La Patagonia huele a muerte.

 Desde su llegada a la Casa Rosada, la Alianza Cambiemos instauró una nueva Doctrina de Seguridad Nacional con eje en las comunidades de pueblos originarios catalogadas de “enemigos internos”. No hablamos de un simple tubo de ensayo represivo y autoritario. Esto ocurre aquí y ahora.

*Por Sebastián Premici



La desaparición y muerte de Santiago Maldonado fue sólo el comienzo; luego vino el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, en Villa Mascardi (Río Negro), cuyo autor material, el albatros Javier Pintos, quedó detenido esta semana a pesar de la defensa pública que realizó de él la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En este derrotero también podría incluirse la posibilidad que tienen ahora las Fuerzas Armadas de actuar en seguridad interior y el cambio de reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad, es decir, la habilitación expresa del Poder Ejecutivo al “gatillo fácil”. La Doctrina Bullrich en todo su despliegue.

La Patagonia huele a muerte porque los distintos resortes del Estado perpetraron un crimen de Estado: planificaron una represión ilegal sobre la Pu Lof en Resistencia Cushamen (Chubut) con indicaciones directas del Ministerio de Seguridad, vía Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de esa cartera y actual secretario coordinador con los Poderes Constitucionales; luego la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) la ejecutó el 1 de agosto de 2018 y el resultado fue la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado.

El libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” (Premici, 2018) narra en detalle la ejecución de esa represión, específicamente el rol que ocupó cada uno de los uniformados que participó de la cacería, las órdenes de sus superiores y luego toda la estrategia de encubrimiento de esos hechos por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

El Gobierno nacional plantó pistas falsas dentro de los dos expedientes centrales del caso (el Habeas Corpus y la investigación penal por la Desaparición Forzada) a través de un grupo de funcionarios designados por Bullrich: Gonzalo Cané y Daniel Barberis; se presionó al primer juez del caso, Guido Otranto, para que siguiera el guión redactado por el PEN. Otranto fue uno de los grandes encubridores de estos hechos. Los servicios de inteligencia llevaron adelante un seguimiento a la familia y amigos de Santiago, como así también a los organismos de Derechos Humanos de Esquel; se ordenaron escuchas telefónicas para perseguir a la familia y a los principales testigos de la desaparición y muerte de Maldonado. La vieja metodología de convertir a las víctimas en victimarios.

Vale decir que todo lo afirmado en el transcurso de la investigación está documentado con los dos expedientes judiciales, declaraciones testimoniales, videos, fotos, documentos que fueron allanados de los Escuadrones de Esquel y El Bolsón y una continua presencia en el territorio para dialogar con los principales testigos del caso.

La investigación no se agotó en un libro, continuó. Al punto tal que este periodista publicó en Agencia Cadena del Sur los documentos que prueban que existió una operación de inteligencia ilegal entre la Gendarmería y Carabineros de Chile para espiar a la familia de Santiago Maldonado, intervenir el teléfono chileno que utilizaba el Brujo (ese era uno de los apodos de Santiago) y producir información sobre distintos “blancos” a investigar.

La ministra Bullrich monitoreó personalmente las tareas de espionaje de la Gendarmería llevadas adelante por Jorge Domínguez, director de Inteligencia Criminal y el comandante Rafael Antonio Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia.

Este periodista accedió al material de inteligencia a partir de una causa judicial que tramita en Chile, donde se acusa a Carabineros de “plantar pruebas” contra la comunidad mapuche de ese país.

Mientras transcurría la investigación penal por la desaparición de Maldonado, cerrada abruptamente por el juez Gustavo Lleral y ahora en instancia de apelación ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Benz y Domínguez viajaban a Esquel y Temuco para sembrar pistas falsas sobre el caso: la principal era vincular a Maldonado con una organización terrorista inexistente llamada Resistencia Ancestral Mapuche. El Gobierno nunca investigó la desaparición y muerte de Maldonado pero sí lo acusó de terrorista.

Bullrich compró todo el manual de persecución a las comunidades mapuches de Chile. Al punto tal que desde Carabineros elaboraron un documento interno y secreto, fechado el 14 de agosto de 2017, en donde quedó explicitado el grado de colaboración entre ambas fuerzas: “Intercambio de blancos de investigación en común vinculados al conflicto mapuche y subversivo; intercambio de sujetos con órdenes pendientes en ambos países, relativos al conflicto mapuche y subversivo”. Nuevamente la palabra “subversivos” para definir a un grupo político/social determinado. En la década del 70 este tipo de intercambio se denominó Plan Cóndor.

“Se puede observar el vínculo estrecho entre la Gendarmería y Carabineros en la producción de inteligencia que está prohibida por nuestra ley. Esto da la pauta de cuál es el contenido que le otorga “legitimidad” al Gobierno nacional para expandir su inteligencia a organizaciones sociales o comunidades mapuche. Es una práctica que desencadena en una violación de derechos de las comunidades que son consideradas subversivas”, sostuvo la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, ante la consulta de este periodista.

El pasado 12 de junio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) decidió denunciar a Bullrich y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad por llevar adelante un posible “plan criminal contra las comunidades mapuches”. Todo lo realizado por el Gobierno nacional en relación al caso Maldonado formaría parte de ese “plan criminal”, según la denuncia de este organismo de Derechos Humanos.

El libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” expone a cada uno de los responsables que planificaron y ejecutaron la represión sobre la Pu Lof en Resistencia Cushamen y sus encubridores.

Recuadro

La Patagonia es un territorio en disputa. Y el periodismo de investigación toma la palabra. El libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” (Acercándonos Ediciones, 2018) del escritor y periodista Sebastián Premici será presentado este domingo 16 de junio en la Feria Provincial del Libro (Complejo Cultural de Río Gallegos). El encuentro será a las 17 hs. Premici estará acompañado por la periodista Sara Delgado.

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