Se trata de la causa por la cual está preso el ex intendente de Río Turbio, luego de que el interventor de YCRT lo denunciara por el adelanto para una obra que no se hizo.

En un careo que Atanacio Pérez Osuna hizo con su hermano, el concejal Samir Zeidán dejó en evidencia que, si el interventor hubiese ejecutado el seguro de caución, probablemente no existiría delito.

Esta semana, el interventor de YCRT, Omar Zeidán y su hermano, el concejal Samir, se presentaron para declarar ante el tribunal integrado por Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, en la causa que investiga la presunta malversación de fondos destinados a una obra vial que conectaría a las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre con los accesos al yacimiento.

La Municipalidad de Río Turbio e YCRT firmaron el convenio específico de asistencia financiera para esa obra en junio de 2015, dando el puntapié inicial a la “readecuación de la avenida YCF” a la que iban a bautizar como “Avenida de los Mineros”.

Se trataba de un proyecto ambicioso que requería una gran ingeniería de varios kilómetros, que incluía rotonda y puentes, por lo que su presupuesto superaba los $ 400 millones, con financiamiento del Estado Nacional, que autorizó al municipio a entregar un anticipo que el intendente Pérez Osuna, pagó de manera parcial en tres cheques por alrededor de $ 50 millones.

Fainser nunca comenzó la obra porque no se pagó todo y como el compromiso involucraba a YCRT, en más de una ocasión, el intendente se habría comunicado con el interventor Zeidán para pedirle que diera precisiones acerca de si iban a avanzar o no con el proyecto. Más tarde, el reclamo se convirtió en carta documento, idéntica a la que también le envió Fainser al interventor.
Cuando este miércoles los hermanos Zeidán y Pérez Osuna se vieron las caras en el juicio, este tema estuvo en la centralidad del debate. El intendente detenido asegura que, si Zeidán tenía pensado no llevar adelante la obra, pudo haber ejecutado el seguro de caución, lo que hubiese permitido que el dinero del anticipo parcial volviese y, entonces, el presunto delito del que se lo acusa no existiría.

Según contó el periodista Darío Varas, que presenció la audiencia durante el careo que hubo entre el interventor Zeidán y el exintendente de Río Turbio,  quedó claro que  “Zeidán es el que no cobró la póliza de caución y, que para las defensas de los procesados, el dinero existe y está en la póliza de caución. Entonces ahí está la primer contradicción, que las pólizas de caución si están a nombre de YCRT y no a nombre del municipio, por lo tanto, quien pudo haber ejecutado era el actual interventor, Omar Zeidán”

Cuando el concejal Samir Zeidán tuvo oportunidad de ser preguntado sobre esta situación, dijo que él nunca habló con Pérez Osuna sobre el tema, algo que el exintendente desmintió de plano.

Pérez Osuna mencionó que en varias ocasiones lo habían charlado. Incluso en su despacho, porque el intendente le pedía al concejal que intercediera con su hermano interventor para que avanzara con la obra o, en su defecto, ejecutara el seguro para la restitución de los adelantos parciales.

Ese desacuerdo provocó el careo entre el concejal y el exintendente Pérez Osuna que, según el periodista, “apeló a la buena fe y la buena memoria del actual concejal para que rectifique sus dichos y diga que sí hablaron sobre la obra Fainser. En ese momento, el no rotundo del testimonio de Samir Zeidán, se convirtió en un ‘no recuerdo… si sucedió, no lo recuerdo’”.

Esto hizo que la Fiscalía, a cargo de Fabiana León, solicitara que todas las denuncias que existen contra Omar Zeidán por no ejecutar el seguro fuesen anexadas a esa causa.

Este miércoles, antes de ingresar a los tribunales, el interventor promocionó su declaración a través de una gacetilla de prensa en la que reivindicó su aporte en una causa “que se originó tras una denuncia de Zeidán, tras las auditorías internas que le solicitó el presidente Mauricio Macri y, por el caso están presos el exintendente Pérez Osuna y Julio de Vido, quien también se encuentra detenido imputado por otros hechos de corrupción”.

“Tengo por cierto y probado que Atanacio Pérez Osuna -en su calidad de interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio-, Miguel Angel Larregina -coordinador general de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio-, Juan Marcelo Vargas -asesor de la Intervención- Horacio Matías Mazu -intendente de la Municipalidad de Río Turbio- y Juan Carlos Lascurain -presidente de la firma FAINSER SA- tomaron parte, respectivamente, en la substracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, concretamente al desviar cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa FAINSER S.A., a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015”, se lee en la acusación que pesa sobre los involucrados.

Según dijo el diputado Matías Mazú, que también estuvo en la audiencia, “todo obedece a un ardid y que lo que se cuestiona es que el municipio entregó tres cheques parciales de anticipo de obra, pero nunca comenzó a ejecutarse porque no era suficiente. Por lo tanto, ellos (YCRT) pudieron ejecutar la póliza que está vigente. Atanasio se lo reclamó por carta documento y la empresa también. La póliza de caución es una garantía legal que todavía existe”.

Por otra parte, vale recordar que la acusación sobre el presunto fraude en la obra de la avenida para la Cuenca Carbonífera, se anunció a comienzos de 2017 en una conferencia de prensa que el interventor Zeidán realizó en CABA. Fue en esa oportunidad que Zeidán acusó a Romina Mercado, apoderada de Fainser, de haberse “llevado” los fondos del anticipo financiero, lo que le valió una demanda por parte de la abogada.

Algunos meses más tarde, el fiscal Carlos Stornelli resolvió pedir las acusaciones por malversación que terminaron con la detención de Pérez Osuna.

Sin embargo, los rumores sobre su detención venían desde hacía varias semanas, razón por la que Pérez Osuna le contó a FM La Cien que “si acaso lo iban a meter preso, quiero el juicio oral y público, pero también quiero el derecho a defensa como todo ciudadano, y la posibilidad de mi renuncia como intendente”.

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