Abogados afirman además que es “inconstitucional”.

 Critican además que se las tipifique como un “delito penal” con penas de 15 días a dos años de prisión. Algunas provincias habían habilitado las reuniones familiares en las últimas semanas, pero el nuevo decreto presidencial las prohibió.
El decreto que extiende la cuarentena por el coronavirus? hasta el 16 de agosto sumó la prohibición en todo el país de las reuniones sociales. Este agregado, que obliga a dar marcha atrás a algunas provincias que ya habían recuperado ese tipo de encuentros, abrió la polémica.

El periodista Marcelo Longobardi consideró “inaceptable que se regule la relación entre padres e hijos”. Por su parte, el abogado Eduardo Gerome también se manifestó en contra mientras que el letrado Daniel Sabsay dijo que es "inconstitucional". En tanto, expertos en materia de salud aseguran que, en este momento de la pandemia, hay que evitar las reuniones, especialmente en espacios cerrados.

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En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 641/2020, publicado en el Boletín Oficial el domingo a última hora, el Gobierno prohibió los "eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente". Además, ratificó el impedimento de "eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas".

Aquel que incumpla la norma "deberá ser denunciado por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal", señala el DNU.

"Yo estoy de acuerdo con que prohíban los eventos deportivos, culturales y religiosos. Es una obviedad y no se puede hacer. Ahora, que un decreto regule lo que pasa dentro de las casas de las personas, cualquiera sea el número de personas, es inaceptable. Conmigo no cuenten", aseguró Longobardi por Radio Mitre.

Y agregó: “Se trata de violaciones a la libertad individual que son muy graves. Cualquier juez diría que es ilegal. No podés amenazar a una persona con dos años de cárcel porque su hijo vaya a su casa. ¿Qué es esto, Corea del Norte?".

Consultado sobre este tema, el abogado Eduardo Gerome criticó la prohibición. “Me parece un avance indebido e innecesario sobre nuestras libertades. Las reuniones familiares son positivas para la salud anímica y mental, quitar esa posibilidad es condenar a muchas personas a cuadros de depresión”, sostiene Gerome.

Para el letrado, el Gobierno debe dar información y pautas, pero no tomar decisiones al respecto. “Incluso no me parece mal que limite la cantidad de personas que participen de una reunión. Sin embargo, no puede regular de una manera tan extrema”, insiste.

Según el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, “el problema no es la prohibición sino que esté vinculada con un tipo de delito penal”. “Se está asociando la prohibición con el artículo 205 del Código Penal sobre la comisión de un delito contra la salud. Esto es inconstitucional porque la Constitución prohíbe al Presidente crear un DNU en materia penal. Además, el principio de legalidad dice que los delitos penales solo se pueden crear por ley”, advierte Sabsay.

A su vez, explica que en materia penal no se admite la analogía. “Esto quiere decir que el hecho que constituye un delito tiene que estar especificado en el Código Penal: una cosa es prohibir una fiesta o una reunión familiar y otra es decir que la fiesta constituye un delito”, detalla.

El infectólogo Eduardo López asegura que la medida debería “entenderse y respetarse” y que tiene como objetivo prevenir el contagio de coronavirus. “Fue una recomendación que dimos desde el comité de expertos, en esta etapa de la pandemia es importante evitar las reuniones, especialmente en ambientes cerrados. Esto es lo que aconsejamos. Cómo se implementa es un tema que nos excede”, afirma López.

“En las reuniones familiares se incrementan las posibilidades de contagio. La ventilación en invierno no suele ser buena, en la mesa no se respeta el distanciamiento social ni tampoco se usa el barbijo”, señala el infectólogo del Hospital Gutiérrez, sobre situaciones cotidianas que derivan en la propagación del virus.

Entre los elementos más preocupantes, se refiere a “la presencia en esos encuentros de adultos mayores, que son más propensos a cursar cuadros graves”. Este lunes por la mañana la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió al DNU. Dijo que “el aumento (de casos) que se ve en las provincias es importante” y que, por eso, “en esta nueva normativa y hasta el 16 de agosto, se van a suspender las reuniones sociales en todo el territorio nacional''. Gobernadores del interior del país -como Jorge Capitanich y Juan Manzur- avalaron la medida.

"Está comprobado epidemiológicamente que en las reuniones sociales se producen la mayor cantidad de contagios y por eso hay que limitarlas", señaló Manzur al explicar la medida en Tucumán. En algunas de las provincias que ya habían habilitado los encuentros sociales, las polémica se instaló con fuerza. Y se dieron situaciones curiosas. Por ejemplo, en Mendoza, donde se suspendieron las reuniones familiares pero seguirán estando habilitados cafés, restaurantes y turismo interno.

La ministra de Salud de la provincia cuyana, Ana María Nadal, dijo que en las reuniones familiares es difícil establecer el número de personas que se juntan. "Cuesta el seguimiento porque no existe registro", explicó. Y esa es la razón por la que es posible reunirse en un restaurante, donde cada cliente completa una declaración jurada con sus datos, y no en un ámbito privado.

La vuelta atrás implica un golpe anímico para la población, en especial las personas de bajos recursos que no pueden pagar el costo de una comida en un restaurante, sumado a la desazón de empresarios que se quejan porque son medidas que atentan contra las libertades individuales.

"Lamentablemente todos adentro. Otra vez paralizar la economía. Mayor daño a las empresas que están con dificultad para sobrevivir y más daño a la salud mental de las familias”, planteó Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Y cuestionó a la dirigencia porque “no llegan a entender que tenemos que aprender a convivir con la pandemia”.

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