La polémica desatada en el seno de la UCR por el tema del precio del “barril criollo” es oportuna para analizar la situación de la crisis petrolera y las posibles salidas, indicaron.





Las empresas gozan de beneficios extraordinarios al cobrar 54,90 dólares el barril (tipo Escalante que se extrae en el golfo San Jorge) cuando en el mercado internacional está alrededor de 40 dólares o menos para esta clase de fluido.

Ese subsidio estatal lo paga toda la población y la excusa de las empresas es que el subsidio es el medio para evitar una mayor disminución de la actividad, con los consiguientes despidos, reformas laborales contra los derechos de convenio y reducciones salariales.

Hace meses hubo grandes marchas en Comodoro y otras ciudades encabezadas por dirigentes políticos y sindicales que en definitiva tenían como centro mantener este precio del “barril criollo”.

 

Dos caminos sin salida

En este escenario aparece la propuesta del Comité Nacional de la UCR reclamando el fin del subsidio, que no es salida ya que la consecuencia será el despido masivo y el derrumbe de la economía regional.

El Senador Martínez o el Intendente Prades han denunciado esto y proponen que se mantenga el precio del barril subsidiado. No es salida porque ya están despidiendo (el caso emblemático es San Antonio Internacional) y las corporaciones le hacen pagar la crisis a toda la población.

A ninguna de las dos facciones en pugna se les ocurrió reclamar que las empresas muestren los libros, para saber realmente cuáles son sus costos, que muchos especialistas colocan en 12 dólares promedio.

La lucha interna de la UCR retrata los debates existentes en la propia clase capitalista, ya que la posición del Comité Nacional de anular subsidios propone ir a fondo en un plan de ajuste fiscal y la otra posición termina haciendo “lobby” para las corporaciones petroleras.

En ninguno de los dos lados hay una defensa de las condiciones de vida de la población, ni de los intereses nacionales.

Finalmente la polémica en la UCR muestra que si en algunos casos votó contra la privatización petrolera, ya se olvidó y ahora es rehén de las corporaciones que se beneficiaron con la privatización.

 

La propuesta del partido obrero

El PO plantea una salida completamente distinta y la realizó a través de su proyecto de Ley Provincial de prohibición de los despidos en el petróleo, prohibición de reformas laborales contra derechos establecidos, y apertura de los libros de las empresas a través de una audiencia pública en la que se muestren los costos reales de producción del barril de petróleo y la unidad de BTU de gas.

Asistimos al fracaso de la privatización petrolera de los 90 y de su continuidad con todos los gobiernos, que ha dado como resultado que las ganancias se vayan del país, que las petroleras NO INVIERTAN y que además nos dejen un inmenso daño ambiental. En tren de negocios al primer síntoma de crisis despiden y dejan el tendal de familias desamparadas.

En consecuencia la única salida real es la renacionalización del petróleo Y EL GAS y su explotación bajo gestión de los propios trabajadores y técnicos, reinvirtiendo las utilidades para alcanzar el autoabastecimiento perdido con la privatización.

El primer paso para cualquier salida popular al tema petrolero es reincorporar a los delegados y trabajadores despedidos de San Antonio Internacional, que están encadenados al Gorosito de Caleta Olivia, hace dos días.

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