El fondo buitre inglés Burford le reclama al país u$s3.000 millones por la manera en que se reestatizó la petrolera en 2012.

La compañía vale hoy menos de u$s1.900 millones. Podría complicar las negociaciones con acreedores, al peligrar el pago de las liquidaciones en EEUU.
Argentina recibió hoy un cachetazo jurídico en los tribunales de Nueva York. La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, finalmente falló en contra del reclamo del país de trasladar a Buenos Aires el juicio por la manera en que se reestatizó YPF en 2012; con lo que será en los Estados Unidos donde se dirimirá la causa. Y, si se cumple la jurisprudencia que la propia Preska aplicó hasta ayer, el caso tendría una resolución negativa para el país. Y si evoluciona con la aplicación de los intereses que reclaman los demandantes; el dinero que debería liquidar la Argentina podría subir hasta los u$s3.000 millones. Una enormidad de dinero por una demanda por el 49% de las acciones de una compañía que hoy vale, en el mejor de los casos, unos u$s1.900 millones.
La jueza dictaminó además que el próximo 19 de junio como la nueva fecha en la que las partes volverán a reunirse en su tribunal, y donde deberían procurar un acuerdo sobre la forma de liquidar el dinero; ya que en octubre de 2016 la magistrada ya había fallado a favor de los demandantes; sentencia que quedó firme en las dos apelaciones que en su momento hizo el gobierno de Mauricio Macri.

Se descarta que Argentina rechazará liquidar el dinero que se reclama y que se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ninguna de estas instancias le garantizan al país triunfar en la causa; pero le darán un tiempo imprescindible para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos.

Lo importante de una complicación judicial de este tipo, es que si Preska siguiera la jurisprudencia que en su momento mantuvo su antecesor Thomas Griesa; le podría prohibir el pago en Wall Street de las liquidaciones de deuda dentro del programa de renegociación que está encabezando el ministro Martín Guzmán. Así lo decretó el juez ya fallecido durante el "Juicio del Siglo" contra los fondos buitres, obligando al país a llegar a un "default técnico" en 2014 por decidirse, para evitar embargos, liquidar los vencimientos de deuda en Buenos Aires durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El fallo de Preska se conoció este viernes a las 11 horas de Buenos Aires; y, no por inesperado, no terminó de preocupar al gobierno argentino. Ahora desde la procuración del Tesoro que maneja Carlos Zannini se tendrá que elaborar la estrategia judicial para continuar la marcha del caso, que inevitablemente tendrá resolución en Nueva York.

El principal demandante de la causa es el fondo buitre Burford, que está por cerrar el mejor negocio de su historia. De hecho, a minutos de haberse conocido el fallo de Preska, sus acciones en la bolsa de Londres comenzaron a subir hasta 8%.

Originalmente el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el del YPF, había comprado el 70% de la causa; y actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

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