empresa de Báez fue de 10 millones de pesos; unos 400.000 pesos por mes. El Alto Calafate es un hotel de 103 habitaciones, además de salones y un restaurante. Si se divide el monto mensual por día y por las habitaciones da los 134 pesos por noche.  Un detalle interesante del fallo de la Cámara es que no hace referencia al contrato del Alto Calafate con Aerolíneas Argentinas, tan agitado por el PRO cuando era oposición. El contrato era anterior a que el hotel fuera de los Kirchner y anterior a que Aerolíneas fuera estatal. Y en la licitación realizada el año pasado, volvió a ganar el Alto Calafate, sólo que el gobierno anuló su oferta y le asignó el contrato a un hotel de la familia Braun. 

En el caso Hotesur, los camaristas consideran casi todo delictivo:

El Alto Calafate fue comprado con dinero propio de la familia Kirchner, un préstamo del Banco de Santa Cruz y un préstamo de Austral Construcciones. Los camaristas consideraron una prueba débil que los préstamos se hayan devuelto, incluso entregando propiedades de los Kirchner.
Los camaristas sostienen que Valle Mitre no tenía experiencia en hoteles, que sólo había administrado el restaurante La Usina. Esa es una prueba de que el contrato fue a cambio de irregularidades en la obra pública.
Valle Mitre, la empresa que administró el hotel, tuvo una pérdida inicial de cinco millones de pesos, luego ganó 975.000 pesos en 2010, luego 339.000 pesos y luego perdió dos millones. Esa es otra prueba de que el alquiler del Alto Calafate encerraba una coima. 
En verdad, Lázaro Báez argumentó en su momento que en el hotel se alojaban ingenieros y personal jerárquico de las obras y que eso le convenía. Además hacía allí convenciones y reuniones de sus empresas. Los camaristas señalaron que las obras quedaban a más de 200 kilómetros de El Calafate, incluso a 400 y 500 kilómetros, como si no existiera la posibilidad de que un ingeniero o un gerente estuviera tres o cuatro días alejado de las obras viales y alojado en el hotel. 
Por último, todo los imputados argumentaron que no existe proporción alguna entre los alquileres del hotel y la obra pública, que una cosa no puede ser coima de la otra. Los números son evidentes; Báez se adjudicó obras viales por 21.000 millones de pesos y el alquiler del Alto Calafate fueron 10 millones de pesos. La proporción es 0,04 por ciento. Los camaristas afirman que ese no es un argumento y que seguramente Báez pagó coimas también de otras maneras. 
Cristina Kirchner quedó así al borde del quinto juicio, aunque sólo uno tiene fecha: la obra pública, el 26 de febrero de 2019. Están listos para fijar fecha otros tres expedientes: la causa dólar futuro, el Memorándum con Irán, además del expediente mellizo en materia de hoteles, denominado Los Sauces.

COMENTARIOS

No han dejado comentarios

Escriba su comentario

Nombre (*)
Email (*) (no será publicado)
Mensaje (*)



Código de Validación
(*) Datos obligatorios