El juez Claudio Bonadío ordenó el procesamiento de 92 intendentes.

 Por el manejo de fondos millonarios destinados a la construcción de plantas de tratamiento de residuos. 
En la mayoría de los casos las obras no concluyeron o certificaron trabajos no realizados, otras intendencias ni siquiera iniciaron las obras a pesar de haber recibido el dinero. Raúl Cantín, José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, y Matías Mazú, entre los jefes comunales que participaron de la defraudación, según Bonadío. Río Gallegos y Chaco, las más beneficiadas con el envío de fondos.

Cerca de un centenar de ex intendentes de todo el país fueron procesados en la causa que investiga la defraudación de más de 600 millones de pesos destinados a la construcción de planta de residuos sólidos urbanos, en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadío. Cinco ex jefe comunales son de Santa Cruz, Raúl Cantín (Río Gallegos); José Córdoba (Caleta Olivia); Teodoro Camino (Las Heras); José Bodlovich (Comandante Luis Piedrabuena); y Matías Mazú (Río Turbio). Estos dos últimos actualmente son diputados provinciales, en tanto Camino, es ministro de Trabajo de la actual gestión de Alicia Kirchner.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

Río Gallegos y el Chaco fueron las comunas más beneficiadas con el envío de fondos, en el caso de la capital provincial, la obra recibió más del 80 por ciento de los fondos aunque los trabajos certificados no superaron el 15 por ciento. Al frente de la intendencia estaba Raúl Cantín, quien el último año fue desplazado por el kirchnerismo y asumió la gestión, Pablo Grasso, actual presidente del IDUV.

Los procesados también fueron embargados pro la suma de 3 millones de pesos.

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.

 

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