En la causa contra Mauricio Macri se incluyeron ahora las presiones al juez Eduardo Farah por su intervención en la causa Oil Combustibles.


Los diputados Martín Ignacio Soria, Rodolfo Tailhade, y Eduardo Valdez ampliaron una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y su mesa judicial por supuestas presiones contra jueces. Se trata de la causa a cargo actualmente de María Eugenia Capuchetti, que cobró impulso con el testimonio de la camarista de Casación Ana María Figueroa, quien denunció “visitas” de funcionarios de la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos, interesándose por la causa del Memorandum con Irán. Luego otros magistrados del fuero laboral se sumaron a las denuncias por supuestos “aprietes”.


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Ahora se pide incorporar el testimonio que dio el juez Eduardo Farah en el Senado, quien explicó la campaña política y mediática que sufrió por el contenido de una decisión judicial, “contraria a los intereses político-sectoriales del gobierno de turno”, según consigna la denuncia.

Farah señaló incluso la participación pública de Ricardo Gil Lavedra (miembro de Cambiemos y, en ese entonces, representante jurídico de la AFIP) y del propio ex presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Los diputados consignaron que “el objetivo de esas presiones, tal como acostumbrara la mesa judicial, era que el Poder Judicial utilizara políticamente sus investigaciones para perseguir a funcionarios, empresarios o ciudadanos que ellos consideraran opositores a sus intereses”.

En el caso de Farah, “se trataba de mantener las prisiones preventivas de los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de medios periodísticos independientes, que el macrismo pretendía poner bajo su control para acallar las voces críticas a su gobierno”.

Esta situación fue denunciada por Farah el 4 de septiembre, cuando expuso ante la Comisión del Acuerdos del Senado de la Nación. Allí narró las presiones que sufrió antes y después de tener que decidir sobre las prisiones preventivas que pesaban sobre López y De Sousa en la causa de “Oil Combustibles”.

En particular, manifestó que luego de dictaminar en contra de esas prisiones preventivas, el presidente Macri dijo “esto no es lo que acordamos”, pese a que él no había acordado "nada ni con Macri ni con nadie".

“Es el contenido de un fallo, que luego incluso sería ratificado en otras instancias, lo que generó la persecución del Poder Ejecutivo hacia un miembro del Poder Judicial”, expresa la denuncia.

La campaña de desprestigio proveniente de la cabeza del Poder Ejecutivo llevó a Farah a tener que pedir su propio traslado hacia la Justicia de San Martín. Esa fue la única forma de frenar un camino cuyo final ya conocía, porque era el que había sufrido su ex compañero de Cámara, Eduardo Freiler, que terminó destituído.

"De una manera u otra, el macrismo logró su objetivo de remover a Farah de la Cámara Federal, en una muestra más de sus sistemáticas maniobras para dominar el Poder Judicial”, concluyeron los diputados.

En la causa están denunciados José Torello, jefe de asesores del entonces presidente Macri, junto a Germán Garavano, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Clusellas, ex secretario de Legal y Técnica, Fabián Rodríguez Simón, asesor y abogado de Macri, Juan Bautista Mahiques ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Bernardo Saravia Frías, último procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Gustavo Arribas, extitular de la AFI y Daniel Angelici.

Remarcaron en la presentación “la fluidez del triunvirato Macri-Peña-Arribas como cúpula de la 'mesa judicial'. Insistimos: Macri dirigía, Peña coordinaba y Arribas ejecutaba. La puesta en práctica de las decisiones de las ya descriptas reuniones de “coordinación” convocadas por Marcos Peña eran, la mayoría de las veces, llevadas a cabo por los agentes de la AFI dirigida por Arribas, reconvertida en el cuerpo operativo de la mesa judicial”.

Un “alfil clave” en este esquema es Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, “quien ejecutaba las órdenes de la mesa judicial”.

Los denunciantes remitieron al informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que consta en otra causa, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita querellante: De Sousa, Carlos Fabián y otro”, de donde surgiría un profuso entrecruzamiento de llamadas de la mesa judicial.

El escrito sigue con nombres y apellidos. Destaca un “entramado entre Rodríguez Simón, como representante de la mesa judicial; Martín Irurzun, el camarista y director de la oficina de escuchas (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) que el macrismo, vía decreto, puso en cabeza de la CSJN; y Carlos Rosenkrantz, el presidente de la CSJN, no es más que otra muestra del funcionamiento de esta mesa judicial, con múltiples resabios”.

Solicitaron a la jueza que se investigue en profundidad estas “reuniones de coordinación” de la mesa judicial M, que corroborarían la existencia de un entramado criminal para organizar el aceitado sistema de presiones sobre el sistema de justicia”.

En tanto la defensa de Amado Boudou, ejercida por el abogado Alejandro Rua se sumó con otra presentación a la causa poniendo el foco en los teléfonos encriptados de la AFI macrista que habrían sido distribuidos entre los operadores de la mesa judicial.

“Se ha aportado ya el listado de los teléfonos encriptados que la Agencia Federal de Inteligencia pusiera, en cuanto aquí nos interesa, a disposición de los integrantes de la asociación ilícita “”Mesa Judicial”, para que tras la intervención que corresponda dar al agente fiscal se concreten las medidas con destino develar los registros de su uso por los investigados”, requirió el abogado.

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