El fiscal federal Carlos Stornelli anunció hoy que se presentará a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

En la causa donde se investiga si integró una supuesta red de espionaje, después de negarse a comparecer varias veces y por lo que fue declarado en rebeldía.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que el funcionario informó su decisión a la Secretaría Disciplinaria y Técnica del Ministerio Público Fiscal (MPF) y señalaron que en la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, dejaron constancia en el expediente administrativo abierto sobre Stornelli.

Stornelli, fiscal de causas resonantes -como el contrabando de armas del gobierno de Carlos Menem y los «cuadernos de las coimas» de la era kirchnerista- está acusado de integrar una supuesta red ilegal de espionaje.

En ese expediente están imputadas personas provenientes de diversos sectores, entre ellos el procesado y detenido falso abogado Marcelo D’Alessio.
Ramos Padilla citó a Stornelli seis veces y en todas las ocasiones el fiscal se negó a concurrir, desconociendo la jurisdicción y, en consecuencia, la competencia del juez en este proceso, así como el desarrollo de la instrucción del expediente.

El fiscal -que tiene la asistencia letrada del abogado Roberto Ribas- fue declarado en rebeldía y quedó expuesto a sanciones, aunque no corresponde su detención mientras tiene fueros por su cargo.

Stornelli apeló esa medida, pero la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la petición y, además, confirmó a Ramos Padilla en la causa. La Cámara Federal de Casación Penal también denegó un recurso del representante del Ministerio Público.

Las fuentes indicaron que el fiscal «informó inicialmente por vía telefónica su decisión de concurrir al juzgado de Dolores a la Secretaría Disciplinaria y Técnica» de la Procuración, dependencia a cargo de Juan Manuel Casanovas.

Según la web del MPF, entre las misiones de esa Secretaría figura «asesorar al Procurador General acerca del curso de acción frente a informes judiciales en los que se consigna que los fiscales han sido sancionados o en los que se efectúan objeciones a su desempeño».

Y, además, «instruir actuaciones administrativas tendientes a examinar la conducta de los distintos funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal».

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