Daniel Barrientos -Presidente de la Asociación Civil Policial- sobre lo decidido el pasado lunes en una reunión llevada a cabo en su sede capitalina.

Confirmó que su asociación colaborará con los gastos del asesoramiento legal de los efectivos indagados por el juez Quelín y opinó sobre otras medidas “de represalia” contra participantes de los reclamos de agosto.

Luego de que el juez Quelín citara a indagatoria a policías de Zona Norte que participaron de la retención de tareas en agosto, Daniel Barrientos -al frente de la Asociación Civil Policial- conversó sobre lo decidido el pasado lunes en una reunión realizada en la capital.

“Vamos a tomar medidas en defensa de nuestros compañeros. Lo que se decidió ayer en sesión escrita es acompañar el reclamo de nuestros compañeros. La asociación va a brindar ayuda financiera tratando de cubrir una parte de los gastos”.

Barrientos reconoció que se evaluó recurrir al asesoramiento legal con el que ya cuentan en Caleta Olivia o Puerto San Julián, pero que “fue decisión de los agentes tener un abogado en la localidad, para poder realizar cualquier presentación de manera más inmediata”.

Según trascendió, la idea es que se tratase de la Doctora Rosa Razuri.

Por otra parte, Barrientos remarcó que “la situación indagatoria por esta causa no cayó bien en la fuerza ni a entre los compañeros que decidieron la autoconvocatoria, pero es una decisión de la Justicia, hay que presentarse y ver qué sucede, es que nos queda por el momento”.

Son un total de 77 indagados los citados por el Doctor Quelín, sobre los cuales Barrientos señaló que se trataría fundamentalmente de personal de Las Heras.

Por otra parte -y con respecto a “represalias” por las medidas de fuerza-, el entrevistado reconoció que en lo judicial solamente se está actuando en Las Heras, pero hubo notificaciones de información sumarial en localidades como 28 de Noviembre, Santa Cruz, Caleta Olivia y Piedra Buena.

“Se está en la parte del proceso investigativo y el área de letrados de la asociación está brindado asesoramiento también en este caso”.

Por otra parte, el Presidente de la Asociación Policial se refirió a la polémica por una supuesta discriminación de los participantes en la retención de tareas respecto al concurso por ascensos para el año que viene, del cual los habrían dejado afuera.

“Hay compañeros que están siendo notificados de que no van a ascender por causa de esto y es injusto porque todavía no se completó la investigación, no se dictó ninguna sentencia, pero ya están sentenciados a no poder ascender y todo por haberse sumado a la medida”.

Para el entrevistado, la medida es doblemente injusta porque “tenemos información de policías de rango y oficialidad que están con sumario y sin embargo fueron ascendidos, en muchos casos de manera extraordinaria y están trabajando, pero en los casos de estos compañeros directamente se decidió que no sea tomado en cuenta su pedido de ascenso”.

El policía considera que debería haberse, como mínimo, completado el proceso de sumario antes de tomar esa decisión.

“Se trata de algo arbitrario y un abuso de poder, sin darle derecho a defensa al efectivo policial, un derecho para todas las personas”.

Por otra parte, no dejó de desligar a la Asociación Policial de las medidas de fuerza de agosto en sí, recordando que

las mismas fueron realizadas de forma voluntaria. “La Asociación nunca pidió plegarse a la medida, solamente actuó de interlocutor con el Gobierno y brindó el apoyo legal, que es su cometido”.

“Nosotros no generamos el reclamo, se manifestó por el propio personal policial,  por eso es errado cuando se dice que impulsamos la autoconvocatoria. Nosotros brindamos el espacio, queda en los efectivos tomar la decisión en cada localidad y comisaría”, finalizó.
(Tiempo Sur)

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