Luego de varios intentos por notificarlo en el marco de una causa que le inició la abogada Romina Mercado, la Cámara Criminal ordenó a la División de Delitos Complejos que ubique al interventor de YCRT, y lo haga comparecer ante el tribunal.



El 20 de febrero del año pasado, el interventor de YCRT Omar Zeidán encabezó una conferencia de prensa en Capital Federal, donde habló del “fraude” cometido en la obra denominada “readecuación de la Avenida YCF”.

En esa oportunidad, Zeidán acusó a la abogada hija de Alicia Kirchner -Romina Mercado, de haberse llevado “50 millones de pesos de YCRT, pocos días antes de que el kirchnerismo dejara el poder, por una obra que nunca hicieron”.
Tras cartón, Mercado le envió una intimación vía carta documento, en la que le exigió al interventor de Cambiemos que se rectificara y le dio un plazo de 24 horas.

Eso no sucedió, Zeidán respondió a esa intimación ratificando lo que había dicho, respecto de su responsabilidad por haber sido ella apoderada de la empresa Fainser SA, que debía ejecutar la obra, aunque marcando cierta distancia con el impacto de la acusación, asegurando que, en realidad, se entraba en un asunto “semántico”. 

Lo cierto es que el pasado siete de marzo, la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción ordenó a la División de Delitos Complejos que “realice las respectivas diligencias tendientes a dar con el paradero del querellado Omar Faruk Zeidán, y proceda a la conducción del nombrado a esta sede judicial”.

Esto, como consecuencia de que se practicaron “diversas diligencias con el fin de notificar al querellado sin que hasta la fecha se pudiera hacer efectivo”. 

Hay que recordar que en septiembre del año pasado, es decir, siete meses después de la conferencia del interventor, el fiscal, ahora investigado por extorsión, Carlos Stornelli, pidió mandar a juicio oral a cinco de los acusados en la causa en la que investiga la presunta malversación de fondos en el marco de la reactivación de la mina de Río Turbio: Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Angel Larregina, Juan Marcelo Vargas y Juan Carlos Lascurain.

Es porque Stornelli sostiene haber encontrado un pago injustificado a la empresa Fainser por el cual se habrían desviado 50 millones, que salieron de los fondos de YCRT con el aval de la Municipalidad de Río Turbio, a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre de 2015 y el restante el 9 de diciembre de ese año.
Opinion Austral.

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